Francisco Padilla Ruelas

Expediente 80/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
80/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Padilla Ruelas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiuno de febrero de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los presentes autos para obrar como corresponda, el escrito presentado por el quejoso Francisco Padilla Ruelas; en atención a su contenido, se acuerda: Téngase por cumplidos los requerimientos que se le hicieron por auto de seis de febrero en curso, reiterado en proveído de quince siguiente. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113, de la ley en cita, establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso Francisco Padilla Ruelas, reclama del Juez Primero del Ramo Civil de la capital, el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en que en su carácter de heredero reconocido, lo requiere para que dentro del término de diez días, entregue voluntariamente el inmueble ubicado en Avenida Morelos, número setecientos cincuenta y tres, Colonia Centro en Zacatecas, que forma parte del caudal hereditario y del que se autorizó su venta judicial mediante interlocutoria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, apercibiéndolo que en caso de no cumplir dicho requerimiento, se procedería en vía de ejecución forzosa. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De la literalidad del precepto legal transcrito, se despende sin dificultad que el juicio de amparo es improcedente cuando el gobernado previo a acudir a este medio extraordinario de defensa no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, en virtud del cual pueda modificarlo, revocarlo o confirmarlo, es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente contra actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo. De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que dentro del juicio sucesorio intestamentario 178/2012, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de la capital, promovido por el ahora quejoso, el albacea solicitó autorización para la venta de un inmueble que forma parte del caudal hereditario, lo que fue autorizado mediante interlocutoria de nueve de febrero de dos mil dieciséis. El ahora quejoso, fue reconocido como heredero dentro del mencionado juicio; es quien habita en el inmueble cuya venta fue autorizada por la autoridad responsable; por ende, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable ordenó requerirlo para que dentro del término de diez días, entregue voluntariamente el inmueble ubicado en Avenida Morelos, número setecientos cincuenta y tres, Colonia Centro en Zacatecas, que forma parte del caudal hereditario y del que se autorizó su venta judicial, apercibiéndolo que en caso de no cumplir dicho requerimiento, se procedería en vía de ejecución forzosa. Acto reclamado. Se afirma que en la especie se actualiza la causa de improcedencia a estudio, si se atiende a que el acto reclamado, consistente en el auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, en que la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Civil de la capital, requiere al ahora quejoso para que dentro del término de diez días, entregue voluntariamente el inmueble ubicado en Avenida Morelos, número setecientos cincuenta y tres, Colonia Centro en Zacatecas, que forma parte del caudal hereditario y del que se autorizó su venta judicial mediante interlocutoria de nueve de febrero de dos mil dieciséis, apercibiéndolo que en caso de no cumplir dicho requerimiento, se procedería en vía de ejecución forzosa, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo, toda vez que antes de solicitar la protección federal, debió el quejoso agotar el medio de defensa ordinario previsto para tal efecto, como en el caso, el recurso de revocación previsto en el artículo 367, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, que dispone: "Artículo 367. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles. Medio de defensa el anterior, que tiene por objeto confirmar, corregir o reponer los actos que lo motiven; recurso que el quejoso estaba obligado a agotar por haber tenido intervención en el juicio natural como heredero reconocido, al haber advertido las irregularidades de que ahora se duele; por lo que al no haberlo hecho así, vulneró uno de los principios rectores del juicio de garantías, como lo es, el de definitividad, pues a los Tribunales de la Justicia de la Unión, se debe acudir cuando ya no existe algún medio de impugnación o recurso, mediante el cual se pueda modificar o revocar el acto que se reclama. Máxime que en el caso, no nos encontramos en las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado, no es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política Mexicana, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; tampoco consiste el acto reclamado en orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue libertad bajo caución o se establezcan los requisitos para su disfrute, el acto reclamado no decide sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. El quejoso, es heredero reconocido dentro del juicio sucesorio intestamentario 178/2012 del que deriva el acto reclamado, por ende, no es persona extraña al procedimiento de origen; tampoco nos encontramos en los supuestos que menciona el último párrafo de la fracción en consulta, en virtud que en el caso, el acto reclamado ni el recurso que debió agotar, están sujetos a interpretación adicional ni su interpretación legal es suficiente para determinarla. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis publicada en la página seiscientos cincuenta, tomo XIII, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO HAY QUE AGOTARLOS PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que cuando se alegan substancialmente violaciones a las garantías constitucionales, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, toda vez que en éstos no puede desarrollar los conceptos de violación con toda la eficacia que puede invocarlos en el juicio de garantías; también es cierto que cuando el tema de las cuestiones de derecho planteadas se refieren a problemas de legalidad y el tema de inconstitucionalidad es planteado indirectamente a través de la llamada garantía de legalidad o bien cuando las violaciones a esta garantía se hacen valer de manera accesoria o secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios. Sostener lo contrario, llevaría a la práctica inaceptable de que por el hecho de señalar en la demanda de amparo la violación a un precepto constitucional, se eludiría el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtúandose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional". Sentado lo anterior, y una vez acreditada la causa de improcedencia en análisis, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Padilla Ruelas, por su propio derecho, con sustento en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con lo dispuesto por el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Adriana Salazar Orozco, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Padilla Ruelas, por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de seis de febrero en curso. Sin embargo, dígase a la promovente que no ha lugar a tener por cabalmente cumplido el requerimiento efectuado mediante el citado acuerdo, toda vez que si bien, señaló el nombre y domicilio de los herederos reconocidos dentro del juicio sucesorio intestamentario del que derivan los actos reclamados, así como del albacea de dicha sucesión, omitió indicar el estado procesal que guarda el mencionado juicio sucesorio, incluyendo la etapa en que se encuentra el mismo. Por tanto, dígase al promovente que continúa transcurriendo el término otorgado por auto de seis de febrero de esta anualidad, para que dé cumplimiento a la prevención decretada en el referido auto y destacada en este acuerdo. Reitérese al promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento en el término indicado en el citado proveído, se tendrá por no presentada su demanda. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, publicada en la página ciento treinta y tres, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO."

  4. Principal

    Visto; el escrito de demanda presentado por Francisco Padilla Ruelas, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil de la capital, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 80/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito se advierte que presenta irregularidades, pues la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional doliéndose del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 178/2018, que requiere al quejoso para que en el término de diez días hábiles, entregue voluntariamente la casa habitación ubicada en Avenida Morelos número setecientos cincuenta y tres, en Zacatecas, capital; sin embargo, omitió precisar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Por tanto, con apoyo en el citado numeral 114, en relación con el 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con la obligación que le impone la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, y lleve a cabo la narración de los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias del acto que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa; es decir, deberá narrar entre otras cosas: Quiénes son los herederos reconocidos dentro del Juicio Sucesorio intestamentario 178/2018, del que deriva el acto reclamado. Nombre y domicilio actual y correcto de la persona que funge como Albacea dentro del mencionado juicio sucesorio. El estado procesal que guarda el mencionado juicio, incluyendo la etapa en que se encuentra el mismo. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. Isabel García Hernández; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Avenida Morelos número setecientos cincuenta y tres, zona centro, en Zacatecas, capital.

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