Francisco Ortega Gutiérrez
Expediente 598/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Ortega Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA II B Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiere hecho valer recurso alguno en contra del auto de seis de mayo del año en curso (fojas 246 a 250), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. Mediante oficio que se gire a los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, devuélvasele la copia certificada del toca penal 850/2013 de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado; con los que se formó el cuaderno de pruebas tomos I (foja 32).
- Incidental
MESA II B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de tres de junio de dos mil catorce (fojas 44 a 48), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de diecinueve de marzo pasado, respecto a la vista relativa al cumplimiento que las autoridades responsables dieron a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso Francisco Ortega Gutiérrez, sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, de oficio, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que mediante sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, se concedió al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que los Magistrados y Juez integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejara insubsistente la resolución pronunciada el cuatro de abril de dos mil catorce, en el toca penal 850/2013, por la que confirmó el auto de formal prisión que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, dictó en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto por el artículo 213, y sancionado por el diverso 212, ambos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, cometido en perjuicio de patrimonial de la Agencia Municipal de San Juan Sosola, Municipio de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca, en la causa penal 55/2013 y, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva, que podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso. Concesión que se hizo extensiva respecto al acto de ejecución reclamado al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento, al no haberse reclamado por vicios propios. " (.) Ahora bien, no obstante que la Sala responsable precisó los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado en estudio, y efectuó una relación y transcripción de los elementos de prueba que obran en autos, no fundó ni motivó adecuadamente su resolución. - - - pues no indicó claramente cómo las pruebas existentes en autos determinan que se acreditan cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito indicado, previsto por el artículo 213, y sancionado por el diverso numeral 212, ambos del Código Penal del Estado de Oaxaca. (.) Al margen de lo anterior, también queda en evidencia que la Sala responsable relacionó entre los medios de prueba con los que tuvo por acreditado el cuerpo del delito de peculado en estudio, la denuncia presentada por Jacobo Hernández Durán y Herlinda García Vásquez, mediante escrito, el dieciséis de enero de dos mil ocho, y ratificada por Herlinda García Vásquez, en diligencia efectuada el tres de noviembre de dos mil diez, ante el agente del Ministerio Público de la Mesa Cuatro de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica adscrito a la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado- - -(.) a la cual otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigentes en el Estado, al cumplir con los requisitos exigidos por los diversos 8° y 9° del citado ordenamiento legal; sin embargo, omitió exponer las razones por las cuales consideró que la denuncia presentada por Jacobo Hernández Durán, cumple con los requisitos establecidos, además, por el artículo 10 del citado código adjetivo. (.)Asimismo se advierte que la Sala responsable tomó en consideración el dictamen de avalúo de veinticinco de noviembre de dos mil once, suscrito por Michell Gabriel Cuevas, perito oficial contable adscrito al Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado(.) al cual le otorgó valor probatorio indiciario en términos de los dispuesto por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales vigente(.) sin embargo, omitió señalar las razones por las cuales consideró que el mismo cumple con todos los requisitos que para ello exigen los numerales 396 y 403 del código adjetivo citado. (.) la citada Sala responsable, en relación con la prueba consistente en el oficio 214-2/SJ-5420621/2013 de veintiuno de febrero de dos mil trece, suscrito por Humberto Ríos Ruiz, director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (.) determinó que ésta alcanzaba valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 355, fracción I, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, al