Francisco Ramírez Cervantes
Expediente 318/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/09/2023
Partes del expediente
- Francisco Ramírez Cervantes
- Diana Osnaya Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Amparo en revisión
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de precisar el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto CONSERVABLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracción II y 17, fracción I, inciso b, del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente quedará en resguardo documental de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha; después será transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, estado de México, a veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos en el presente asunto en etapa de cumplimiento, por lo que, considerando el contenido del informe de la Sección responsable que al respecto fue rendido, se procede a determinar si se encuentra cumplida la ejecutoria constitucional dictada por los integrantes de este Tribunal, el tres de marzo de dos mil veintidós. Con el objeto de establecer si se logró el cumplimiento de la ejecutoria constitucional, se precisa que los efectos fueron para que la responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, únicamente, en la parte que fue materia de concesión. 2. En su lugar, emita otra en la que atento a las consideraciones que preceden, establezca como conceptos que integran el finiquito por renuncia voluntaria, las partes proporcionales de los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, correspondiente a doce días por año laborado, correspondientes del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil quince, durante los cuales laboró para la corporación demandada, asimismo, considere que ingresó a laborar en la corporación el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y cinco, fijándose como fecha de baja el primero de septiembre de dos mil quince. 3. Ordene la radicación de un incidente de liquidación, con desahogo de la prueba pericial contable especializada en nóminas, para verificar si el finiquito entregado al quejoso es suficiente, de acuerdo al punto anterior y, previamente a requerir el cumplimiento de la sentencia de invalidez. Ahora bien, una vez que la responsable recibió el testimonio de la ejecutoria constitucional, procedió de la siguiente manera: Mediante oficio TJA/SS/III/4384/2022 (foja 174 del cuaderno de amparo) el Secretario General de Acuerdos de la Sección responsable, informó que, el veintidós de abril de dos mil veintidós, se emitió una nueva resolución, con la que se pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo, al efecto, copia certificada (fojas 175 a 205 del presente expediente). De la determinación antes referida, se advierte que la Sección responsable, en el considerando "III" (foja 14), dejó insubsistente la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 1399/2019. Asimismo, en el considerando "IV" (fojas 28 y 29) reiteró que como conceptos y prestaciones que se deben considerar para poder cuantificar el pago de finiquito por renuncia voluntaria, son "el salario más demás beneficios menos deducciones de ley, no cobrado a partir de la última quincena que fuese enterada a Francisco Ramírez Cervantes, hasta el último día que laboró en el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco; la parte proporcional de los días de vacaciones de los que gozaba al año, la prima vacacional siempre y cuando haya gozado entonces de esa prestación; así como la parte proporcional del aguinaldo que le correspondería por los días del último año que laboró (del uno de enero de dos mil quince al treinta y uno de agosto de dos mil quince)" . Con lo anterior, se cumplió con el efecto de la protección constitucional, identificado con el punto "1". En el considerando "V" (foja 33), se advierte que, la Sección responsable, en acatamiento a la sentencia de amparo, precisó que en el caso, también debe considerarse como concepto que integra el finiquito por renuncia voluntaria, la prima de antigüedad correspondiente a doce días por año laborado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México. Asimismo, expuso que con motivo de que la pretensión del recurrente consistió en que la indemnización que le correspondía no debía limitarse a tres meses de sueldo, en tanto que debía comprender todas las prestaciones a que tiene derecho, incluyendo la prima de antigüedad (foja 36 a 37). Aunado a lo anterior, la Sección responsable puntualizó que era atendible la pretensión del actor, ya que se advertía que, en el desempeño de las funciones que realizó, no existía alguna característica que evidenciara un trato desigual a la generalidad de las personas que realizan un trabajo remunerado, que justificara que en el finiquito correspondiente a una separación voluntaria para algunos servidores públicos, se cubrieran las prestaciones a que se refieren los artículos 66, 78, 80 y 81, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y se excluyera a los policías que cumplieran los mismos requisitos (foja 50). Precisó, que lo anterior no implicaba el desconocimiento de la especial regulación que tienen los cuerpos de policías, entre otros, a efecto de salvaguardar la delicada función que cumplen en la sociedad; sin embargo, las medidas como la imposibilidad de su reinstalación y otras que se encuentran justificadas en esa especial característica, obedecían a otras finalidades que no se verían afectadas al procurar un aseguramiento económico similar al que reciben los servidores públicos al retirarse de sus cargos. Así, la responsable determinó que los conceptos que deben integrar el finiquito, por renuncia voluntaria, son: "el salario más demás beneficios menos deducciones de ley, las partes proporcionales de los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, correspondiente a doce días por año laborado, correspondientes del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil quince, durante los cuales laboró para la corporación demandada. - - - Debiéndose tomar en consideración que el actor ingresó a laborar en la corporación el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y cinco, fijándose como fecha de baja el primero de septiembre de dos mil quince (foja 51). Con ello, se cumplió con el efecto señalado en el punto "2", de la ejecutoria de amparo. Finalmente, en el considerando "VII", la Sección responsable aclaró que en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no se establece la figura de "incidente de liquidación" como se ordenó en los efectos de la ejecutoria de amparo, por lo que ordenó que la Sala de origen atendiera lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su sección Novena denominada "Del Cumplimiento de la Sentencia", con la finalidad de que determinara, aritmética y contablemente, lo relativo al finiquito del actor y que procediera a