Francisco Reza Rojas

Expediente 702/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
702/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Reza Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, según los artículos 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 702/2018-VI, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. En escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante la Quinta Sala Penal Regional en ciudad Juárez, Chihuahua, ******* promovió demanda de amparo directo. Mediante oficio 926/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, recibido el catorce de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día, por razón de turno y con motivo de la resolución de incompetencia pronunciada en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, donde solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional en Ciudad Juárez, consistente en resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada en el toca de casación *******, relativa al juicio oral *******, instruido contra el solicitante del amparo. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 702/2018-VI; sin que se haya solicitado el informe justificado de la autoridad responsable en virtud de que forma parte de los anexos que remitió el citado órgano judicial; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público que intervino en el juicio oral familiar ******* y al agente del Ministerio Púbico que intervino en el toca de casación *******; así como a los terceros interesados. En el mismo auto de radicación, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida y, finalmente, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el acto que reclama la parte quejosa lo constituye:  La resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Juárez, en el toca de casación *******, en la que se declaró la nulidad de la sentencia absolutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, del Tribunal Oral, integrado por la juzgadora *******; y se ordenó la reposición de la audiencia de debate de juicio oral, a efecto de que un juzgador diverso asuma de forma directa las pruebas que habrán de desahogarse y dicte la sentencia que corresponda. Para la fijación del acto, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Juárez, aceptó haber emitido la resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dentro del toca de casación *******, de su índice. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió registro de audio y video en cinco discos versátiles digitales (DVD) de la audiencia del tribunal de juicio oral ******* y un disco compacto relacionado con el toca de casación *******; así como, copias certificadas de las constancias que integran el juicio oral y el toca de casación, antes mencionados. Probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. La valoración asignada a la documental tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Mientras que las videograbaciones tienen validez, al ser la herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, ello según lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, septiembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Constitucional, que se visualiza en la página 125, con registro 2015127, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Igualmente, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo consistente en la resolución de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, emitido en el toca de casación *******, en la que se declaró la nulidad de la sentencia absolutoria de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Oral, integrado por la juzgadora *******; y se ordenó la reposición de la audiencia de debate de juicio oral, a efecto de que un juzgador diverso asuma de forma directa las pruebas que habrán de desahogarse y dicte la sentencia que corresponda. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Precisado lo anterior, quien aquí resuelve considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en los que, en lo que interesa, establecen: ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. En efecto, del análisis integral del ocurso de amparo, se logra conocer que la parte quejosa reprocha de la autoridad que designa como responsable lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, le reclamo lo que constituye la resolución del toca *******, formado con motivo del recurso de casación interpuesto por el agente del Ministerio Público Lic. ******* y la acusador coadyuvante LIC. *******, en contra de la sentencia absolutoria a favor de *******, por el delito de contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, sentencia dictada por la LIC. *******, Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento, del distrito Judicial bravos el 20 de febrero del 2018. (sic)." De lo anterior, así como de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad en el ocurso de demanda, se logra conocer que: - En veintitrés de mayo de dos mil diecisiete se dictó auto de apertura a juicio oral, en relación a la causa penal *******, instruida en contra de ******* por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias en perjuicio de ******* y el menor de iniciales *******. - El veinte de febrero de dos mil dieciocho, la licenciada *******, Jueza Oral Penal, dictó sentencia en la que absolvió al acusado, del delito antes mencionado. - Inconforme con tal determinación, el agente del Ministerio Público, así como la representante legal de las víctimas, licenciada *******, interpusieron recurso de casación en contra de dicha resolución y expresaron agravios. - Posteriormente, el Tribunal de Casación substanció la alzada correspondiente y en diecinueve de julio de dos mil dieciocho emitió la resolución correspondiente, declarando la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Oral, en lo relativo a la absolución del acusado por el delito que se le instruye y se ordenó la reposición de la audiencia de debate de juicio oral, a efecto de que un juez diverso asuma de forma directa las pruebas que habrán de desahogarse y dicte la sentencia correspondiente. Determinación esta última la cual constituye al acto reclamado en este juicio. Establecido lo anterior, es dable concluir, que dichos actos no pueden considerarse como de aquellos cometidos dentro de juicio que causan a las personas o las cosas imposible reparación, ya que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo. En efecto, la evolución jurisprudencial del concepto de "acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación" ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar por tales