Francisco Quintero Ramírez
Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Francisco Quintero Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia ********************, interpuesto por el quejoso ********************; y devuelve el original del presente juicio de amparo; queda enterado este Juzgado del único punto resolutivo de dicha ejecutoria y que es del tenor literal siguiente: [.] ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia. [.] En atención a ello, acúsese el recibo de estilo acostumbrado a la Superioridad. Glósese el expedientillo que se formó con motivo de su remisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que al efecto sea necesario ordenar el archivo del presente sumario, dado que mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto estado procesal que guardan los presentes autos; tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que: " [.] A fin de compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, por exigencia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, deberán: 1. Resarcir al quejoso Francisco Quintero Ramírez, tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, deberán pagarle la indemnización correspondiente, equivalente a tres meses de su salario y veinte días por cada año laborado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia consultable bajo el número 2a./J. 198/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 505, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, Materia Constitucional, registro 2013440, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado - en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara". En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. 2. Le paguen al quejoso Francisco Quintero Ramírez, "las demás prestaciones a que en su caso tuviera derecho", las cuales como se vio consisten en la remuneración ordinaria diaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, únicamente desde su despido (diecinueve de febrero de dos mil veintitrés) hasta que se realice el pago correspondiente; incluidos los servicios de salud los que se proporcionarán hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones referidas. 3. Se ordene la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 897, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución. Asimismo, por auto de trece de junio de dos mil veintitrés, se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, hizo del conocimiento que el Ayuntamiento del cual preside, había celebrado un convenio el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, con el hoy quejoso, del cual se advierte le fue entregado un cheque por la cantidad de ********************; remitiendo para tal efecto copia certificada del convenio en cuestión, del cheque mencionado y constancia de recibido de éste; documentales públicas que la suscrita le otorga pleno valor probatorio por su propia y especial naturaleza; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, esta Juzgadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable, Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, se desprende que el Ayuntamiento del Municipio del cual preside, celebró un convenio el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, con el hoy quejoso, del cual se advierte le fue entregado un cheque por la cantidad de ********************; motivo por el cual debe declararse sin materia el aludido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin que obste que aún no transcurre el término otorgado al quejoso con la vista que se le otorgó mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, con las documentales antes mencionada; ya que en el presente juicio de amparo existe un escrito del propio quejoso de fecha trece de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual manifestó que la autoridad responsable, había dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, toda vez que se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno original es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el incidente de inejecución 4/2023, mediante oficio, el presente proveído; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto estado procesal que guardan los presentes autos; tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado determinó conceder la protección constitucional, para el efecto de que: " [.] A fin de compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, por exigencia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, deberán: 1. Resarcir al quejoso Francisco Quintero Ramírez, tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, como de los perjuicios, esto es, deberán pagarle la indemnización correspondiente, equivalente a tres meses de su salario y veinte días por cada año laborado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia consultable bajo el número 2a./J. 198/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 505, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Décima Época, Materia Constitucional, registro 2013440, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no 03/08/24 17:05:05 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.35.d6 ERNESTO ARGUELLO MELGAR dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado - en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara". En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. 2. Le paguen al quejoso Francisco Quintero Ramírez, "las demás prestaciones a que en su caso tuviera 03/08/24 17:05:05 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.35.d6 ERNESTO ARGUELLO MELGAR Incidente de suspensión 294/2023. ??????A???????? derecho", las cuales como se vio consisten en la remuneración ordinaria diaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, únicamente desde su despido (diecinueve de febrero de dos mil veintitrés) hasta que se realice el pago correspondiente; incluidos los servicios de salud los que se proporcionarán hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones referidas. 3. Se ordene la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja de manera injustificada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 897, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución. Asimismo, por auto de trece de junio de dos mil veintitrés, se declaró que la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento del fallo constitucional. Conforme a lo anterior, mediante oficio presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 03/08/24 17:05:05 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.35.d6 ERNESTO ARGUELLO MELGAR Tlaxcala, el Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, hizo del conocimiento que el Ayuntamiento del cual preside, había celebrado un convenio el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, con el hoy quejoso, del cual se advierte le fue entregado un cheque por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.); remitiendo para tal efecto copia certificada del convenio en cuestión, del cheque mencionado y constancia de recibido de éste; documentales públicas que la suscrita le otorga pleno valor probatorio por su propia y especial naturaleza; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, esta Juzgadora Federal procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta de las constancias que remitió la autoridad responsable, Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, se desprende que el Ayuntamiento del Municipio del cual preside, celebró un convenio el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, con el hoy quejoso, del cual se advierte le fue entregado un cheque por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.); motivo por el cual debe declararse sin materia el aludido cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin que obste que aún no transcurre el término otorgado al quejoso con la vista que se le otorgó mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, con las documentales antes mencionada; ya que en el presente juicio de amparo existe un escrito del propio quejoso de fecha trece de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual manifestó que la autoridad responsable, había dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, toda vez que se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio 03/08/24 17:05:05 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.35.d6 ERNESTO ARGUELLO MELGAR Incidente de suspensión 294/2023. ??????A???????? como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), este expediente es conservable. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno original es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física 03/08/24 17:05:05 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.35.d6 ERNESTO ARGUELLO MELGAR del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Ahora bien, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el incidente de inejecución 4/2023, mediante oficio, el presente proveído; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala y el Encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa lo siguiente: "[.] Por medio del presente escrito y bajo protesta de decir verdad venimos a informar que de acuerdo a el auto de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés y que me fue notificado el día siete de agosto del año en curso y que conforme a la ejecutoria de sentencia donde se ordena dar cumplimiento a el fallo protector en favor del C. Francisco Quintero Ramírez, hago de su conocimiento que se ha realizado un CONVENIO el cual se firmó el día ocho de septiembre del presente año, por una parte el H. Ayuntamiento de Zacatelco Tlaxcala representado por la Síndico Municipal y por la otra parte el C. Francisco Quintero Ramírez, documental en la cual se acredita que se dio cumplimiento a la sentencia ejecutoriada en el que se llegó a un acuerdo para el pago de $90.000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.) Anexo copia certificada." [.]" Con lo anterior, dese vista al quejoso para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de ser omiso sobre el particular; este órgano jurisdiccional se pronunciará respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Finalmente, mediante oficio hágase del conocimiento del presente proveído al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el incidente de inejecución 4/2023, lo informado por las autoridades responsables y remítasele copia certificada del convenio que celebraron las autoridades responsables con el hoy quejoso, así como del cheque y la constancia de recibido del mismo; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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