Francisco Ortiz Rivera
Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Ortiz Rivera
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por la Fiscal Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, con sede en Xalapa, Veracruz, y anexo; atento a su contenido, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto al contenido del oficio de mérito, habida cuenta que ya se recibió dicha información vía correo electrónico (oficios con números de registro 2310 y 2424), empero, sí se tienen por recibidas las constancias adjuntas al oficio de cuenta, pues con éstas se acreditan las gestiones que se encuentra realizando en la investigación número 1269/2013/I/VER-12 y acumulada 1293/2013/I/VER-12, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Francisco Ortiz Rivera; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 83/2023 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 575/2011, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Décimo Octavo Distrito Judicial, Tierra Blanca, Veracruz, en el que dicho juzgado determinó como extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra de la resolución del incidente de oposición en contra del inventario y avalúo formulado, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la cual le fue notificada el nueve de mismo mes y anualidad. Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Para justificar lo anterior, procede traer a contexto el aludido numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." (.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS JUICIO DE AMPARO 83/2023 3 b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa (idóneo), dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. También se obtiene del citado numeral que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, es decir, que opera un caso de excepción, en las siguientes hipótesis: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En consonancia con lo anterior, procede señalar que ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para verificar la procedencia de un recurso, debe atenderse a la norma vigente al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. Lo anterior se aprecia de la jurisprudencia 95/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004849, de rubro y texto siguientes: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.- La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS JUICIO DE AMPARO 83/2023 5 excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." En el caso del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz vigente, el artículo 525 contempla las hipótesis contra las que procede el recurso de queja, entre las cuales, en su fracción III incluye la denegada apelación, cuya tramitación se regula en el numeral 527 del mencionado código, como se aprecia del contenido de dichos preceptos que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 525 El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el juez que se niegue a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante; II.- Respecto de los autos dictados en ejecución de sentencia; III.- Contra la denegación de apelación; IV.- En los demás casos fijados por la ley." "(REFORMADO, G.O. 8 DE ENERO DE 2016) ARTÍCULO 527 El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante el mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o, en su caso, a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior, dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. En todo momento se estará a lo siguiente: I. De proceder el Recurso de queja, se pondrá a vista de la contraparte en caso de que sea un juicio contencioso para que, dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia; y II. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título." En efecto, contra la denegada apelación procede el recurso de queja, el cual resulta idóneo para combatirlo, porque puede tener como resultado que el recurso sea 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS admitido, que es lo que pretende el apelante, y además, contempla la intervención de la contraparte, al establecer que debe concedérsele vista para que manifieste lo que a su interés legal convenga y señale constancias para su tramitación. Por tanto, si se reclama una determinación emitida en un juicio ordinario civil del Estado de Veracruz, en la que se declaró que no procedía proveer de conformidad un recurso de apelación, dicho auto es impugnable a través del citado recurso de queja y, por ende, este debe ser agotado antes de acudir a la vía constitucional. No se soslaya la tesis VII.1o.C.4 C (10a.), visible en la página 2695, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2001997, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIA LA INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN, EN CONTRA DEL AUTO DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENERLO POR AGOTADO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 403/2011, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 57/2012 (10a.), de rubro: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).", interpretó el contenido de los artículos 709, fracción III y 711 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, y determinó que acorde a la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición era idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen y, por ello, no se requería su interposición contra la resolución del Juez que rechaza el recurso de apelación, para tener por satisfecho el principio de definitividad, contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; por tanto, considerando que la redacción de los artículos 525, fracción III y 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que reglamentan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, en lo que importa, es similar a la de los citados preceptos de la legislación procesal civil del Estado de Baja California, que interpretó la Primera Sala, entonces, por idéntica razón, la resolución de la Sala responsable que rechaza el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia definitiva en juicios civiles, no necesita 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS JUICIO DE AMPARO 83/2023 7 ser reclamada mediante el recurso de queja por denegada apelación contenido en el referido artículo 525, fracción III, para tener por satisfecho el principio de definitividad, previsto