a los que: afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales (verbigracia: vida, libertad, integridad personal, propiedad), ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Ahora, del aludido artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, emerge además, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues de conformidad con el mismo, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el acto que se reclame tenga una ejecución de imposible reparación. Al respecto, debe sostenerse que los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación y por ende son susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución al agraviado en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidos como garantías individuales, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Resulta aplicable la jurisprudencia número IV.2o. J/13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página quinientos treinta y ocho, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Bajo este entorno, es evidente que el acto que en esta vía se reprocha, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Se concluye así, porque si bien es cierto que en la resolución dictada por la Magistrada responsable se ordena la reposición del procedimiento porque al analizar el registro audiovisual remitido relativo a la audiencia de juicio oral, advirtió que se consideraba fundada la queja, a la luz de la racionalidad con la cual la juzgadora valoró las pruebas y que encontró defectos en la justificación de la valoración de las mismas. Las razones de la jueza para absolver al sentenciado, obedecieron a su convicción de que la conducta era atípica, al no demostrarse el incumplimiento indebido de obligaciones alimentarias, ni la desobediencia a la determinación del juez familiar. Pero la Magistrada resolvió que existía deficiencia argumentativa, es decir, encontró defectos en la actividad para justificar la valoración de los medios de prueba, en específico lo declarado por el testigo 1, así como los testimonios 3, 4 y 5; testimoniales incorporadas a la audiencia de juicio oral, en las que la juez no estableció las razones por las que se les negó valor probatorio, ni señaló cuáles fueron las inconsistencias en qué incurrieron, no explicó por qué consideraba que los dichos en mención no poseen validez demostrativa, o por qué se estimaron subalternos y contradictorios. Además, en lo que se refiere a la valoración del testigo 2, determinó que fue incorrecto exigirle que interpusiera su propia querella en contra del acusado, dado que en ese momento ya contaba con la mayoría de edad, y por ese motivo no se encontraba satisfecho el requisito de procedibilidad; así como que no puede entenderse como prueba exculpante o un cabal cumplimiento a la obligación alimentaria, a las manifestaciones del testigo, en el sentido de que el acusado le había suministrado diversas cantidades de dinero; e igualmente incorrecta fue la ponderación del testimonio, ya que la funcionaria judicial soslayó el hecho de que el referido declarante sufre problemas del habla y era ese el motivo por el que denotaba nerviosismo e inseguridad. Razonamientos equivocados por los que la juez determinó que el acusado cumplió con su obligación alimentaria porque suministró a sus hijos menores de edad en la época, cantidades esporádicas. Como también fue equívoco, que la juez desestimara la serie de documentales aportada durante la audiencia, consistente en recibos de pago y facturas, al exigir que debieran ser autenticadas por sus emisores, conforme a los lineamientos procesales; dejando de lado el hecho que el elemento fáctico era demostrar los gastos realizados para el sostén de los menores víctimas. Lo relatado, fueron los motivos por los que la Magistrada arribó a la conclusión de que se trataba de situaciones en las que la juez natural -que es la única que percibió de forma inmediata el desahogo de las pruebas- al justificar el porque la credibilidad de los testigos, lo hizo por razones que no se ajustan a los principios de la lógica, de la experiencia o del conocimiento científico. Lo anterior, porque la Sala de Casación no percibió de manera inmediata la recepción de las pruebas, lo que el impedía hacer una revaloración o una valoración paralela de las mismas. En consecuencia, ante la imposibilidad de emitir una sentencia de reemplazo, declaró la nulidad de la sentencia de veinte de febrero de dos mil dieciocho, en lo relativo a la absolución del acusado por el delito contra las obligaciones de asistencia alimentaria y ordenó la reposición de la audiencia de debate de juicio oral, a efecto de que un juzgador diverso asuma de forma directa las pruebas que habrán de desahogarse y dicte la sentencia que corresponda. Precisado lo anterior, como se adelantó, quien aquí resuelve estima que la resolución impugnada en esta vía de amparo no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues aun cuando ordenó la reposición de la audiencia de debate de juicio oral con las precisiones aludidas por la responsable, lo cierto es que esa etapa en el nuevo sistema del procedimiento penal, tiene por objeto las decisión de las cuestiones esenciales del proceso; se realiza sobre la base de la acusación en el que se debe asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Ello es así, porque la parte quejosa aduce que la resolución impugnada contiene una ejecución de imposible reparación y vulnera derechos sustantivos fundamentales, ya que aceptar la resolución sería un injusta restricción al derecho constitucional del debido proceso, ya que interpreta incorrectamente los preceptos que reclama violados, violenta el principio de igualdad procesal y restringe el acceso a la justicia del quejoso; es por eso que dicha resolución causa un perjuicio irreparable atendiendo a los parámetros del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. No obstante, si bien la reposición del audiencia de debate a juicio oral, ordenada por la alzada podría conllevar el desahogo de pruebas a favor o en contra del acusado, no es dable considerarla como de ejecución de imposible reparación; dicho de otra manera, que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso reclamable en el juicio de amparo indirecto o bi-instancial. Lo anterior es así, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja plasmada su interpretación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia común, página 39, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y tratados internacionales de los que México es parte, el Pleno expresó en jurisprudencia, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte". Señaló, que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, por más que el asunto sea de naturaleza penal y se lleguen a desahogar en la cuarta y última etapa del proceso, puesto que es hasta el dictado de la sentencia donde los integrantes del juicio oral las analizarán y, en su caso, podrán o no otorgarles valor a las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes. Por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de la Materia, puede quedar subsanada con posterioridad, si la resolución que ponga fin a ese juicio, resulta finalmente favorable a sus intereses. