Francisco Raúl Márquez Muñiz
Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Raúl Márquez Muñiz
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término de cinco días, para interponer recurso de queja en contra del auto de veintitrés de enero del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo promovida por *********. Se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental. Por otra parte, en autos obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, será destruida.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Raúl Márquez Muñiz, por propio derecho, contra actos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese con el número 60/2023-VI. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado. El quejoso reclama la multa impuesta mediante el oficio SATEG-04-01-02-20899/2022, y en consecuencia por su falta de pago, la orden de clausura del establecimiento con giro de "Cantina" ubicado en avenida Oaxaca, número 1597, colonia Morelos, en Irapuato, Guanajuato, contenida en el oficio SATEG-04-01-00-20921/2022, deducido del expediente 14-IA-05046/22 del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. En ese contexto, este juzgado advierte que procede recurso revocación en contra la multa reclamada y procede el juicio de nulidad contra ambos actos reclamados: multa y clausura; por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."" El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, se traduce en garantizar al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le será protegido y reparado en la lesión que se cause a sus derechos; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016, del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Dicho acto es susceptible de impugnarse, pues el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa con el cual pueden modificarse, revocarse o anularse sus efectos. Procedencia del recurso de revocación en contra del acto consistente en multa. En contra de la multa reclamada procede el recurso de revocación previsto en el artículo 133 y 134 de la ley en comento que indica: "Artículo 133. Contra las resoluciones o actos administrativos dictados en materia fiscal estatal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 134. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales del Estado que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley; y c) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 59, 62 y 108 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales del Estado que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 38 de este Código; b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que este no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados; o c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 144 de este Código." Cabe destacar que dicho medio de impugnación es optativo, conforme al artículo 135 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, que establece: "Artículo 135. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, esta lo turnará a la que sea competente." Procedencia del juicio de nulidad en contra de los actos consistente en multa y clausura. Por su parte, los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen: "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; II. Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades administrativas aplicable; IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; y V. Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; b) Las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause un agravio en materia fiscal; c) Los actos administrativos y fiscales estatales que impliquen una negativa ficta, configurándose ésta cuando las instancias o peticiones que se formulen ante las autoridades no sean resueltas en los plazos que la Ley o el reglamento fijen, o a falta de dicho plazo, en el de treinta días hábiles; d) Las resoluciones administrativas y fiscales estatales favorables a los particulares; e) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; f) La declaratoria que emita la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre la improcedencia de la solicitud de un proceso de plebiscito, referéndum o referéndum constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato; y g) De los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales estatales y municipales. II. En segunda instancia: a) Las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal; y b) Los acuerdos dictados por los Juzgados Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado." Bajo ese contexto, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que los actos reclamados se subsumen en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 7, tratándose de actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares -por los actos que hace consistir en la clausura-. Asimismo, el caso encuadra en la hipótesis normativa a que se refiere la fracción I, inciso b) del artículo 7, del señalado ordenamiento, por lo que en su contra es procedente el juicio de nulidad -por lo que hace a la multa-. En el entendido de que, de acuerdo con los artículos transcritos, el juicio contencioso administrativo procede, entre otros casos, contra las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause un agravio en materia fiscal. Por tanto, en contra de ambos actos reclamados en esta instancia constitucional procede la impugnación directa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Por lo que hace al juicio contencioso administrativo, resulta pertinente transcribir los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que contienen la suspensión del acto de autoridad, y que se transcriben a continuación: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: "a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. En suma, de dichos preceptos se tiene que se otorgará la suspensión del acto o resolución impugnada, siempre y cuando no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo, lo que se hará del conocimiento inmediato de la autoridad demandada; que el actor deberá exhibir garantía suficiente para reparar los posibles daños e indemnizar los perjuicios que se causen con la medida cautelar si no obtiene sentencia favorable; pero que si se trata de derechos no estimables en dinero, el juzgador fijará de manera discrecional el monto de la garantía; que la suspensión podrá solicitarse en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, mientras no se dicte sentencia ejecutoria; y, que la determinación en que se decrete la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. Por su parte, los artículos del 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De dichos numerales se tiene que salvo los temas en cuestión en que la suspensión proceda de oficio, es necesario que la solicite el quejoso, y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que en los casos en que esa medida pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero, el quejoso deberá otorgar garantía suficiente que asegure la reparación del daño, así como la indemnización de los perjuicios que pudieran causar si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo; y, cuando la afectación no resulte estimable en dinero, el juzgador fijará de manera discrecional el monto de la garantía. Finalmente, que dicha medida cautelar se podrá solicitar en cualquier momento hasta en tanto exista sentencia ejecutoria, y, que al margen de la naturaleza de la suspensión, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido; que el juzgador de amparo deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden; incluso, que de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia firme. De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, del tenor: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGANDA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exige que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." También es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Lo anterior máxime que a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de los actos reclamados, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación y la parte quejosa no sólo alega violaciones directas a la Constitución, sino cuestiones de legalidad -indebida fundamentación y motivación-. Por tanto, debió observar el principio de definitividad al reclamar, además de violaciones constitucionales, cuestiones de legalidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia número XX. J/1, visible en la página 94, tomo I, abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente". De ese modo, el promovente no se encuentra relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los recursos que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad: No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. No se trata de actos en que sea tercero extraño a juicio. c) La procedencia del recurso de revocación y del incidente de nulidad de actuaciones está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". Resta mencionar, que no se soslaya lo plasmado por el quejoso en su demanda, donde sustancialmente argumenta que, el acto reclamado reviste la calidad de aquellos de imposible reparación; en tanto que esta característica no constituye obstáculo ni se erige como una excepción al principio de definitividad, rector del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.3 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2886, de texto y rubro siguientes: "ORDEN DE CLAUSURA, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O SERVICIOS, DECRETADA PREVENTIVAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. AUN CUANDO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ESTA CIRCUNSTANCIA NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, decretada preventiva o temporalmente en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, porque impide al particular disponer materialmente de la posesión de su local comercial y restringe su libertad de trabajo, industria o comercio que ahí desarrolla; sin embargo, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que el amparo en dicha vía es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, lo cual implica que el hecho de que la medida ordenada sea de imposible reparación, no exime automáticamente de observar el aludido principio. Sin que sea óbice a lo anterior el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 (10a.), en el sentido de que la clausura provisional dictada como medida preventiva en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que dicho precepto no determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedente, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad." Paralelamente, el diverso criterio jurisprudencial P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.
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