Francisco Omar Robles Acosta
Expediente 46/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco Omar Robles Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por FRANCISCO OMAR ROBLES ACOSTA, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el cuerpo de esta resolución y por lo expuesto en los considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado actual de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de uno de marzo del año en curso; a tal virtud, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, como nueva fecha para su celebración. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado por Ricardo Guillermo Aguilar Tonella, autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígase que no ha lugar acordar de conformidad, toda vez que su petición no guarda congruencia con el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, ni con el acto reclamado, el cual consiste en la omisión de dar contestación a una petición, aunado a que el ofrecimiento de dicha inspección no se encuentra ofrecida en los términos que la Ley de Amparo prevé. Finalmente, dígasele que el presente auto no cuenta con efectos para ordenar la liberación de diversos bienes muebles, pues como ya se dijo, no debe perderse de vista cual es la naturaleza del acto reclamado. A fin de ilustrar lo anterior, se cita la Tesis 2a. XXI/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable a foja 1374, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "DERECHO DE PETICIÓN. SU DIFERENCIA CON RESPECTO AL RECURSO ADMINISTRATIVO.El derecho de petición busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico, mientras que el recurso administrativo, la nulidad o modificación de un acto de la autoridad a través de su impugnación; es decir, el recurso presupone la existencia de un acto administrativo previo que puede ser revisado por la autoridad que lo emitió o en otra instancia, mientras que aquél se limita a solicitar una respuesta determinada. Así, para recurrir una actuación administrativa se requiere de un derecho subjetivo específico; a la vez que el derecho de petición constituye simplemente la posibilidad de todo gobernado de hacer un planteamiento a la autoridad; por tanto, este último no puede sustituir los procedimientos o recursos específicos establecidos para atender ciertas materias, ni constituirse como un medio para la revisión de determinaciones administrativas." NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra por transcurrir el plazo que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Subdelegado Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Baja California, en representación del mismo y del Delegado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, como nueva fecha para su celebración. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis V.2o.P.A.4 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, visible a página mil seiscientos veinte, registro 2005903, cuyo rubro y texto dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe. AAI El suscrito Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).
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