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 17/91 de la Octava Época, visible en Tomo VII, mayo de 1991, página 25, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente controvertido, atento a que el acto reclamado no tiene de momento sobre el impetrante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éste no le afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Apoya lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 303, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000, que prescribe: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. Entonces, la determinación de reponer la aludida diligencia y la orden de celebrar un nuevo juicio en el asunto que se estudia, implica repetir el desahogo de las pruebas y la oportunidad de debatir pareciere contraponerse a diversas prerrogativas constitucionales, como lo son la garantía de administración de justicia pronta y expedita, pero lo cierto es que dichos efectos no trastornan los derechos del reo, atendiendo a que el acusado no se encuentra bajo la imposición de una medida cautelar restrictiva de su libertad personal. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto los derechos sustantivos protegidos por nuestra carta magna, que no pueden ser reparados mediante el dictado de algún fallo definitivo, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, los que, desde luego, surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento, como lo es el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas, por ejemplo, son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los particulares, pues, por su naturaleza legal, limitan los derechos relativos a la libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, cuyo goce puede tener el propio gobernado al margen de cualquier juicio o procedimiento y que, sin duda, no serían susceptibles de restituirse aunque se pronunciara fallo favorable al afectado, ya que pese a que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, resultaría imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó durante los efectos de los actos de que se trata. Asimismo, las violaciones procesales relevantes, se entienden éstas cuando afectan en grado predominante o superior a una de las partes, y en el caso al ser el acto reclamado reposición de procedimientos, se entenderían como tales las consecuencia de dicha reposición como lo es que se nulifiquen actuaciones procesales ya realizadas para el desahogo de pruebas y que en el nuevo juicio sea imposible que se desahogaren de vuelta, o bien que existiera un embargo o garantía en favor del gobernado, la cual quedará sin efectos entre otras. Apoya lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, de enero de 2005, Tomo XXI, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Luego, si en el caso los actos reclamados en el juicio de amparo, sólo se relacionan con derechos adjetivos y no sustantivos, así como tampoco se desprende que se genere con el mismo una violación procesal relevante, pues de las constancias de autos no se desprenden actuaciones que al quedar inexistentes le generen un perjuicio predominante, se insiste, en este asunto no se está en presencia de un acto de imposible reparación. Por último, se debe precisar que el eventual retardo en la administración de justicia expedita que establece el artículo 17 Constitucional, que pudiera entrañar la resolución reclamada, no justifica la procedencia del presente juicio de garantías, toda vez que la reposición del procedimiento se decretó a fin de valorar pruebas; de tal suerte que dicha reposición sólo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, febrero de 2008, Tomo XXVII, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Criterios que resultan aplicables al no oponerse a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Entonces, el acto reclamado no es de aquéllos que generan un perjuicio de imposible reparación, que a manera de ejemplo son, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., Lo anterior, pues en los primeros dos casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero la libertad personal, en el cuarto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto la libertad de trabajo, y en el sexto la de tránsito, sin que ninguna de estas afectaciones se pueda reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, se concluye que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Luego, si en el caso los actos reclamados en el juicio de amparo, sólo se relacionan con derechos adjetivos y no sustantivos, se insiste, en este asunto no se está en presencia de un acto de imposible reparación . En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie la hipótesis prevista en el artículo 62, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer la demanda de garantías que se analiza. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, 64, 65, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******* en los términos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, señalada para la fecha en que se actúa, en virtud de que la Asesora Jurídica de la representante legal del menor tercero interesado, ** fue emplazada a juicio el trece de los actuales, por lo que desde esa data a la fecha no median los ocho días necesarios para que se imponga de los autos y ocurra a su defensa. Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del dos de enero de dos mil diecinueve, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado. Finalmente, se ordena agregar a los autos el escrito presentado por la la licenciada María Luisa Sánchez Pérez, a fin de que conste como legalmente corresponda; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA Y EMPLAZA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE DE ADMISION DE DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA, SE ORDENA EMPLAZAR A JUCIO AL TERCERO INETRESADO Y SE LE HACE SABER QUE SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

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