recabar la prueba pericial contable especializada en nóminas, para que verificara la suficiencia, o no, del finiquito entregado al actor y determinara si existe, o no, algún faltante, de conformidad con los artículos 33 y 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México (foja 55) Asimismo, indicó que una vez que la Sala instructora determinara si existía algún faltante, o no, y eventualmente condenara a la autoridad demandada a pagar en favor del actor, debía iniciar el procedimiento de cumplimiento de sentencia, en términos de los artículos 279, 280 y 283 del Código Adjetivo de la materia, insistiendo en que era necesario hacer una correcta cuantificación, para que se tuvieran los elementos suficientes para que las autoridades demandadas no tuvieran posibilidad de evadir su observancia (foja 56). De lo anterior, se advierte que la Sección de la Sala responsable cumplió con el efecto señalado en el punto "3", de la ejecutoria de amparo, al haber ordenado que la Sala de origen atendiera lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su sección Novena denominada "Del Cumplimiento de la Sentencia", con la finalidad de que determinara, aritmética y contablemente, lo relativo al finiquito del actor, y procediera a recabar la prueba pericial contable especializada en nóminas, para que verificara la suficiencia, o no, de dicho finiquito y determinara si existe, o no, algún faltante, de conformidad con los artículos 33 y 276 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Teniendo en cuenta lo anterior, debe declararse que la ejecutoria de amparo está cumplida, sin exceso ni defecto. Hágase saber a la parte quejosa que, en caso de desacuerdo con esta determinación, cuenta con un plazo de quince días para interponer recurso de inconformidad, en términos del artículo 202, de la Ley de Amparo, de la cual conocerá el Pleno de este Tribunal Colegiado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 197, 198 y 214, de la Ley de Amparo, así como en el ACUERDO GENERAL 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, Punto Octavo, fracción IV, adicionada mediante el Instrumento Normativo, emitido por el mismo Tribunal Pleno del máximo Tribunal de la República, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que entró en vigor el día de su aprobación y resulta aplicable a partir del día siguiente, mediante el cual delega en los Tribunales Colegiados de Circuito la facultad para conocer del recurso de inconformidad, previsto en las fracciones I, II, y III, del artículo 201, de la Ley de Amparo, en tratándose del cumplimiento de sentencias dictadas en amparo directo, disponiendo que los presidentes de los Tribunales Colegiados determinarán sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo directo. Sin que haya lugar a ordenar el archivo del presente asunto, como lo establece el artículo 196, de la Ley de Amparo, en razón de que la suscrita considera que debe transcurrir el término previsto en el diverso 202, de la ley de la materia, de manera que una vez que se declare firme el presente proveído se ordenará su archivo. Notifíquese, en términos de ley, la presente resolución. Así lo proveyó y firma la magistrada Adela Dominguez Salazar, presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante el licenciado Daniel Méndez Palacios secretario que autoriza y da fe. Notifíquese, en términos de ley, la presente resolución. Así lo proveyó y firma la Magistrada Adela Dominguez Salazar, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante el licenciado Daniel Méndez Palacios secretario que autoriza y da fe. Adela Dominguez Salazar Magistrada Presidenta Daniel Méndez Palacios Secretario
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el oficio de cuenta del índice de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el veintidós de abril del año en curso, en el recurso de revisión 1399/2019, con la que dice dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. 2. Con apoyo en los artículos 196, de la Ley de Amparo, así como 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se ordena dar vista a la parte quejosa, Francisco Ramírez Cervantes, así como a las autoridades terceras interesadas, Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, así como a la Secretaría de Seguridad del Estado de México; con la sentencia recibida para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan ante este Tribunal a imponerse de ella, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto, o bien, sobre el exceso o defecto en tal cumplimiento, apercibidos que de ser omisos, esta Presidencia determinará lo procedente, en términos de la Circular 11/2017-AGP, suscrita por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican el inciso D) de la fracción VI y la fracción XVI, y se deroga la fracción XIV, del punto segundo; se modifica la fracción IV, y se adiciona una fracción V, respecto del punto cuarto; se modifica la fracción I, párrafo primero, y se adiciona una fracción IV, respecto del punto octavo; se modifican el párrafo segundo y la fracción IV, del punto noveno, y se modifican los puntos décimo y décimo tercero, párrafo segundo, del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. 3. Ahora, en razón de que el referido artículo 196, no obliga al órgano de amparo a notificar de manera personal a la parte quejosa ni tercera interesada (o por oficio en el caso de que este último carácter recaiga en una autoridad) la vista otorgada y tampoco la presente determinación se encuentra prevista en las fracciones I y II del artículo 26, de la Ley de Amparo, este acuerdo deberá notificarse a las partes en términos de la fracción III del mencionado artículo 26, a fin de que en el término concedido en el párrafo que antecede, desahoguen la vista ordenada, debiéndose transcribir íntegramente en la lista electrónica que para tal efecto se publique; por tanto, queda a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal el expediente en que se actúa, en el que se encuentra glosada la copia certificada de la sentencia en comento. 4. Para que las partes puedan consultar de la sentencia recibida, en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, deberán generar una cita por medio del sistema "Agenda OJ" en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Cúmplase. Así lo proveyó y firma la Magistrada Adela Dominguez Salazar, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante Daniel Méndez Palacios, Secretario de Acuerdos, que da fe.
- Juicio de Amparo Directo
. se concede a la sección responsable un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que dé total cumplimiento a la concesoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 192 y el diverso 258 de la ley de la materia; y, de estimarlo necesario, este Órgano Colegiado procederá conforme al artículo 262, fracción V, del citado ordenamiento.
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