Francisco Pérez Gómez

Expediente 671/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
671/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2016

Partes del expediente

  • Francisco Pérez Gómez
  • Francisco Pérez Gómez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa V-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Pérez Gómez, se realizó por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, misma que surtió efectos el veintiséis siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del veintisiete de abril al tres de mayo de esta anualidad; descontando el treinta de abril y uno de mayo, por inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que en este expediente se desechó la demanda de amparo, se estima que es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que en el mismo la parte quejosa reclamó la orden demolición de una parte de su casa, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Pérez Gómez, contra actos del síndico municipal de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca, que hace consistir en la orden de demolición de una parte de su casa que se encuentra en las calles de Francisco I Madero, número seis del municipio de San Bartolomé Quialana, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Contra dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que hace inejercitable la acción constitucional, porque el justiciable consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del ordenamiento legal en cita. El primero de los preceptos en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. En concordancia con lo anterior, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Conforme a la transcripción anterior, tenemos que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, por regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así, podemos concluir válidamente que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, como se expuso, el impetrante reclama del síndico municipal de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca, la orden de demolición de una parte de su casa que se encuentra en las calles de Francisco I Madero, número seis del municipio de San Bartolomé Quialana, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Asimismo, en su libelo de amparo refiere bajo formal protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dicho acto el once de diciembre de dos mil quince, cuando el síndico municipal de San Bartolomé Quialana, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, lo mandó traer y le informó que con base en una inspección que realizó, determinó que su construcción se encontraba invadiendo sesenta centímetros de la calle de Centenarios o Francisco I Madero y como consecuencia le ordenó que demoliera la parte que invadía la calle desde el cimiento hasta la tercera planta, acto que sometió a una asamblea, misma que ya autorizó tirar su casa, aun cuando se trata de una propiedad privada. Al respecto cabe precisar que acorde a lo manifestado por el propio quejoso en su escrito de demanda, se advierte que de forma personal se le hizo saber la orden de demolición de la casa que aduce es de su propiedad, lo que se reitera manifiesta bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el once de diciembre de dos mil quince. De lo expuesto, se advierte la certeza de que la ahora parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate, por lo menos desde el once de diciembre de dos mil quince, fecha en que señala le fue notificado la demolición de la casa que aduce es de su propiedad. En efecto, el momento en que la parte promovente de esta instancia, tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones; por tanto, en el momento en el que al ahora quejoso se ostentó sabedor de la orden de la demolición de la casa que aduce es de su propiedad; acto que ahora estima violatorio de derechos humanos y por tanto, esa fecha es la que debe tomarse como base para el cómputo del plazo que establece el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo será de 15 días y acorde al diverso precepto 18, se contará desde el siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, consistente en la demolición de la casa que aduce es de su propiedad y que reclama en esta instancia, bastando que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Por tanto, como quedó determinado bajo total protesta de decir verdad confiesa que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el once de diciembre de dos mil quince. Entonces, si el impetrante presentó la demanda de amparo origen de este juicio, ante la oficina de correspondencia común a los juzgados de Distrito en la ciudad de Oaxaca, hasta el catorce de abril de dos mil dieciséis, es obvio que trascurrió con exceso el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues éste se computa del quince de diciembre de dos mil quince, al seis de enero de dos mil dieciséis; de ahí que entre la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de demolición de la casa que aduce es de su propiedad dictada por el síndico municipal de San Bartolomé Quialana, Tlacolula, Oaxaca y la fecha de presentación de la demanda sobrevinieron más de quince días, lo cual implica el consentimiento tácito del acto reclamado y que ahora pretende combatir en esta instancia, lo que actualiza la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XIV, del artículo 61, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a Francisco Pérez Gómez, pues el análisis de la causal de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír acuerdos y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo e imponerse de los autos al licenciado Francisco Ramos Méndez y a los restantes que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones sin las demás facultades que confiere dicho artículo toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho únicamente aparece registrada cédula a nombre del primero de los referidos autorizados, no así de los restantes. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el quejoso y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Consulta expediente electrónico. Se hace del conocimiento de la parte que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Ley de transparencia. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe. MESA AMPARO V-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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