Francisco Raúl Prado Alonso
Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 36 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Raúl Prado Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de revisión en contra del proveído de treinta de junio pasado, en el que este tribunal sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Sin que resulte necesario hacer el cómputo para la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, dado que por el sentido de la resolución que se declara firme, esta no les irroga perjuicio. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración,depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso a) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran tres años contados a partir de que se ordenó su archivo y el cuaderno principal del incidente de suspensión es depurable, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, y se concedió la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.
- Principal
Por recibido el oficio que remite el encargado de Sala del Juzgado Penal del Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, en Celaya, a través del cual informa que ordenó los emplazamientos de los terceros interesados y el resultado de esas diligencias será remitido a la brevedad; al respecto, únicamente agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, toda vez que en auto de treinta de junio de dos mil veintiuno se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto.
- Principal
Recepción de oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde los oficios que remite el encargado de Sala del Juzgado Penal del Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, en Celaya, mediante el cual informa que en la causa penal ***, el quince de junio de la presente anualidad se dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso y, por otra, auto de vinculación a proceso, en contra del aquí quejoso por el delito y modalidades que menciona. Así mismo, que se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por todo el tiempo que dure el proceso. Asimismo, la mencionada autoridad remite un disco compacto grabado en formato DVD; por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se admite la documental pública de que se trata y se tiene por desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación al celebrarse la audiencia en este juicio. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la responsable, en la especie, del contenido de las videograbaciones insertas en el disco de almacenamiento, dese vista a las partes, a fin de que, manifiesten lo que a su derecho convenga y puedan consultar dicha información en cualquier momento procesal. Se ordena el resguardo del disco en sobre cerrado y glósese a los presentes autos. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las referidas constancias, se advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, en específico, la causal prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dicha disposición normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b. Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c. Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. En la especie, el acto combatido consiste en la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o presentación y/o citación y/o localización y/o detención ministerial y/o retención ministerial y/o arraigo domiciliario y/o cateo librada en contra del quejoso ********************, así como su ejecución. En relación con el mandato de captura, el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, aceptó la existencia del acto reclamado, pues el once de febrero de dos mil veintiuno, giró orden de aprehensión en contra del quejoso, en la causa penal 1P0621-135, por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Posteriormente, el juez responsable (por conducto del encargado de sala del Juzgado en comento) informó mediante oficio **** que el quince de junio de dos mil veintiuno, dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso respecto a los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Jonathan Ramírez López y, por otra, auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de **** y ****. Para corroborar la anterior situación el juez del conocimiento primario allegó al sumario un disco versátil digital que contiene las grabaciones y constancias derivadas de la causa penal de origen, de entre las que destaca la audiencia de quince de junio de dos mil veintiuno, donde efectivamente se desprende que se dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso y, por otra, auto de vinculación a proceso en contra de ********************; documental con eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. En ese sentido, de las constancias en cita se colige que el juez natural dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso y, por otra, auto de vinculación a proceso en contra de ******************** dentro de la causa penal del que deriva la orden reclamada en este asunto; por tanto, es inconcuso que se ha presentado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la orden impugnada, la cual ha sido sustituida por diversa resolución, como lo es el auto de no vinculación a proceso y el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de dos mil, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. No pasa inadvertido que el resto de las autoridades señaladas como responsables hayan negado la existencia de los actos reclamados y, que acorde con la jurisprudencia 1ª./J. 49/2017(10ª) de la Primera Sala de rubro "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." En consonancia con la interpretación sistemática de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo, resulta factible que la parte quejosa desvirtúe tales negativas durante el procedimiento, lo que, por regla general, no constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. No obstante lo anterior, se estima que no se contraviene dicho criterio, en la medida en que el Máximo Tribunal precisó que esto es por regla general; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que ocurran excepciones. En el caso se actualiza tal excepción, pues de la integralidad de las constancias del juicio, entre las que destaca el informe del juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien informó que él libró la orden que se cumplimentó y no otra; por lo que, es factible inferir que el acto controvertido es la orden de aprehensión precisada en este auto, la cual se cumplimentó y en virtud de ello se resolvió la situación jurídica del ahora quejoso. Por tal motivo, las negativas manifestadas por el resto de las autoridades responsables se encuentran desvirtuadas, precisamente con lo expuesto en el informe justificado por el juez responsable, en el sentido de que libró una orden de aprehensión, la cual se cumplimentó y en consecuencia resolvió la situación jurídica del quejoso; de ahí que, es innecesario desahogar la secuela procesal del presente asunto para dar oportunidad al quejoso para que ofrezca pruebas para desvirtuar la aludida negativa, cuando ello ya