Francisco Ortíz Blanco

Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
55/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Francisco Ortíz Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio 5862/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, del que se advierte que se avocará al conocimiento para conocer del juicio de amparo 109/2018 de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio 4158/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el que remite por incompetencia legal el juicio de amparo 109/2018, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por FRANCISCO ORTIZ BLANCO contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese expediente de amparo con el número que le corresponda. Pues bien, analizadas las razones que sustenta la autoridad oficiante, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que no se comparte su criterio, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. De la lectura de la demanda de amparo de que se trata, se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión, y/o reaprehensión y/o presentación y/o localización girada en su contra y su ejecución. Primeramente, cabe destacar lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De dicha disposición se desprenden tres reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a decir: 1) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que la Ley Reglamentaria se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. No obstante lo anterior, en el segundo párrafo del numeral legal en análisis, en lo conducente, quedó manifiesta la intención del legislador en el sentido de facilitar al quejoso el acceso a la administración de justicia, en la medida en que, cuando el acto pueda ejecutarse en más de un distrito, le permite optar por presentar su demanda de garantías ante cualquiera de los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en dichos distritos; y todavía con mayor amplitud, al posibilitar que la instancia de garantías se entable ante cualquier juzgador de amparo si el acto no requiere ejecución material, lo que pone en evidencia que, acorde con las reglas contenidas en la legislación de la materia vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, se prescindió de atender al lugar de residencia de la autoridad responsable emisora del acto, como un factor para fincar la competencia del órgano judicial de amparo. En este contexto, resulta palpable que las posibilidades del quejoso para acudir al juzgador que conocerá de la demanda se ven limitadas cuando el acto reclamado conlleva ejecución material y, en caso contrario, o sea, cuando no amerite ejecución, no habrá restricción territorial, por lo que el afectado podrá hacerlo ante cualquier resolutor de amparo, sin importar el lugar donde resida; lo anterior, en la inteligencia que cuando el acto, por su naturaleza, sea susceptible de ejecutarse en más de un distrito, tampoco se estableció restricción territorial alguna. Así, se insiste, la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado, de ahí que el texto del mismo debe aplicarse e interpretarse de manera literal. Ahora bien, en el caso a estudio, es inconcuso que el acto reclamado requiere ejecución material, pues se trata de la orden de aprehensión y/o reprehensión y/o localización y/o presentación librada contra el quejoso. Bajo este tenor, por la naturaleza de la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o presentación y/o localización, es jurídica y materialmente factible que la misma puede tener ejecución en más de un distrito, esto es, al menos, en cualquier parte del territorio del Estado de Oaxaca, en la medida en que es de explorado derecho que tal mandamiento se emite con la finalidad de privar legalmente de su libertad deambulatoria al gobernado contra el cual se dicta, y dicha ejecución se concretiza una vez que éste es detenido materialmente, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde aquél pueda localizarse. Se comparte al respecto, por su sentido y alcance, la tesis aislada XV.1o.33 P emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página mil trescientos cinco, Tomo XXIV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil seis, Novena Época, con registro 173817 que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO TRATÁNDOSE DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN CUYA EJECUCIÓN MATERIAL PUEDE SER EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA EN QUE SE ENCUENTRE EL INCULPADO. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA RELATIVA, A PREVENCIÓN, A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE ESAS JURISDICCIONES. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los Juzgados de Distrito, como en el caso sería las pertenecientes a la Procuraduría General de la República, que es a la que corresponde ejecutar las órdenes de aprehensión de su competencia, a través de la Policía Judicial a su cargo y de sus auxiliares, de conformidad con el artículo 196 del Código Federal de Procedimientos Penales, resulta evidente que una orden de aprehensión puede tener ejecución material dentro de cualquier parte de la República en que se encuentre el inculpado, por ser de aquellos actos que, por su naturaleza, requieren de ejecución material, por tanto, será competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de Distrito de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." En este tenor de ideas, es válido concluir que en la especie se configura la primera hipótesis prevista en el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo previamente transcrito, pues el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito; por tanto, es inconcuso que si la demanda de amparo se presentó primigeniamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Oaxaca de Juárez, correspondiendo conocer de la misma al Juez Tercero de Distrito en el Estado, en cuya jurisdicción es material y jurídicamente posible que se ejecute tal acto, este último órgano jurisdiccional es el competente para conocer del asunto, por haber sido el juzgador que previno. Es así, pues conforme a lo ya establecido no es la ubicación del domicilio particular del quejoso ni la residencia de las autoridades responsables la que determina la competencia de los Juzgados de Distrito, sino la naturaleza del acto reclamado (aprehensión y/o reprehensión y/o localización y/o presentación) siendo en el caso susceptible de ejecutarse en más de un distrito, de conformidad con el numeral 228 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que establece: "Artículo 228.- Cuando la aprehensión deba verificarse en distinta jurisdicción de la del Tribunal que conoce del proceso, pero dentro del Estado el Agente del Ministerio Público que solicitó la aprehensión comunicará la orden relativa al Procurador General de Justicia a fin de que este funcionario ordene a la autoridad que corresponda, la localización y aprehensión del inculpado. Este mismo procedimiento se seguirá, cuando se ignore el paradero del inculpado. En los casos de urgencia, tanto los Agentes del Ministerio Público como el Procurador General de Justicia, podrán hacer uso de la vía telegráfica o telefónica". Como puede advertirse de este precepto legal, si bien es cierto que, inicialmente, una orden de aprehensión se transcribe al agente del Ministerio Público de la adscripción para que proceda a la ejecución de la misma; también es verídico que si la orden de captura debe llevarse a cabo en un lugar distinto, pero dentro del Estado de Oaxaca, la ejecución puede realizarse por autoridades que no residan en el lugar de emisión de dicha orden, ya que se comunica al Procurador General de Justicia del Estado, actualmente Fiscal General del Estado, para que éste ordene a la autoridad que corresponda, la localización y aprehensión del inculpado. Apoya a la anterior decisión, la jurisprudencia 2a./J. 2/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo I, abril de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella." En esa tesitura, contrario a lo argumentado por el juez declinante por el simple hecho de que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia en la plaza territorial donde este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca ejerce jurisdicción, ello no implica que en esta jurisdicción se vaya ejecutar el acto reclamado pues como ya quedó de manifiesto el acto reclamado puede tener ejecución en cualquier parte del territorio del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo establecido en el precepto legal transcrito y conforme al criterio fijado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del este circuito en el conflicto competencial 41/2017, máxime que como lo señaló el Juez declinante en el oficio de cuenta de la demanda de amparo no se advierte el domicilio particular del quejoso, por lo cual dicho acto reclamado puede tener ejecución en cualquier parte del Estado de Oaxaca. En las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase al Juez declinante el juicio de amparo 109/2017, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por FRANCISCO ORTIZ BLANCO contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza y otras autoridades, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tienen por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona el quejoso en su escrito de demanda Notifíquese por lista únicamente a la parte quejosa, toda vez que no tiene señalado domicilio en esta ciudad para tal efecto. II-A

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