Francisco Pérez Samayoa
Expediente 930/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2017
Partes del expediente
- Francisco Pérez Samayoa
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación. 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales. 3. Director de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal. 4. Director de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal. 5. Encargado de Departamento de Pagos de la Secretaria de Educación. Ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 930/2017-V. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, lo hago consistir en LA ILEGAL ORDEN DE
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación. 2. Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales. 3. Director de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal. 4. Director de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal. 5. Encargado de Departamento de Pagos de la Secretaria de Educación. Ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 930/2017-V. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables señaladas como ordenadoras, lo hago consistir en LA ILEGAL ORDEN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PAGO DE SALARIOS dictada en contra del impetrante de garantías sin que medie un juicio previo en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que se me hayan otorgado mi garantía de audiencia y legalidad en franca violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales, mientras que de las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo la ejecución de la orden de SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PAGO DE SALARIOS dictada por las autoridades responsables, señaladas como ordenadoras". Ahora bien, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; ." De la interpretación gramatical de la última fracción del numeral 61 transcrito, se destaca que su aplicación está condicionada, indefectiblemente, a la acreditación de diverso impedimento legal que se consigne en la propia Ley de Amparo, o en la jurisprudencia que se establezca en términos de lo dispuesto en los artículos 216 y 217 de la ley de la materia, como se sostiene en el criterio publicado en la página 184, tomo IX, enero de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición legal, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que exista ningún dispositivo que impida o prohíba que aquel precepto legal que determine la improcedencia, sea interpretado a contrario sensu.". Asimismo, de la interpretación de los diversos preceptos transcritos, se puede advertir que en el juicio de amparo, el quejoso se encuentra obligado a señalar a o las autoridades responsables, entendiéndose por éstas a las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, a fin de que las mismas sean llamadas y oídas en el juicio de amparo, es decir, para que defiendan la constitucionalidad de los actos que, el gobernado, les tacha de inconstitucionales, porque de lo contrario, el Juez de distrito estaría en imposibilidad de analizar la constitucionalidad del o los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 108, sustentada por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, consultable en la página 69 del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, de contenido siguiente. "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída". También resulta ilustrativa la jurisprudencia 659, emitida por el otrora Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 442 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII en relación con los artículos 11 y 116 fracción III del mismo ordenamiento legal." El criterio señalado destaca que la causa de improcedencia en cuestión opera cuando se advierta que el quejoso no señaló como autoridad responsable a la que haya intervenido en la emisión o dictado del acto que constituye el acto reclamado, y en ese sentido, es improcedente el amparo indirecto, en términos de los citados artículos fracción XXIII del numeral 61 en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de amparo, en virtud de que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de un acto, cuando la autoridad que lo emitió no fue llamada a juicio, supuesto que en la especie acontece. Se afirma lo anterior, pues del contexto integral de la demanda se advierte que la quejosa bajo protesta de decir verdad, refiere que se desempeña como docente frente a grupo de la escuela preparatoria del Estado "Ángel Albino Corzo", situada en la ciudad de Villa Comaltitlán, Chiapas y que reclama de las autoridades responsables Director de Asuntos Estatales de la Secretaría de Educación; Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Laborales; Director de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal; Director de Administración de Personal de la Coordinación General de Administración Estatal y Encargado de Departamento de Pagos de la Secretaria de Educación, la suspensión temporal de pago de salarios. Sin embargo, en un segmento del escrito de demanda precisó: "Misma dependencia que mediante oficio No. ***, de fecha 27 de julio de 2017, me comunica que la Suspensión de mis salarios obedece a la Resolución de fecha 15 quince de febrero de 2015, dictado en el Expediente Administrativo ***, del índice de la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA DE PREVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA". De donde se colige que la suspensión temporal de pago de salarios que reclama como acto destacado, es una consecuencia de la resolución de quince de febrero dos mil quince, emitido en los autos del expediente administrativo ***, por la Dirección de Responsabilidad de la Subsecretaría Jurídica de Prevención de la Secretaria de la Función Pública. Los cuales no fueron señalados como acto y autoridad responsable -ordenadora-, respectivamente. Por lo anterior, al no haber señalado la parte quejosa al Director de Responsabilidad de la Subsecretaría Jurídica de Prevención de la Secretaria de la Función Pública, quien emitió la resolución de quince de febrero dos mil quince, dictada en los autos del expediente administrativo ***, no obstante que el propio demandante del amparo confiesa que la suspensión de pago de la que se duele deriva de la misma, es inconcuso que no puede ser objeto de estudio de manera autónoma el acto consistente en dicha suspensión de pago, toda vez que no se señala como acto reclamado destacado a la antedicha resolución ni como responsable al Director de Responsabilidad de la Subsecretaría Jurídica de Prevención de la Secretaria de la Función Pública que la emitió, y en esa medida se actualiza la causa de improcedencia invocada. Avala la consideración anterior, la jurisprudencia VII.A.T. J/6, con número de registro 202332, tomo III, junio de 1996, novena época, materia común, visible en la página: 738, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Así como la diversa tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que aparece publicada en la página 608 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, de la Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo". Y la tesis III.2o.P.36 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 2329 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, de la Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." Consecuentemente, al advertirse en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XVIII del numeral 61 en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Asimismo, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad y autorizando en términos restringidos que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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