aconteció. En esa medida, el sobreseimiento decretado se hace extensivo al resto de las autoridades responsables. Se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción de oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde los oficios que remite el encargado de Sala del Juzgado Penal del Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, en Celaya, mediante el cual informa que en la causa penal ***, el quince de junio de la presente anualidad se dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso y, por otra, auto de vinculación a proceso, en contra del aquí quejoso por el delito y modalidades que menciona. Así mismo, que se impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por todo el tiempo que dure el proceso. Asimismo, la mencionada autoridad remite un disco compacto grabado en formato DVD; por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se admite la documental pública de que se trata y se tiene por desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación al celebrarse la audiencia en este juicio. Por tanto, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la responsable, en la especie, del contenido de las videograbaciones insertas en el disco de almacenamiento, dese vista a las partes, a fin de que, manifiesten lo que a su derecho convenga y puedan consultar dicha información en cualquier momento procesal. Se ordena el resguardo del disco en sobre cerrado y glósese a los presentes autos. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las referidas constancias, se advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, en específico, la causal prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dicha disposición normativa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b. Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c. Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. En la especie, el acto combatido consiste en la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o presentación y/o citación y/o localización y/o detención ministerial y/o retención ministerial y/o arraigo domiciliario y/o cateo librada en contra del quejoso ********************, así como su ejecución. En relación con el mandato de captura, el juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, aceptó la existencia del acto reclamado, pues el once de febrero de dos mil veintiuno, giró orden de aprehensión en contra del quejoso, en la causa penal 1P0621-135, por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado. Posteriormente, el juez responsable (por conducto del encargado de sala del Juzgado en comento) informó mediante oficio **** que el quince de junio de dos mil veintiuno, dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso respecto a los hechos que la ley señala como el delito de homicidio calificado cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Jonathan Ramírez López y, por otra, auto de vinculación a proceso en contra del quejoso ********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado cometido en agravio de **** y ****. Para corroborar la anterior situación el juez del conocimiento primario allegó al sumario un disco versátil digital que contiene las grabaciones y constancias derivadas de la causa penal de origen, de entre las que destaca la audiencia de quince de junio de dos mil veintiuno, donde efectivamente se desprende que se dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso y, por otra, auto de vinculación a proceso en contra de ********************; documental con eficacia probatoria plena acorde a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. En ese sentido, de las constancias en cita se colige que el juez natural dictó, por una parte, auto de no vinculación a proceso en favor del quejoso y, por otra, auto de vinculación a proceso en contra de ******************** dentro de la causa penal del que deriva la orden reclamada en este asunto; por tanto, es inconcuso que se ha presentado un cambio de situación jurídica. Lo anterior es así en virtud de que han sido consumadas irreparablemente las violaciones que pudiese contener la orden impugnada, la cual ha sido sustituida por diversa resolución, como lo es el auto de no vinculación a proceso y el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, por lo que resulta claro que se presenta un cambio de situación jurídica, lo que impide a este juzgador entrar al estudio de fondo del acto que se reclama en el presente juicio y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este, sin afectar la nueva situación jurídica del peticionario de amparo; en las relatadas condiciones, se concluye la materialización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues es patente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, junio de dos mil, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En las relatadas condiciones, al estar plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, acorde a lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada codificación. No pasa inadvertido que el resto de las autoridades señaladas como responsables hayan negado la existencia de los actos reclamados y, que acorde con la jurisprudencia 1ª./J. 49/2017(10ª) de la Primera Sala de rubro "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." En consonancia con la interpretación sistemática de los artículos 117 a 124 de la Ley de Amparo, resulta factible que la parte quejosa desvirtúe tales negativas durante el procedimiento, lo que, por regla general, no constituye una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. No obstante lo anterior, se estima que no se contraviene dicho criterio, en la medida en que el Máximo Tribunal precisó que esto es por regla general; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que ocurran excepciones. En el caso se actualiza tal excepción, pues de la integralidad de las constancias del juicio, entre las que destaca el informe del juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien informó que él libró la orden que se cumplimentó y no otra; por lo que, es factible inferir que el acto controvertido es la orden de aprehensión precisada en este auto, la cual se cumplimentó y en virtud de ello se resolvió la situación jurídica del ahora quejoso. Por tal motivo, las negativas manifestadas por el resto de las autoridades responsables se encuentran desvirtuadas, precisamente con lo expuesto en el informe justificado por el juez responsable, en el sentido de que libró una orden de aprehensión, la cual se cumplimentó y en consecuencia resolvió la situación jurídica del quejoso; de ahí que, es innecesario desahogar la secuela procesal del presente asunto para dar oportunidad al quejoso para que ofrezca pruebas para desvirtuar la aludida negativa, cuando ello ya aconteció. En esa medida, el sobreseimiento decretado se hace extensivo al resto de las autoridades responsables. Se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia constitucional en el presente juicio programada para las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado.
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