Francisco Raúl Prado Alonso

Expediente 12/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
12/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Raúl Prado Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el dos de marzo del presente año, en el recurso de queja 14/2022, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos, las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, como lo expresó el quejoso en su escrito de demanda, se le tiene manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por ***************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de siete de enero de dos mil veintidós, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el siete de enero de dos mil veintidós, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 12/2022-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se resolverá, es menester precisar el acto reclamado que se desprende del estudio y análisis conjunto de la demanda de amparo, atendiendo al criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la quejosa reclama de las autoridades responsables, es: La resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal *************, en la que se determinó que era improcedente e inoperante el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa de catorce de ese mismo mes y año, en la que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y se negó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria. La determinación en la audiencia de tres de enero de dos mil veintidós, en la que se le negó la reapertura de la investigación, así como la negativa de tener por interpuesto en la propia audiencia el recurso de revocación en contra de la citada determinación. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- en relación con el diverso 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:" (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. En efecto, en la legislación vigente, se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate; lo que no sucede en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, con la aclaración que hace el legislador secundario, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y, no únicamente, que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De la anterior interpretación derivan dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión contraria a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro de juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, como previamente se estableció el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal ************, en la que se determinó que era improcedente e inoperante el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa de catorce de ese mismo mes y año, en la que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y se negó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria; y la diversa de tres de enero de dos mil veintidós, en la que se le negó la reapertura de la investigación, así como la negativa de tener por interpuesto en la propia audiencia el recurso de revocación en contra de la citada determinación. Por tanto, como se puede observar, las resoluciones por medio de las cuales las autoridades responsables determinaron que era improcedente e inoperante el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa de catorce de diciembre pasado, en la que al aquí quejoso se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en su contra y se le negó la prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria; y la diversa de tres de enero de dos mil veintidós, en la que se le negó la reapertura de la investigación, así como la negativa de tener por interpuesto en la propia audiencia el recurso de revocación en contra de la citada determinación, no pueden ser consideradas como acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que su consecuencia únicamente se relaciona con la conclusión del plazo de investigación complementaria, lo cual, en determinado caso, podría traducirse en una violación procesal que afecte derechos adjetivos, más no así derechos sustantivos, ya que esa actuación tendrá un efecto jurídico en la esfera de los quejosos hasta el dictado de la sentencia; por lo que, no se le puede considerar como un acto de imposible reparación, de manera que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107 -fracción V- de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que, las actuaciones reclamadas sólo impliquen la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene sentencia favorable y, en caso contrario, de resultar opuesto a sus intereses, pueden reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de la fracción IX del artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues en la especie, como se estableció dichos actos reclamados no pueden ser considerados como un acto de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107 -fracción V- ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al quejoso autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, al no contar con cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se le tiene proponiendo como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico joviolivares.jv@gmail.com, a fin de establecer el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Téngase al quejoso manifestando su oposición a la publicación de sus datos personales. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, tomando en consideración que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad, como lo solicita y con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes, notifíquensele en dicho centro de reclusión.

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