Francisco Ortiz Urban

Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
131/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Francisco Ortiz Urban

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del once de febrero pasado, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que sin resolver el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibido que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. En el entendido de que dicha entrega se realizará únicamente los días viernes, dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, y previa cita en términos del acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, tendrá que llevar a cabo las medidas sanitarias necesarias para la pandemia que prevalece. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán México, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 131/2022-IV. Ahora, el quejoso reclama la resolución del veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 288/2021, mediante la cual el juez de origen confirmó el diverso del seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que no le acordaron de conformidad lo peticionado (perfeccionar una prueba), toda vez que el periodo para desahogar pruebas había fenecido. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. De dichos preceptos se obtiene que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República, por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el no perfeccionar una prueba constituye una violación procesal, la cual únicamente hasta el dictado de la sentencia, se podrá apreciar si trascendió y afectó al quejoso; e incluso, podrá estar en la posibilidad de reclamarlo hasta el amparo directo que en su caso y oportunidad se llegue a promover en contra de la sentencia que haya resuelto en definitiva el señalado juicio de origen, en caso de que dicha sentencia sea adversa a sus intereses, al así estar establecido en los diversos preceptos 171, primer párrafo y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Materia Común, Novena Época, página 1303, con el siguiente rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia número Igualmente cobra aplicación la jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Octubre de 2001, Materia Civil, Novena Época, página 1060, cuyo título es: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO." Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las notificaciones mediante lista electrónica que se publica por este juzgado federal, en virtud de que el quejoso señala un correo electrónico, toda vez que en la ley de amparo no contempla la figura de correo electrónico. Únicamente se adquiere conocimiento del correo electrónico que proporciona para establecer contacto en caso de que este Juzgado de Distrito lo considere necesario. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, por lista electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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