en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, atento a que en su trámite no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente." (El énfasis es añadido) Sin embargo, en dicho criterio se partió de la premisa de que en el trámite del recurso de queja no se preveía la participación de la parte contraria al recurrente antes de resolver, lo cual era así conforme al texto del citado artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que imperó hasta antes de las reformas contenidas en el decreto publicado el ocho de enero de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial del Estado, y dicho numeral era del tenor siguiente: "ARTÍCULO 527 El recurso de queja en contra del Juez, se presentará ante él mismo, dentro de los dos días que sigan al acto reclamado. Dentro del término de tres días de interpuesto el recurso, el juez de los autos remitirá a la Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia o en su caso a su superior inmediato, informe con justificación, acompañando al mismo copia legible de las constancias conducentes; recibido éste, el superior dentro del tercer día, decidirá lo que corresponda. De proceder el recurso en el caso de la fracción III del artículo 525, en la resolución se dispondrá que el inferior admita y tramite la apelación conforme a las reglas contenidas en el Capítulo Primero de este Título." Como se observa de lo expuesto, en el citado decreto de reformas que entró en vigor al día siguiente de su publicación, como se aprecia de su artículo transitorio primero1 , se introdujo en el trámite del recurso de queja, la intervención del contrario en forma previa a su resolución, otorgándole la posibilidad para que dentro del término de dos días, manifieste lo que a sus intereses convenga y señale constancias para su substanciación en segunda instancia, por lo que actualmente la eficacia del recurso de queja contra la denegada apelación ya no resulta limitada de origen, y en esa tesitura la queja contra denegada apelación se torna de tramitación necesaria para los efectos de observar el principio de definitividad. 1 "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado." 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS No obstante, la aplicación del mencionado criterio a cada caso particular dependerá de la norma que resulte aplicable de acuerdo con la fecha del acto reclamado, pues como quedó precisado, la disposición legal aplicable en materia de recursos es la imperante al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. De ahí que cuando el auto que deniegue tramitar una apelación se emita con posterioridad al ocho de enero de dos mil dieciséis, será exigible que sea impugnado a través del mencionado recurso de queja antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 575/2011, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Décimo Octavo Distrito Judicial, Tierra Blanca, Veracruz, en el que dicho juzgado determinó como extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el aquí promovente en contra de la resolución del incidente de oposición en contra del inventario y avalúo formulado, de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la cual le fue notificada el nueve de mismo mes y anualidad. Sin embargo, al tenor de las premisas expuestas, contra esa decisión judicial procedía el recurso de queja previsto como medio ordinario de defensa en la fracción III del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual resulta idóneo para revocarla, y como aquella fue emitida el treinta de enero de dos mil veintitrés, el precepto que le resulta aplicable es el que se encuentra vigente desde el nueve de enero de dos mil dieciséis, conforme al cual se le da intervención a su contraparte, lo cual permite que sea exigible el agotamiento del citado recurso antes de acudir al juicio constitucional. 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS JUICIO DE AMPARO 83/2023 9 Además, no se advierte que se actualice alguno de los supuestos de excepción señalados anteriormente, ya que la parte quejosa no es extraña al procedimiento, y el acto reclamado: a) No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, ni un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; c) No es un auto de vinculación a proceso. d) La procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional pues claramente lo contempla la norma vigente al momento de la emisión del acto reclamado y su fundamento legal es suficiente para determinarla. En tales condiciones, al no haber agotado la parte quejosa el medio ordinario de defensa existente contra la determinación que señaló como acto reclamado, es patente que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS improcedencia. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el escrito de demanda de derechos fundamentales. 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS JUICIO DE AMPARO 83/2023 11 Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nallely Berenice Bravo Raygoza, pues acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través del registro de su cédulas profesionales en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así como en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "cag670603hnemxb02" para que las notificaciones de los acuerdos correspondientes a este expediente se realicen vía electrónica a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. Ahora, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico vía internet mediante el portal de Servicios en línea implementado por el Consejo de la Judicatura Federal como parte del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en la página: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/; el cual le permite el acceso en línea a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en toda la República Mexicana, así como a las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación. 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "cag670603hnemxb02", para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, téngasele por señalados el correo electrónico y número telefónico que indica, los cuales se utilizaran únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué 28/05/25 10:14:43 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.35.33.35.30.34 YONAJI NURIA JUAREZ RIVAS JUICIO DE AMPARO 83/2023 13 documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente.
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