Francisco Parra Pérez

Expediente 1307/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1307/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Francisco Parra Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que, mediante oficio y anexo signado por el Director Jurídico Contencioso de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del recaudador de rentas de dicha secretaría, ante este órgano jurisdiccional el veintinueve de septiembre del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Consecuentemente, por auto de treinta de septiembre de la anualidad que transcurre, se dio vista a la impetrante del amparo con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin embargo, dicho plazo transcurrió en exceso, sin que realizara alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veintidós de julio de dos mil diecinueve, se aprecia que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, así como el remanente de $280.00 pesos excedente del pago por inscripción de préstamo hipotecario; ambos, realizados con sustento el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $280.00 y $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitidos ante este juzgado federal el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia. Consecuentemente, mediante comunicado suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la resolución emitida el catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión número 669/2019, del índice del tribunal colegiado en cita, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que se confirmó la citada resolución. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en el presente y en el futuro; y, B) Devolverle a la impetrante del amparo única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos, moneda nacional) y el diverso remanente de $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional) que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de crédito hipotecario e impuesto adicionales; cantidad que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por el ente responsable el veintinueve de septiembre del año en curso, informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución por medio de transferencia electrónica de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por la cantidad de $13,600.48 (trece mil seiscientos pesos, con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, ahora si al monto que erogó la parte quejosa de $13,637.44 (trece mil seiscientos treinta y siete pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional), se le resta las cuotas mínimas a pagar esto es $290.00 (doscientos noventa pesos, moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), por cada inscripción efectuada por la parte quejosa, así como el cargo de $152.00 (ciento cincuenta y dos pesos, moneda nacional), por cancelación de inscripción, respectivamente, los cuales no fueron materia de concesión del amparo. Luego, la cantidad erogada por la parte quejosa, menos los conceptos descritos, nos da la cantidad de $12,915.44 (doce mil novecientos quince pesos, con cuarenta y cuatro centavos, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve y la autoridad responsable mediante transferencia electrónica de veinticuatro de septiembre del año en curso, devolvió la contribución reclamada a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende de mes de abril del año próximo pasado al mes de agosto de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero del año actual entre el índice del mes de abril del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil veinte, fue de 107.867 y para el mes de abril del dos mil diecinueve, de 103.531, de la división de dichos factores, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.041881175686509. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $13,456.36 (trece mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, con treinta y seis centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización respecto de la cantidad motivo de concesión es de $540.92 (quinientos cuarenta pesos, con noventa y dos centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $13,456.36 (trece mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos, con treinta y seis centavos, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $13,600.48 (trece mil seiscientos pesos, con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $144.52 (ciento cuarenta y cuatro pesos, con cincuenta y dos centavos, moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $13,600.48 (trece mil seiscientos pesos, con cuarenta y ocho centavos, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Director Jurídico Contencioso de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría y anexo que acompaña, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el Director Jurídico Contencioso de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría y anexo que acompaña, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, signado por **, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de la Comunidad de Nueva Villa de San Blas, Nayarit, parte quejosa y anexo, a través de los cuales interponen recurso de revisión en contra de la determinación de cuatro de septiembre del año en curso (fojas 505 a 507); en consecuencia, con fundamento en el arábigo 86 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por interpuesto el aludido medio de impugnación. Luego, en cuanto a la obligación que impone a los Jueces de Distrito los ordinales 84 y 89, ambos de la Ley de la Materia y de acuerdo a las características del caso concreto, conllevan a sostener que la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la determinación dictada en este juicio constitucional es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, además, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que los actos reclamados se hicieron consistir en: La omisión de dictar resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia emitida en el juicio agrario 11/1993 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con sede en esta ciudad; y otro. En las relatadas condiciones, con sustento en el numeral 89 de la actual Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase el mismo dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al Órgano de Control Constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que se continuarán todas las actuaciones correspondientes. **

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