Francisco Oliveros Hernandez

Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
334/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco Oliveros Hernandez
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso a), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese por lista al quejoso.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón, con residencia en Taxco, Guerrero. Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 334/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar el análisis que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si en aquélla existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, para efectos de la disposición normativa invocada, se considera insoslayable precisar lo que se debe entender por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. Cabe apuntar, que el principio de definitividad de actos que provengan de tribunales, material y formalmente jurisdiccionales, establece excepciones que atienden a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y cuando se trate de persona extraña al procedimiento). En la especie, es de indicar que el aquí promovente debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de reconsideración que prevé el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364. A fin de corroborar lo anterior, es necesario transcribir lo dispuesto en el precepto legal citado el cual establece: "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Del artículo transcrito se advierte que el recurso de reconsideración es procedente en contra de los autos que no sean apelables y los decretos. Asimismo, del artículo 140 del citado código, se evidencia que las resoluciones se clasifican de la siguiente manera: "Artículo 140. Clasificación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales son decretos, autos, sentencias interlocutorias, o sentencias definitivas; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio; sentencias interlocutorias cuando decidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del negocio." De la lectura del artículo referido, se observa que la referida legislación civil contempla como decretos, aquellas determinaciones de mero trámite, autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, sentencias interlocutorias cuando decidan respecto a un incidente promovido antes o después de dictar sentencia, y sentencias definitivas aquellas resoluciones que resuelvan sobre el fondo del asunto. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se resalta que en el presente sumario constitucional, la parte quejosa reclama el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual la autoridad responsable ordenó la regularización del procedimiento en el expediente 368/2019-III-F-M, y dejó sin efectos todo lo actuado, hasta la junta de herederos y designación de albacea. En esas condiciones, si se tiene en cuenta la clasificación que hace la legislación civil respecto a las resoluciones judiciales, de ello se colige que se está ante un auto, en virtud de que la autoridad responsable decidió un punto dentro del asunto, es decir, ordenó la regularización del procedimiento en el citado expediente y dejó sin efectos todo lo actuado, hasta la junta de herederos y designación de albacea; por lo que ante dicha actuación, resulta procedente la interposición del recurso de reconsideración contemplado en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364. Aunado a lo anterior, cabe precisar que para determinar la procedencia del recurso de reconsideración, el propio código invocado debe establecer si contra aquél auto es procedente el recurso de apelación. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia procede desechar de plano la demanda de amparo. El anterior pronunciamiento no implica la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; no menos cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Por tanto, en el caso que nos ocupa, no es posible dejar de atender lo previsto el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, así como el artículo 63, del ordenamiento legal en cita, toda vez que son cuestiones relativas a la procedencia del juicio de amparo, la cual es una institución por la que, los órganos jurisdiccionales federales se encuentran impedidos para examinar si el acto reclamado es constitucional o no. Domicilio. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano de control constitucional, por tanto, practíquense por tal medio las notificaciones respectivas. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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