Francisco René López Balderas
Expediente 1054/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco René López Balderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia...Notifíquese.
- Principal
Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo1054/2020; promovido por Francisco Rene López Balderas; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, Francisco Rene López Balderas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLESSENTIDO DE INFORMEFECHA DEL AUTO EN QUE SE RECIBIÓ EL INFORME DELEGACIÓN ESTATAL DE TAMAULIPAS, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NIEGA; Y REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES QUE CONLLEVAN A LA CERTEZA DEL ACTO cinco y treinta de noviembre de 2020. ACTO RECLAMADO ".IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: a).- .con la indebida aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión número 1173226, otorgada por la Delegación Estatal en Tamaulipas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de expediente 1054/2020; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta condigna; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que el acto reclamado se atribuye a autoridades con domicilio en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Siguiendo los lineamientos que el juzgador de amparo debe observar en términos de lo considerado por el Pleno de nuestro Alto Tribunal, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al enunciar los actos reclamados. Así, del análisis del escrito de demanda en su integridad, y constancias de autos que contienen los datos y elementos que lo conforman, se pone de manifiesto que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable señalada en el resultando primero, lo siguiente: El ajuste a su pensión mensual de jubilación con registro 1173226, otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En efecto, pues del análisis integral de la demanda de amparo, el quejoso refiere -en síntesis- que reclama de la autoridad responsable la indebida aplicación de la Unidad y medida de Actualización diarias a su pensión mensual de jubilación, con registro 1173226, otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que aduce es violatorio de sus derechos humanos, ya que al momento en que se le otorgó la pensión, fue con los salarios mínimos y no Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que se le aplica una ley de manera retroactiva, ocasionando una disminución en el monto de su pensión mensual, como refiere lo acredita con los talones o recibos de pago que exhibió. Agrega que de la revisión al historial de incrementos que ha sufrido la pensión que actualmente disfruta, se ha percatado que los incrementos que conforme a la ley tiene derecho, no le han sido otorgados conforme a los procedimientos legales aplicables, ni tampoco a la cuantía correspondiente, lo que ha generado que actualmente la pensión que se le otorga sea en una cantidad menor a la que tiene derecho. Por tanto expone, la evolución de su pensión no se ajusta a derecho, generándose a su favor diferencias que solicita sean reintegradas con las actualizaciones y/o accesorios que en su caso procedan. De ahí, que sea inconcuso que el acto destacado lo es el ajuste a su pensión mensual de jubilación con registro 1173226, otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DE INFORME FECHA DEL AUTO EN QUE SE RECIBIÓ EL INFORME DELEGACIÓN ESTATAL DE TAMAULIPAS, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NIEGA; Y REALIZA DIVERSAS MANIFESTACIONES QUE CONLLEVAN A LA CERTEZA DEL ACTO cinco y treinta de noviembre de 2020. Al rendir su informe, el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, en representación de la autoridad responsable perteneciente a dicho Instituto, si bien negó el acto que se le atribuye, también lo es que, realizó diversas manifestaciones que conllevan su certeza. Pues, informó que la parte aquí quejosa goza de un beneficio pensionario por jubilación la cual le fue asignada con el número de pensión 1173226, a partir del uno de enero de dos mil once; que la cuota diaria inicial asignada es por la cantidad $598.20 y una cuota mensual actual de $24,881.10. Lo que además se corrobora, con las copias certificadas de diversas actuaciones remitidas por la autoridad administrativa, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, al ser expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Así como, con las documentales ofrecidas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, no objetadas por la autoridad. CUARTO. Causas de improcedencia. Ahora bien, por tratarse de una cuestión de estudio preferente y de orden público, en el caso se analizará la procedencia del juicio por así disponerlo expresamente el artículo 62, de la Ley de Amparo. Como se dijo, la parte quejosa reclama el ajuste a su pensión mensual de jubilación con registro 1173226, otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sobre el particular, se advierte -y como también lo hace valer la autoridad responsable- se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para corroborar lo anterior, resulta pertinente reproducir lo que disponen los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, tal como a continuación se indica: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. a) Acto de Autoridad administrativa. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que por su naturaleza es de carácter administrativa, ya que no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. b) Procedencia de un medio ordinario de defensa. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. De la lectura del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: ".Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;". Del precepto legal en comento, se obtiene que es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra las resoluciones sobre pensiones civiles emitidas con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese sentido, al reclamarse en el presente asunto lo concerniente al ajuste a la pensión mensual de jubilación con registro 1173226, otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se prevé el medio de defensa ordinario, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese sentido, el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debió agotar de manera previa a la promoción del juicio de amparo indirecto, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado -como se verá en el siguiente apartado-, por lo que, es inconcuso que la parte quejosa previamente a promover el juicio de amparo, debió agotar el referido juicio, para así observar el principio de definitividad. Apoya ello, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en la página 326, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, registro: 177279, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". Así como por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 988, Décima Época, registro: 2003874, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo". c) Igualdad de requisitos para conceder la suspensión. Por otra parte, del artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en la Ley de Amparo, lo que refuerza que el acto carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." d) Excepciones al Principio. En atención al cuarto punto, debe decirse, contrario a lo afirmado por el promovente, que tampoco la parte quejosa se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, esto no acontece en el asunto que se analiza. Lo anterior es así, pues si bien aduce una vulneración al artículo 14 Constitucional, al aplicarse a su pensión por jubilación de forma retroactiva la figura jurídica denominada Unidad de Medida Actualizada (UMA), también lo es que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que alega vicios de legalidad que a su juicio ostenta el acto reclamado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución, por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria pronunciarse en relación con dichas violaciones. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega el quejoso pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Sobre esa base, se concluye que la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Es pertinente también señalar que el promovente no se encuentra en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, pues no es tercera extraña, y tampoco se está ante la presencia de ningún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de aquellos que afecten la libertad personal de la quejosa fuera de procedimiento. En mérito de lo expuesto, al advertirse de autos que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad previo a impugnar en la presente vía de amparo el acto destacado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y debe decretarse el SOBRESEIMIENTO de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada legislación. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Francisco Rene López Balderas, contra el acto y autoridad señalada en el considerando segundo, de conformidad con los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, actuando con el secretario Pablo Hernández Montiel, que autoriza y da fe.
- Principal
En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos suspendidos por el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, por la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; reanudación que se llevará a cabo con base en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020 del citado órgano colegiado. Por tanto, visto el estado de autos del expediente en que se actúa, revela que la audiencia constitucional se encontraba señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, fecha que quedó comprendida dentro del lapso en el cual no corrieron términos procesales; por lo que, PROCEDE REANUDAR EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE SUMARIO en el punto en que quedaron pausados. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la inteligencia de que la misma, como se estableció en diverso auto y bajo los lineamientos allí descritos, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. De igual forma, se les hace de su conocimiento, que la reanudación de los plazos opera hasta que en tanto se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con la fracción II del artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 ya citado. Por otro lado, en caso de que aún no lo hayan solicitado las partes, o proporcionado un correo electrónico, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General, se les invita que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente. Se ordena la notificación del presente proveído al Fiscal de la Federación Titular de la Agencia en Materia de Amparo Adscrito a este juzgado a través del correo electrónico rafael.desantillana@pgr.gob.mx. De igual forma, la notificación encomendada deberá llevarse a cabo aún en días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable de manera física o por correo electrónico a quienes lo hayan designado; debiéndose privilegiar los medios electrónicos para tal efecto, en términos del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica ISSSTE en Tamaulipas, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Ténganse como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que se indican en el informe que se provee, en términos del artículo 9 de la Ley de la Materia. Notifíquese.
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