Francisco Renata Diego

Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
612/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Renata Diego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se les tiene consentido dicho acuerdo.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de junio de dos mil veintitrés Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informando el acatamiento al fallo protector; ello, a través del oficio 28/2023, recibido en este juzgado el doce de enero de dos mil veintitrés, al cual adjuntó copia con firmas autógrafas del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, con las que a su criterio, se justifica el cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó a la parte quejosa vía electrónica el catorce de febrero de la presente anualidad y al tercero interesado en la misma fecha mediante oficio, sin que a la fecha hayan desahogado la vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "A) De manera inmediata, acuerde la petición realizada por la parte quejosa el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. B) Remita las constancias con las que acredite el cumplimiento a lo ordena o en el presente fallo." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 28/2023, recibido en este juzgado el doce de enero de dos mil veintitrés, adjuntó copia certificada del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 196/2014. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Ahora, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: "- - - Chilpancingo, Guerrero, dieciocho de noviembre del año dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La C. Licenciada Martha Morales Pablo, Secretaria de Acuerdos habilitada, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, tiene por recibidos los escritos ante este órgano Laboral los días diecisiete y dieciocho de enero, trece de marzo, veinticuatro de mayo y cuatro de diciembre todos del año dos mil diecinueve, veintiuno de junio del año dos mil veintidós, signados todos por la parte actora, dentro del presente juicio Laboral Numero 196/2014 promovido por el C. FRANCISCO RETANA DIEGO en contra del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. Con que la secretaria da cuenta, se acuerda: agréguense los escritos de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a los tres primeros escritos, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en autos. Por cuanto hace al cuarto escrito, expídansele al promovente copias simples del expediente laboral en que se actúa, por a convenir a sus propios intereses. En atención a los dos últimos escritos, téngasele al promovente por solicitando la ejecución del laudo dictado dentro de este juicio, de fecha trece de noviembre del año dos mil diecinueve, y toda vez que de autos se observa que ha quedado firme ejecutoriado el mismo, por consiguiente, se ordena continuar con el procedimiento en su etapa correspondiente, en virtud de lo anterior, y toda vez que se condena a la demandada SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, a reinstalar al actor, así como a cubrir el pago de otras prestaciones, por lo que este Tribunal procede primeramente a señalar fecha para que tenga verificativo la reinstalación del C. FRANCISCO RETANA DIEGO, en los mismos términos ordenados en el laudo ante mencionado, la cual se celebrara a las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES; por lo que se comisiona al actuario para que acompañado de la parte actora se constituya en el domicilio del demandado, donde haya sido la última fuente de trabajo del actor, y lleve a cabo dicha diligencia, con el apercibimiento para el actor que de no comparecer el día y hora fijada en el presente auto se tendrá por terminada la relación laboral con el demandado, lo anterior de acuerdo con lo establecido por el artículo 948 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por cuanto hace a la demandada en caso de negarse a cumplir con la reinstalación, se le aplicara la medida de apremio establecida en el artículo 125 de la Ley 248 del Estado. Por otra parte con fundamento en el artículo 128 de la Ley antes citada se procede a dictar AUTO DE EJECUCION del laudo de fecha antes mencionada, por la cantidad de $1,163,988.00 PESOS (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N), dicha cantidad es salvo error u omisión de carácter aritmético que pudiese existir al momento de cuantificarse las cantidades, mismas que comprenden las prestaciones siguientes: la cantidad de $843,200.00 pesos, por concepto de 2,108 días de salarios caídos generados desde la fecha del despido a la fecha de la notificación del laudo ejecutoriado; $24,000.00 pesos, por concepto de 60 días de vacaciones, por el último año de relación laboral, $6,000.00 pesos, por concepto de 15 días de prima vacacional, por el último año de relación laboral, $48,000.00 pesos, por concepto de diferencias salariales a razón de $2,000.00 pesos quincenales, condena que se realiza por el último año laborado, $209,300.00 pesos, por concepto de 523.25 días de aguinaldo generados durante el presente juicio, $33,488.00 pesos, por concepto de 83.72, días de prima vacacional, a razón de 15 días por año. Asimismo se condena a la Secretaria Particular del Gobernador del Estado de Guerrero, a que nivele el salario del actor a la cantidad de $8,000.00 pesos (ocho mil pesos 00/100 M.N.), quincenales. Dichas cantidades son salvo error u omisión de carácter aritmético que pudiese existir al momento de cuantificarse las mismas, por lo anterior, se comisiona al Actuario de este Tribunal, para que en compañía de la parte que obtuvo en los términos que señala el artículo 128 de la Ley 248 del Estado, se constituya en el domicilio del demandado y requiera el pago para que así cumpla con la resolución emitida por este Tribunal que constituye el laudo condenatorio, por lo anterior dentro de lo que prevé el articulo 128 antes citado y que a su letra dice: (..)." De la transcripción anterior, se advierte el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable dictó el auto antes citado, en el que se aprecia que acordó la promoción de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve presentada por la parte actora aquí-quejosa ante esa potestad. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a las partes por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, con el oficio de cuenta y anexos dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así, este órgano de control constitucional, emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y tercero interesado hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional cuyos efectos fueron los siguientes: "A) De manera inmediata, acuerde la petición realizada por la parte quejosa el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. B) Remita las constancias con las que acredite el cumplimiento a lo ordena o en el presente fallo." Por lo anterior, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento; con el apercibimiento que de hacer caso omiso a lo solicitado, se hará acreedora por conducto de la persona física que desempeñe el cargo de Presidenta, a una medida de apremio consistente en multa, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Puntualícese además a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

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