Francisco Raul Gonzalez Cortero
Expediente 1060/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Francisco Raul Gonzalez Cortero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo respectivo al escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".La OMISION para dictar el acuerdo respectivo, con relación al escrito de fecha veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve, signado por mi apoderado legal Adrián Juan Pablo Flores Sánchez, dentro del expediente laboral número 194/2001-A, Tomo VI, de los radicados ante la referida autoridad responsable.". Informe justificado. Como se advierte del informe justificado rendido por el PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, que efectivamente mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo respecto del escrito de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por el apoderado del hoy quejoso; por lo cual manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de garantías "La OMISION para dictar el acuerdo respectivo, con relación al escrito de fecha veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve", y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictó el acuerdo por medio del cual dio contestación al escrito de fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. En virtud de que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que la autoridad responsable, se encuentra gozando del periodo vacacional; consecuentemente, una vez que reanuden labores, procédase a la entrega del oficio dirigido a ésta. Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado, rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala (foja 35). Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Raúl González Cortero, por propio derecho, contra actos de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1060/2019-V. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda de mérito presentada por Francisco Raúl González Cortero, por propio derecho, contra actos de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, sin tramitarse el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado. Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, acompañado de todas y cada una de las constancias que sirvieron de base para la emisión de la resolución que se le reclama, las cuales deberán ser legibles, completas y en orden cronológico, apercibida que en caso de incumplimiento se le impondrá una multa en la sentencia de entre cien a mil días de salario mínimo general vigente, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo que establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes para que comuniquen oportunamente a este Juzgado de Distrito cuando haya ocurrido alguna causa de sobreseimiento, acompañando de ser posible las constancias que la acrediten, apercibidas que en caso de incumplimiento se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 251, de la Ley de Amparo. Dese la intervención que compete legalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su demanda de mérito. Asimismo, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que firme los oficios que deriven con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado en el presente juicio de amparo al Ayuntamiento del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso b), de la invocada ley, con una copia de la demanda de garantías, emplácese a juicio al indicado tercero interesado en el domicilio oficial que se señala; haciéndole saber el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene; asimismo, para que dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de esa notificación señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo las notificaciones se le harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir el oficio que con motivo de este juicio se le dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlo, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el propio oficio contenga; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse al rendir su respectivo informe; o de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Finalmente, se hace saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8º y 61 del citado ordenamiento, tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
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