Francisco Ramón Valdez Rivera
Expediente 448/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/03/2021
Partes del expediente
- Francisco Ramón Valdez Rivera
- Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilio en Mexicali
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por Armando Ramírez Terriquez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se acuerda de conformidad su petición y se ordena la devolución de los documentos que refiere en su ocurso de cuenta, previa copia certificada que se deje en autos, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo para constancia. En la inteligencia, que deberá agendar cita en el sistema que para tal efecto habilitó el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19, a efecto de llevar a cabo la devolución de referencia. Notifíquese
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento del aviso dejado el veininueve de marzo de dos mil veintiuno, en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, del auto de diecinueve marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo número 448/2019-IV; por lo que, con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación en términos de los artículos 26 fracción III y 29 ambos de la Ley de Amparo, y por lista que se fija en este órgano jurisdiccional, de conformidad con el acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2 (COVID-19). "Ensenada, Baja California, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el quince de octubre de dos mil diecinueve, se otorgó al quejoso Francisco Ramón Valdés Rivera la protección federal a efecto de que la autoridad responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, procediera de la siguiente manera: "De respuesta a la solicitud de pensión derecho al mínimo vital formulada por el quejoso Francisco Ramón Valdés Rivera." Sentencia de amparo, que fue confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión 37/2020 que se recibió en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. En cumplimiento a ello, la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de marzo de dos mil veintiuno informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y para tal efecto anexó al oficio de mérito, copia certificada de la determinación dos de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió que no era procedente otorgar pensión de derecho del mínimo vital al quejoso, por no contar con el tiempo cotizado al fondo de pensiones del ISSSTECALI, por lo que no era procedente integrar el expediente en los términos planteados por el aquí quejoso en el escrito que presentó el quince de julio de dos mil diecinueve. Documentales que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, este juzgador federal estima que la responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que dio respuesta a la solicitud de pensión por derecho al mínimo vital formulada por el quejoso, con lo cual, se dio cumplimiento cabal fallo protector. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículos Décimo Octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo propio artículo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurara el presente asunto, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar."
- Principal
Notifíquese personalmente,
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que por circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, en todos aquellos asuntos que no fueran considerados de tramitación urgente en el referido acuerdo general, es decir, suspender los plazos y términos judiciales en los mismos. De igual forma, por circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó continuar con el referido esquema de contingencia, entre otros, respecto al Decimoquinto Circuito (Baja California), en términos del mencionado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó, respecto del Decimoquinto Circuito (Baja California), el regreso al esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales, conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. De lo anterior se obtiene que en el presente asunto no transcurrieron plazos y términos judiciales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha no obra en autos el acuse oficio mediante el cual se requirió a la autoridad responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cumpliera con la sentencia dictada en el presente asunto. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase vía correo acelerado (ESTAFETA), a la autoridad responsable Director de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del plazo de veinticuatro horas a partir de que tengan conocimiento de este proveído informe a este juzgado de Distrito, la fecha en que recibió el oficio 19748, en que se le requirió el cumplimiento de la sentencia en cita. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá una multa en lo individual equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID-19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para la mencionada autoridad responsable, como en éste Juzgado de Distrito. Se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Notifíquese.
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