Francisco Omar Macias Ibarra

Expediente 1065/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1065/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Francisco Omar Macias Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    a) Recepción y registro de documentos. Por recibido el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, por el que remite el juicio de amparo 1599/2018 de su estadística judicial, promovido por ***********, en contra de actos atribuidos Juzgado Primero Civil de Partido en Celaya, Guanajuato y otras autoridades. Fórmese el expediente físico y digital. Regístrese con el número 1065/2018 en el libro y sistema correspondientes. b) Análisis de la competencia planteada. En ese sentido, de la misiva de cuenta, se advierte que el titular del citado órgano jurisdiccional, mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de amparo 1599/2018, declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por **************, al argumentar: Que las autoridades tanto ordenadoras como ejecutora, tienen su residencia en esta ciudad, y por tanto, el acto habrá de ejecutarse en este municipio; y, Que no obstante que el quejoso señaló como su domicilio el ubicado en la ciudad donde reside al autoridad oficiante, al requerir el acto reclamado una ejecución material (orden de embargo), la competencia no debe circunscribirse al lugar del domicilio que señaló el quejoso en su demanda de amparo, dado que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito donde se encuentre el domicilio del quejoso, no puede estimarse que la orden reclamada forzosamente debe ejecutarse en el lugar donde aparentemente señale domicilio el peticionario de la tutela federal, pues podría cambiarlo y signar escritos en diversos lugares. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no tendría ejecución material en ese municipio, el tribunal competente lo es donde radican las autoridades responsables. Para tal efecto invocó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 200455, que dice: COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar" Que al declinarse la competencia se obtiene una impartición pronta y expedita de justicia, dado que al tramitarse la demanda en el lugar de residencia de las autoridades responsables, se tendría mayor rapidez en el juicio. En ese orden de ideas, de forma respetuosa, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada, por las siguientes razones: Del capítulo de antecedentes de la demanda de que se trata, se deprende que los actos ahora reclamados "orden de cumplimiento de algún Auto de exequendo, por medio del cual se me requiere del pago de deuda o embargo de bienes de mi propiedad" y "el cumplimiento que pretende dar", atribuido a las autoridades con residencia en esta localidad, se encuentran directamente vinculados con el diverso juicio de amparo 1043/2018 de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Queretaro, dado que en dicho controversial se señaló como autoridad responsable al juez Primero de Primera Instancia Civil de dicha ciudad, en donde se le reclama el auto de exequendo cuya ejecución se tilda de inconstitucional en el ocurso que ahora se analiza; ambos, evidentemente, emanados del mismo juicio de origen (ejecutivo mercantil 1168/2018), esto es, en la presente demanda reclama la ejecución por parte de las autoridades residentes en esta ciudad, del acto ordenado vía exhorto por el juez Primero de Primera Instancia Civil de dicha ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ****. Ahora bien, respecto de la relación de actos emanados de un mismo juicio, los artículos 45 y 46 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en lo que interesa, a la letra dicen: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello; sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano De lo anterior, se advierten las reglas en que opera el sistema de turno de las oficinas de correspondencia común encargadas de la recepción, registro y turno de los asuntos y promociones de la competencia de los órganos jurisdiccionales; previendo la forma aleatoria, cuando el asunto no cuente con antecedente alguno y relacionada, si al capturar los datos de registro, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, caso en el cual se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Asimismo, se prevé que cuando se turne un asunto a un órgano jurisdiccional y este estime que es a otro al que corresponde por razón de turno por conocimiento previo, el primero lo debe remitir con sus anexos al juzgado que considere debe conocer. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que, previo a la competencia por territorio declinada, deben atenderse primeramente las hipótesis establecidas en los artículos 45 fracción II y 46 fracción II, tercer párrafo del citado Acuerdo, dada la vinculación del presente asunto con el diverso del que ya conoce el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Queretaro, en su progresivo 1043/2018, privilegiando así el principio de continencia de la causa, pues los actos aquí reclamados son la ejecución de los que ya conoce el citado órgano jurisdiccional. Sin perjuicio de ello, es destacable que, si bien, los actos reclamados lo constituyen la "orden de cumplimiento de algún Auto de exequendo, por medio del cual se me requiere del pago de deuda o embargo de bienes de mi propiedad" y "el cumplimiento que pretende dar", atribuido a autoridades ordenadoras y ejecutora con residencia en esta ciudad, lo cierto es que el quejoso señaló como su domicilio el ubicado en calle ***, capital. Esto es, dado que, como bien lo señaló el juez declinante, los actos reclamados son de aquellos que requieren ejecución material; sin embargo, del análisis integro de la demanda de amparo no se advierte dato objetivo alguno que haga presumir que habrán de ejecutarse en este municipio, pues el peticionario no refirió en su libelo inicial por qué atribuye la ejecución a autoridades únicamente con residencia en esta ciudad, esto es, omitió argumentar bajo protesta de decir verdad que los actos habrían de ejecutarse en algún domicilio en esta ciudad. Se insiste, el accionante se limitó a aducir que de la página del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Queretaro, se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia Civil de esa ciudad, dentro del expediente ejecutivo mercantil 1168/2018, instaurado en su contra, observó que se giró un exhorto a esta ciudad; no obstante, de la lectura de la información que transcribe, no se advierte que la autoridad jurisdiccional precitada hubiese mandado un exhorto a su homólogo con residencia en este municipio. Esto es, existe también incertidumbre en este órgano jurisdiccional por qué si el domicilio del quejoso se encuentra en un lugar diverso al de las autoridades responsables, se limitó a señalar como tal para su ejecución el ubicado en calle ****, en Queretaro, capital, y de ser este su único domicilio, por qué no le atribuyó su ejecución a alguna autoridad con residencia en esta localidad. Máxime que refiere que los actos tildados de inconstitucional son en cumplimiento a lo ordenado vía exhorto por el juez Primero de Primera Instancia Civil de Queretaro, capital, dentro del expediente ejecutivo mercantil 1168/2018. Cobra aplicación, por las razones que la conforman, la tesis de jurisprudencia con número de registro 2004166, de rubro y texto, COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables Toda vez que no se aceptó la competencia planteada, mediante atento oficio devuélvase al juzgado oficiante los autos originales del presente juicio de amparo. Solicítese el acuse de recibió correspondiente. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No constituye óbice a lo anterior, el argumento de que al declinarse la competencia se obtiene una impartición pronta y expedita de justicia, dado que al tramitarse la demanda en el lugar de residencia de las autoridades responsables, se tendría mayor rapidez en el juicio; pues, contrario a lo argüido por el oficiante, dado que la justicia pronta y expedita no puede ser justificación para que una autoridad que de acuerdo con la ley es incompetente para conocer y resolver determinado asunto, se convierta en competente, pues aunque la prontitud y expeditez de la Justicia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, no lo es menos el derecho a ser juzgado por un juez competente. De este modo, resultaría incongruente que en nombre de la salvaguarda del derecho humano a la justicia pronta y expedita del sentenciado, se pase por encima de su derecho fundamental a ser sometido a la jurisdicción de juez competente para resolver su procedimiento de ejecución de pena, violándose con ello los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. c) Domicilio. Dado que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado de Distrito con residencia en Queretaro, capital, que por turno conociera de su demanda, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. d) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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