Francisco Ramón Garcia Intriago

Expediente 1294/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1294/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Francisco Ramón Garcia Intriago

Actuaciones

  1. Principal

    . Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni PROTEGE a Iván Lorméndez Díaz, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en los resultando y considerando primero y cuarto, respectivamente, por las razones expuestas en el décimo considerando de esta fallo constitucional. SEGUNDO. Se instruye al juez responsable a efecto de que adopte las medidas adecuadas para proteger la integridad personal del quejoso en términos de lo establecido en el considerando décimo primero. Notifíquese ... a la parte quejosa y por lista a la tercero interesada y, por oficio las autoridades responsables y; de conformidad con lo expuesto en el último considerando, deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello, previa razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Así lo resolvió y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, hoy nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la licenciada Penélope Rodríguez Landa, Secretaria quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por la Secretaria de este Juzgado, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte promovente no interpuso recurso de queja, contra el proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de garantías origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Ahora, toda vez que resulta innecesario conservar las documentales que allegó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, por lo tanto, devuélvasele previa certificación de desglose y hágasele entrega de las mismas previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le informa que de conformidad con lo dispuesto por el punto décimo primero, tercer párrafo del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir de dos mil trece, si transcurrido el plazo de noventa días, no se presenta ante este órgano judicial, a recoger tal constancia, ésta podrá ser destruida junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, en atención a su contenido, únicamente glósese como constancia legal, en virtud de que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido su informe justificado. Por otra parte, glósese el diverso oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad, remite copias...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vista; la demanda de amparo presentada por Francisco Ramón García Intriago, contra actos de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por violación al derecho fundamental contenido en los artículos 1°, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero Constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 1294/2016. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a tal precepto se procede a analizar el escrito de demanda que dio origen al presente juicio de amparo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta de la demanda, de forma patente y absoluta y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "(...) De la autoridad señalada como responsable reclamo la emisión de la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2016 dictada dentro de los autos del juicio de nulidad 730/16-13-01-1 ya que a través de ella violenta mis derechos humanos y a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, del debido proceso y de petición y audiencia, violaciones contenidas en la referida sentencia. " Asimismo, del capítulo de antecedentes del escrito de demanda, la parte quejosa define con mayor claridad el acto reclamado, como se transcribe a continuación: "1. Soy una persona física con actividades empresariales que tributo en el Régimen General de Ley, mediante oficio DGF/VDyRG/RE/4267/LIQ/2015 de fecha 9 de diciembre de 2015 emitido por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó a mi cargo un crédito fiscal en cantidad total de $8,764,070.13, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Empresarial a Tasa Única, supuestamente omitido, relativo al ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, multas y recargos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2. No estando de acuerdo con la resolución antes mencionada, estando en tiempo y forma legales, el día 7 de marzo de 2016, interpuse en su contra, demanda de juicio de nulidad. - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Mediante acuerdo de 2 de junio de 2016, el Magistrado Instructor, determina tener por contestada la demanda y por interpuesto el incidente de falsedad de documentos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. No conforme con el contenido del acuerdo antes referido, interpuse recurso de reclamación. - - - - - - - 5. Por sentencia interlocutoria, ahora reclamada, la ahora responsable determina confirmar el acuerdo recurrido." En esas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que, en el caso se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)." De las disposiciones legales y constitucional trascritas, se observa que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Al respecto, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172, de la ley de la materia, que contempla de manera enunciativa, mas no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, y que por ello, sólo pueden ser reclamables cuando se recurra en amparo directo la sentencia definitiva que ponga fin al juicio donde se cometieron tales violaciones, momento en el que pueden válidamente invocarse como conceptos de violación, para ser objeto de análisis por el tribunal competente. El artículo en mención, 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, dice "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...)XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad, trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal, y los tratados internacionales, en el entendido de que tal afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. De lo expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes y, que sólo como regla excepcional, existe la posibilidad de que se impugnen desde luego aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, pues es claro que ningún caso tendría esperar a que se dictara sentencia para poder combatir un acto de esa naturaleza. Al respecto, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de que la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la ley respecto del significado jurídico de "imposible reparación", desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en un grado predominante o superior. Lo anterior se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, de la Décima Época, Registro: 2006589, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, este Juzgado Federal considera que la resolución del recurso de reclamación