tratarse de copias debidamente certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, de conformidad con el diverso numeral 356, fracción II, del citado ordenamiento legal (.) omitió exponer con claridad las razones por las cuales considera que la copia simple del oficio que se adjuntó a la comunicación señalada, así como las documentales que en copia simple se acompañaron a la misma, relativas al estado de cuenta número 0157476574, a nombre del Municipio de San Jerónimo Sosola, Oaxaca, aperturada el dieciocho de septiembre de dos mil siete, y a la tarjeta de firmas donde aparecen los nombres de las personas autorizadas para realizar movimientos en dicha cuenta, alcanzan tal valor probatorio. En otro orden, por lo que se refiere a la probable responsabilidad del imputado FRANCISCO ORTEGA GUTIÉRREZ, la Sala responsable sostiene que ésta se acredita en términos del artículo 11, fracción III del Código Penal para el Estado de Oaxaca, como coautor, toda vez que conjuntamente con otra persona, cometió el hecho ilícito.- - Sin embargo, si bien destaca en este apartado como elementos de prueba para justificar lo anterior, la denuncia presentada por Jacobo Hernández Durán y Herlinda García Vásquez; fe de documentos; realizada el treinta de diciembre de dos mil diez; fe de documentos efectuada el cinco de enero de dos mil once; dictamen de avalúo de veinticinco de noviembre de dos mil once; el oficio 20-8111-331-2009 signado por el ingeniero Humberto Aldaz Hernádez; declaraciones de los testigos de cargo Aurelio Hernández, Jacobo Hernández Durán, Ángel Avendaño López, Gabriel Velasco Pérez, y Cirino Juan Vásquez Sosa; diligencia de traslado e inspección ocular en el lugar de los hechos; oficio 20-8111-116-2012; oficio 214-2/SJ--5420621/2013; oficio SGG/SSGDP/DARAM/290/2013 (.) incurrió en la misma violación formal con relación a la valoración relativa a la denuncia, dictamen en contabilidad y oficio 214-2/SJ--5420621/2013 de veintiuno de febrero de dos mil trece (.) omitió exponer los razonamientos suficientes que justifiquen porqué tales elementos de prueba demuestran la probable responsabilidad del coinculpado en la comisión del ilícito de peculado que se le reprocha, cuál fue la conducta específica que le correspondió ejecutar, y qué conducta les correspondió realizar en lo individual a cada uno de los copartícipes (.) no obstante que la Sala responsable afirma que las citadas probanzas fueron valoradas en lo individual y en su conjunto, en términos del numeral 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca -prueba circunstancial-; omitió explicar cómo es que los destacados elementos probatorios se concatenan entre sí, de manera lógica y natural, es decir, cómo acreditan de manera directa el hecho a probar, o bien cómo completan algún dato o despejan alguna incógnita y, por ende, resultan aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad del coinculpado en la comisión del delito de peculado, olvidando establecer cuál fue la conducta específica que asumió el inculpado en el hecho que se le atribuye, para así conocer su exacta intervención, a fin de que esté en posibilidad legal de defenderse adecuadamente. En otro aspecto, se conoce que la Sala responsable al ocuparse de las pruebas ofrecidas por el ahora quejoso durante la etapa de preinstrucción, respecto al dictamen pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía emitido por Raúl Marroquín Peral (...) señaló que éste no podía adquirir valor probatorio alguno por no existir otra prueba pericial que lo corrobore, pues no se trata de una prueba colegiada; sin embargo, omitió señalar el fundamento legal que le permite determinar lo anterior, no obstante que está obligada a expresar los fundamentos y motivos por los que, en su caso, niega o concede valor probatorio a las probanzas que obran en autos. Mediante acuerdo de diez de febrero del año en curso (fojas 152 a 153), se requirió a los Magistrados y Juez Integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a ello, por oficio 090 la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes remitió copia certificada de la resolución emitida el once de febrero de dos mil quince, en el toca penal 850/2013 de su índice. Por su parte, el Juez Penal de Primera Instancia, con residencia en la Villa de Etla, Oaxaca, a través del diverso oficio 1519, envió copia certificada del acuerdo dictado el doce de marzo pasado en la causa penal 55/2013 de su registro, en la que tuvo por recibida la resolución de once de febrero citado, dictada por la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes al resolver el toca penal 850/2013 derivado del referido procesado penal. Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento a la misma, se advierte que el Juez Penal de Primera Instancia, con residencia en la Villa de Etla, Oaxaca, en proveído de doce de marzo de dos mil quince, tuvo por recibida la resolución de once de febrero pasado, dictada por la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el toca penal 850/2013, y además informó que en su carácter de autoridad ejecutora se abstuvo de cumplir cualquier determinación dictada por la superioridad al resolver el citado toca penal. Por otra parte, del análisis de la citada resolución de once de febrero pasado, emitida por la Sala responsable, se aprecia que el referido órgano colegiado dejó insubsistente la diversa de cuatro de abril de dos mil catorce y, con plenitud de jurisdicción, dictó otra en la que nuevamente confirmó el auto de formal prisión emitido el veintiuno de octubre de dos mil trece, por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en la causa penal 55/2013 de su registro contra el quejoso Francisco Ortega Gutiérrez, como probable responsable en la comisión del delito de peculado, cometido en perjuicio patrimonial de la Agencia Municipal de San Juan Sosola, municipio de San Jerónimo Sosola, Etla, Oaxaca. Asimismo, que dentro del apartado correspondiente al cuerpo del delito en estudio, la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, expuso las razones por las que considera que los medios de prueba existentes en autos, adminiculados entre sí, apreciados en su conjunto y por su enlace lógico-natural, devienen jurídicamente aptos y bastantes para tener por demostrados los elementos del cuerpo del delito de peculado. También, que le restó valor probatorio a la denuncia presentada por Jacobo Hernández Durán, mediante escrito el dieciséis de enero de dos mil ocho, al no haber sido ratificada en autos. Por otro lado, en relación al dictamen de avalúo de veinticinco de noviembre de dos mil once, suscrito por Michell Gabriel Cuevas, perito oficial contable adscrito al Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que expresó las razones por las que considera que cumple con los requisitos exigidos por los numerales 396 y 403 del Código de Procedimientos Penales del Estado. También, en relación con la prueba consistente en el oficio 214-2/SJ-5420621/2013 de veintiuno de febrero de dos mil trece, suscrito por Humberto Ríos Ruiz, Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señaló que la misma alcanza el valor probatorio de indicio porque es copia simple del oficio que se adjuntó a la información aportada por BBVA BANCOMER, S.A, y fue emitida por particulares sin intervención de notario público, ni autoridad legalmente autorizada. En otro aspecto, por lo que se refiere a la probable responsabilidad del imputado FRANCISCO ORTEGA GUTIÉRREZ, la Sala responsable determinó que ésta se acreditó en términos del artículo 11, fracción III del Código Penal para el Estado de Oaxaca, como coautor y para robustecer tal criterio señaló los medios probatorios que le permitieron arribar a tal conclusión y cómo es que éstos se concatenan entre sí para acreditar su afirmación. Asimismo, subsanó los vicios formales que se le destacaron respecto a las pruebas citadas en el apartado relativo al cuerpo del delito y que señaló para corroborar la probable responsabilidad. Además, respecto al dictamen pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, ofrecida como prueba del inculpado, precisó que ésta no adquiere valor probatorio toda vez que no es una prueba colegiada, pues solamente fue emitida por un perito por lo que dicho medio probatorio no es suficiente para tener por cierto que en la época de los hechos el inculpado Francisco Ortega Gutiérrez, ya no fungiera como tesorero. En tales condiciones, como la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó sin efecto la resolución de cuatro de abril de dos mil catorce, pronunciada en el toca penal 850/2013, y en su lugar emitió otra, siguiendo los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo; asimismo, el Juez responsable ordenó estarse al contenido de la determinación dictada por la superioridad al resolver el citado toca penal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Glósese a los autos para los efectos legales consiguientes, la copia con firma autógrafa del oficio número 819.036.1016 suscrito por el Jefe del Centro de Atención al Público de Correos de México, con residencia en esta ciudad, de la que se advierte que en atención al oficio número 5818.II-B (foja 240), solicita al Jefe de Administración en Nochixtlán, Oaxaca, el acuse de recibo con número de registro MA041943300MX, relativo al oficio 4702.II-B del índice de este órgano jurisdiccional, dirigido a la tercera interesada Agencia Municipal de San Juan Sosola San Jerónimo Sosola Etla, Oaxaca, por el que se le transcribió el proveído de diecinueve de marzo pasado.
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