Francisco Ricardez Campos

Expediente 1098/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1098/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
23/08/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Tabasco
  • Francisco Ricardez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 8.-RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Ricardez Campos, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  2. Principal

    MESA 8.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, por sí y en representación del Actuario de su adscripción, autoridades señaladas como responsables, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del auto de ocho de agosto de la presente anualidad, emitido en el expediente laboral 574/2015, de su índice; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por el promovente, en su libelo de amparo, consistente en los informes justificados que rindieran las autoridades responsables, hasta en tanto los mismos obraran en autos y, en virtud de lo acordado previamente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, dicha probanza se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    MESA 8.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos el escrito remitido vía interconexión por GERARDO ARTURO GUZMAN GARCÍA, APODERADO LEGAL DEL QUEJOSO FRANCISCO RICARDEZ CAMPOS, mediante el cual solicita se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, con el nombre de usuario: "GERARDOGUZMAN". En ese contexto, se autoriza dicha consulta en términos de lo establecido en el instrumento 1/2013, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, (FIREL) y al expediente electrónico publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, que establece las disposiciones generales a efecto de regular la creación, otorgamiento y uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); así como, del artículo 77, del diverso conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído.

  4. Principal

    MESA 8.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito aclaratorio de demanda enviado vía interconexión, se tiene a GERARDO ARTURO GUZMÁN GARCÍA, APODERADO LEGAL DE FRANCISCO RICARDEZ CAMPOS, desahogando la prevención que se le formuló en proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, esto es; bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el documento electrónico con el que acredita su personalidad como apoderado legal de Francisco Ricardez Campos, es copia íntegra e inalterada del documento impreso original consistente en la carta poder de once de julio de dos mil diecinueve; por lo que acreditada dicha personalidad se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la carta poder de once de julio del presente año. Por lo antes expuesto, se le tiene solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 36 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORMEJUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguiente al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCEROS INTERESADOS Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar a los órganos descentralizados que señala como terceros interesados, dada la naturaleza de acto que reclama la parte quejosa, esto es, un acto omisivo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizado a la persona que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente de mérito, ofreciendo como pruebas en el presente asunto la documental que anexa a su escrito de demanda, la presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones, probanzas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a los informes justificados que rindan las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto obren en autos dichos informes. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo.

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