de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis -acto reclamado-, en la que la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, confirmó el auto por el cual el Magistrado Instructor de dicha Sala tuvo por contestada la demanda y por interpuesto el incidente de falsedad de documentos de la contraparte del aquí quejoso, en los autos del juicio de nulidad 730/16-13-01-1 promovido por la parte quejosa, de ninguna manera causa una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que la consecuencia jurídica de la resolución reclamada es dejar firme el acuerdo combatido, en el cual se tuvo por contestada la demanda y por interpuesto el incidente de falsedad de documentos de la contraparte del aquí quejoso, de ahí que sólo se afecta derechos adjetivos o procesales. En efecto, se insiste, este juzgado determina que el acto aquí combatido se trata de una posible violación al procedimiento, cuyo efecto puede desaparecer de llegar a obtener la parte quejosa una resolución favorable a sus intereses, pues es parte en el litigio, y la circunstancia de que se tenga a la contraparte del quejoso contestando su demanda, así como interponiendo incidente de falsedad de documentos, no significa necesariamente que se dictará una sentencia desfavorable; ahora, ante la eventualidad de que la resolución que se dictara en el juicio de origen fuera contrario a los intereses de la agraviada, ésta tendría la posibilidad de impugnarlo a través del juicio de amparo directo, en donde además, podría hacer valer lo que reclama en el presente juicio de amparo indirecto, de acuerdo al artículo 172 de la Ley de Amparo, que prevé la impugnación en amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento y que afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.3o.A.564 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 256, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA DE NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. PORQUE NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION. El auto que tiene por contestada la demanda de nulidad no es de imposible reparación porque no afecta de manera inmediata derechos sustantivos que sean de la titularidad del quejoso, sino sólo derechos adjetivos o procedimentales que pueden ser analizados en el fallo final del juicio contencioso administrativo y que pueden ser impugnados a través del juicio de amparo directo. En efecto, el auto que tiene por contestada la demanda de nulidad, carece de ejecución de imposible reparación (a la que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo como supuesto de procedencia del amparo indirecto), no obstante que ese auto no es recurrible a través de algún medio ordinario de defensa ante la propia responsable, porque el que se tenga por contestada la demanda no produce afectación inmediata a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino sólo la transgresión de un derecho adjetivo que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales, que no necesariamente van a ocasionar que el fallo definitivo que deba dictar la responsable sea desfavorable a los intereses del quejoso. Esto es así, si se considera que las violaciones a derechos adjetivos o procesales se dan cuando de admitirse o desecharse la demanda en forma indebida, no se ajustó esta actuación a las formalidades procesales que requiere la ley para tal efecto, lo que demuestra que sólo pueden transgredirse derechos adjetivos y no sustantivos que no van a trascender al fondo de la litis planteada, ni dejan sin defensa al promovente del amparo, porque en términos de la fracción XI del artículo 159, de la Ley de Amparo, si el fallo le es desfavorable, podrá impugnar no sólo éste, sino además la falta de personalidad de la autoridad que dio contestación a la demanda de nulidad correspondiente, a través del juicio de amparo directo, como una violación al procedimiento, por no ajustarse a los preceptos aplicables." También, sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis aislada VII.2o.C.82 C (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 1893, Libro 14, Tomo III, Enero de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA RECONVENCIONAL. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN TIEMPO Y FORMA ES UN ACTO DENTRO DE JUICIO QUE NO TIENE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La resolución que confirma el proveído que tiene por contestada en tiempo y forma la demanda reconvencional es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, de conformidad con su contenido y alcances legales, tampoco es una resolución de condena, ni constitutiva de derechos, al tratarse de un auto declarativo al haberse admitido aquélla, ya que el litigio continúa, pues no es una decisión con la cual finalice. Es decir, la resolución donde se confirma el proveído que tiene por contestada la demanda reconvencional no es un acto que tenga efectos de imposible reparación, pues dicha determinación no origina una afectación inmediata y directa a algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal, en tanto que el hecho de confirmarse el proveído que la admite, sólo implica que la alzada analice el auto de admisión a la contestación conforme a los conceptos de agravio y, por ende, aún no ocasiona un menoscabo, pues dicha confirmación está supeditada a lo resuelto en el juicio natural, en tanto pudiera suceder que no hubiera afectación con la confirmación al proveído que diera entrada a la contestación reconvencional y que la sentencia que se pronunciara en el juicio fuera favorable a los intereses de la recurrente. " Por tanto, se insiste, la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, que reclama el promovente en nada violenta sus derechos fundamentales, ya que no constituye una resolución que se traduzca en una vulneración a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en su perjuicio; ello tomando en consideración que en la controversia que se sigue ante la sala responsable, aún no se encuentra concluida. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505 del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refieran a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y por autorizado de su parte en los amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia a Francisco Agustín Torreblanca Cortés, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que anexó el promovente al ocurso que se provee. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para actuar como encargado de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica otorgada al licenciado Arnulfo Moreno Flores, titular de este Juzgado, por el periodo que comprende del veintitrés al veintiséis de noviembre de dos mil dieciséis, comunicada mediante circular número CCJ/08/2016 de quince de noviembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria quien autoriza y da fe.

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