Francisco Raul Puga Colmenares Caballero
Expediente 1302/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Raul Puga Colmenares Caballero
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintidós.********************1. Adquiere firmeza desechamiento.********************Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso********************sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo.********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa.********************2. Archivo, relevancia documental y destino del expediente.********************En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento.********************Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido.********************Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término.********************Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.********************3. Anotaciones.********************Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Notifíquese por lista electrónica. ********************."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. 1. Radicación de la demanda de amparo. Con la demanda de amparo presentada el tres de noviembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, promovida por * * * * * * * * contra actos del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Control, sede en San Bartolo Coyotepec; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número * * * * * * * * 2. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e . firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. 3. Desechamiento. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en el supuesto de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En ese sentido, atendiendo al escrito inicial de demanda se tiene que para efectos de este juicio de amparo el acto reclamado consiste en: "(.) IV. ACTO RECLAMADO Resolución de fecha veintisiete de octubre del presente año, dentro de la audiencia de reapertura de investigación complementaria, dentro de la causa penal * * * * * * * *, radicada ante el Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Constitución Federal. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente, excepcionalmente, contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los que -de acuerdo con el texto constitucional- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos de los gobernados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. De este modo, la Ley de Amparo prevé condiciones específicas para que el juicio constitucional en la vía indirecta sea procedente contra un acto intraprocesal, toda vez que es necesario que el acto emitido dentro de juicio afecte materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, quedando excluidos los perjuicios a derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, en el entendido de que los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podrían no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, será necesario que se impugnen junto con dicha resolución a través del medio de defensa establecido para tal efecto. Bajo tal contexto, resulta improcedente la acción de amparo intentada por el quejoso al actualizarse el citado motivo de improcedencia, dado que hasta el momento procesal en el que se encuentra el asunto, no hay afectación irremediable a su esfera jurídica, pues, aun cuando la reapertura de la investigación incide en el procedimiento, tal trasgresión no vulnera irreparablemente derechos sustantivos de manera actual, concreta e inminente. Así, la condición para afirmar que se está en presencia de un acto de imposible reparación es que la afectación se produzca materialmente, lo que significa que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de algún derecho en forma presente y actual, lo que puede suscitarse incluso antes del dictado del fallo definitivo. Asimismo, como segunda condición los actos irreparables deben producir una lesión a derechos netamente sustantivos, lo que se trata de una expresión que resulta antagónica con el concepto de derechos adjetivos o formales, los cuales se refieren a normas procesales y cuya inobservancia no produce necesariamente una lesión de modo actual y presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, el requisito para reclamar actos intraprocesales en amparo indirecto es que se afecten bienes jurídicos cuya fuente no provenga de leyes adjetivas, toda vez que el legislador fue categórico al disponer que los actos irreparables únicamente son los que lesionan derechos sustantivos (derechos fundamentales) reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, con lo que dejó fuera la posibilidad de que en esta vía se reclamen actos que afecten derechos adjetivos o procesales. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución de veintisiete de octubre del presente año, dictada por el Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la causa penal * * * * * * * *, en la que ordenó la reapertura de la investigación complementaria. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se aprecia, lo siguiente: 1) El treinta de noviembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares y cierre de la investigación complementaria, dentro de la cual se fijó el plazo de cuatro meses. 2) El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la defensa solicitó una prórroga de dos meses, sin que existiere oposición de la parte quejosa. 3) El treinta y uno de mayo del año en curso, la defensa solicitó nuevamente dos meses para el cierre del plazo de la investigación complementaria; mismos que fueron concedidos por la autoridad responsable mediante auto de ocho de octubre del año en curso, añade que con dicha ampliación, el plazo de la investigación complementaria ascendía a ocho meses. 4) El trece de octubre del año en curso, la defensa solicitó la reapertura de investigación, por un periodo de treinta días, argumentando que la titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, no les había remitido diversa información, solicitada bajo el auxilio del juez de Control que señala como responsable, el veinticuatro de marzo y treinta y uno de mayo del año en curso. 5) Por tal motivo se le dio vista al promovente del amparo a fin de que manifestara lo que a sus intereses conviniera, expresando su oposición a que se ordenara la reapertura de la investigación complementaria, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 6) Enseguida el juez de Control señalado como responsable, señaló las dieciséis horas con treinta y siete minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de la investigación complementaria, dentro de la causa penal * * * * * * * *, audiencia en la que fue emitido el acto que se reclama en esta instancia. De lo anterior, se desprende que la resolución reclamada, se considera que es un acto que no reviste la naturaleza de imposible reparación, toda vez que se trata de cuestiones meramente procesales. En efecto, aun cuando el promovente aduce violación a los artículos 17, párrafo segundo y 20, apartado C, fracción VII, constitucionales, la decisión del citado órgano jurisdiccional no produce como efecto negar el ejercicio de los derechos fundamentales consignados en favor del quejoso en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; por el contrario, repercute únicamente en cuestiones procesales, tales como la resolución que determina la reapertura de la investigación complementaria, por un plazo de treinta días. En ese tenor, se considera que el acto reclamado en el presente juicio no es de aquellos de imposible reparación que justifique la procedencia inmediata del juicio de amparo indirecto, pues dicha decisión repercute en una cuestión puramente procesal, esto es, no produce una afectación material y directa a un derecho sustantivo, entendido éste, como un derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, y por tanto, actualice el supuesto de "imposible reparación". Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte quejosa puede obtener una resolución favorable a sus intereses, con lo cual desaparecerían fácticamente los efectos de las violaciones procesales, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte el fallo definitivo dentro del juicio penal de origen cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la parte quejosa y, en su caso, si la pretendida violación procesal trascendió al resultado del fallo, pudiendo combatirla a través del medio legal correspondiente. Así, de conformidad con el artículo 211, fracción I, incisos a y b, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte lo siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.)" En ese tenor, se advierte que el acto reclamado fue emitido en la etapa de investigación complementaria, misma que tiene como finalidad que el agente del Ministerio Público reúna medios de prueba y fundamentos para sustentar la acusación en contra del imputado, y en su momento solicitar la reparación del daño. Aunado a ello, es en la etapa intermedia, en la que dicha parte puede hacer valer las consideraciones que considere pertinentes con relación a la licitud de las pruebas obtenidas en juicio; lo anterior, de conformidad con el artículo 334, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. (.)" Lo anterior en términos del diverso 346 del código en cita, que establece lo siguiente: "Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable." Por los motivos expuestos, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, se advierte se actualiza de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracciones XXIII en relación con el diverso 107, fracción V, este último en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano, la demanda de amparo promovida por Francisco Raúl Puga Colmenares Caballero, contra actos del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Control, sede en San Bartolo Coyotepec. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando a los promoventes el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2 a . CLVII / 2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Autorizados y consulta a través del Portal de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se tiene por autorizado en términos del primer párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo a Octavio Alfredo Barroso Luis por encontrarse registrada su cédula profesional en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADO DE DISTRITO". Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "DefJur2", dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por ello, con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el referido usuario, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente, asimismo, como lo solicita, practíquensele las notificaciones por dicha vía electrónica. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Asimismo, se tiene a dicha parte proporcionando el correo electrónico que índica, para que sirva como medios de comunicación alternativa con dicha parte; precisándole que esto será con el único propósito de que este juzgado pueda brindarle atención mediante esas herramientas tecnológicas; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. 5. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; sin embargo, como se precisó en párrafos que anteceden las notificaciones personales se le realizarán, vía electrónica. 6. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2 lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. 7. Autorización de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. 9. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese por vía electrónica.
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