Francisco Ramírez Reyes

Expediente 23/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
23/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Ramírez Reyes
  • Francisco Ramírez Reyes y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que contiene inserto el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, del cual se advierte que el citado órgano colegiado, admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto de dieciocho de enero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número de expediente Q-****/2021 de su índice; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos los escritos del quejoso ****, mediante los cuales, interpone recurso de queja y expresa agravios contra el proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíense los escritos de cuenta así como el juicio principal en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en Turno a fin de substanciar el citado recurso de queja. Asimismo, adjúntese el informe con justificación sobre la materia de la queja, haciéndole saber al tribunal que es cierto el acto reclamado, puesto que en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda origen de este juicio, ante su manifiesta e indudable improcedencia. Sin que se proceda en términos de lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, esto es, dar vista a las partes con el referido recurso, pues al haberse desechado la demanda, no se entabló la litis constitucional, y por ende, no se llamó a las partes para que pudieran manifestarse, en lo que atañe a la interposición del recurso en cita.

  3. Principal

    ...este juzgado ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Finalmente, se precisa que el presente acuerdo se emite hasta esta fecha, toda vez que como se advierte de la cuenta de la secretarial y es un hecho notorio para todos, que hubo suspensión continua de funciones jurisdiccionales, siendo que actualmente ya se han reactivado en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como levantado la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    I. Precisión de antecedentes. Del análisis de la demanda a que se refiere la razón de cuenta que antecede y de la consulta al sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), se advirtió que el presente asunto, puede tener relación con el juicio de amparo ****/2019, de la estadística de este juzgado, que promovió ****; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes, que sólo en caso de que dicho asunto, se estime tenga relación directa con el juicio de amparo que se inicia, podrá tenerse a la vista, con la finalidad de obtener información relevante, vinculada con el acto y autoridad señalados en la presente demanda que promueve ****, para los efectos legales a que haya lugar. También, podrán consultarse las resoluciones capturadas en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise), relativas a los citados expedientes, por constituir información fidedigna y autentica en términos de la tesis de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". II. Creación del expediente. Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2021-I. III. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Como preámbulo se precisan los antecedentes del acto reclamado: 1. El diecisiete de junio de dos mil catorce, se promovió Juicio Ejecutivo Mercantil por Luis Fernando Escobedo Saavedra como endosatario en procuración de Corazón Vicente Cuevas León, contra el aquí quejoso ****, el cual se radicó en el Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, con el número de expediente ****/2014. 2. El aquí quejoso ****, una vez emplazado, dio contestación a la demanda entablada en su contra. 3. Tramitadas las etapas procesales, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada, - aquí quejoso- 4. En el mes de diciembre la parte actora promovió liquidación de sentencia, misma que fue aprobada mediante resolución de cinco de febrero de dos mil veinte. 5. La parte actora -aquí tercero interesado- inició el trámite de remate; para lo cual ambas partes -actor y demandado - exhibieron sus dictámenes correspondientes los cuales refiere el quejoso se admitieron y se tuvieron por exhibidos. 6. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, al acordar las promociones del actor en el juicio de origen (quien solicitó se dejara sin efecto el dictamen emitido por el perito nombrado por mi parte), el juez responsable proveyó favorable la pretensión del citado actor. Dicho auto constituye el acto reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional. De lo narrado, se advierte que la parte quejosa reclamó, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Lo es la Resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, en el Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por **** como ENDOSATARIO EN PROCURACÓN de ****, en contra de **** a través de su representante legal ****, resolutivo que a la letra dice: 'No obstante, el del perito nombrado por la parte demandada, es erróneo. Esto, porque la ubicación del inmueble que valuó no coincide con la del Inmueble embargado. Pues refirió esto Departamento en condominio marcado con el número **** interior **** de la calle **** del ****de esta Ciudad de Puebla, del Estado de Puebla' Por ello para determinar el precio del bien, únicamente tendré como base para el remate el avaluó emitido por el perito de la parte actora" Ahora bien, esta instancia constitucional advierte, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en contra de dicho acto reclamado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta que se da la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción IV, último párrafo del propio ordenamiento legal a contrario sensu, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior, esto es, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, la interpretación del referido precepto legal, permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate respectivo, entendida como aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en la cual podrán reclamarse, además, los vicios que, en su caso, se hubieren cometido durante el mismo, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial, que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, en tratándose de remates como en el caso acontece, conforme a dicho numeral, resulta procedente únicamente en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, la cual, conforme al propio artículo, es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Luego, el acto reclamado en este juicio consistente en la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Sexto Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, en el expediente ****/2014, en la que resolvió que para determinar el precio del bien, únicamente tendrá como base para el remate el avalúo emitido por el perito de la parte actora; por tanto, no se trata de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución del juicio de origen, ni se puede considerar dentro de los supuestos de excepción antes precisados, y tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación. En razón que de lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que es demandada en el juicio de origen el cual se encuentra en la etapa de ejecución -remate-; que la resolución que pretende combatir a través del presente juicio, es la dictada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que se resolvió que para determinar el precio del bien, únicamente se tendrá como base para el remate el avaluó emitido por el perito de la parte actora; resolución que no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución, tampoco ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, ni tiene autonomía propia ya que su efecto es continuar con el procedimiento en la etapa de remate; aunado a que no se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia, para que en su caso sea procedente el juicio de amparo como lo dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicha resolución no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional de la quejosa. Lo que se insiste son cuestiones meramente procesales, dado que la parte quejosa estará en aptitud de hacer valer lo que estime conveniente hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria en la etapa de ejecución. En suma cabe señalar que el quejoso no se ostenta como tercero extraño a juicio, pues manifestó ser parte en la relación procesal -demandado- a la cual ha intervenido. En esa tesitura, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV último párrafo y V, éste último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta que se da la hipótesis prevista por el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción IV, último párrafo del propio ordenamiento legal a contrario sensu, por tanto, se desecha de plano la demanda origen de este juicio por su manifiesta e indudable improcedencia. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo; por autorizados en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** y *****, pues como se advierte de la certificación de cuenta, tienen registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; respecto de los demás profesionistas que menciona quedan autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que omitió proporcionar el número de sus cedulas profesionales. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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