Francisco Noé González Ramírez

Expediente 1928/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1928/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Francisco Noé González Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Intégrese el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, por medio del cual acusa recibo del oficio 42377/2017, así como de los autos originales del juicio de amparo 1928/2017-I-B, e informa que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por este juzgado, registrando la demanda con el número de amparo indirecto 17/2018. Por lo anterior, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que este órgano jurisdiccional declinó competencia legal a diverso Juzgado por razón de territorio; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Francisco Noé González Ramírez; regístrese bajo el número 1928/2017-I-B. COMPETENCIA. Ahora, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declina la competencia del presente asunto, por lo siguiente: La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que el promovente señala como actos reclamados: ".IV. Actos reclamados..la orden de aprehensión, arraigo, mandamiento, citatorio y/o presentación en su contra, así como su ejecución.". Entonces, se puede concluir que el promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material. Asimismo, bajo protesta de decir verdad el quejoso señaló como su domicilio el siguiente ".interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, con domicilio carretera Jiménez Chihuahua, kilómetro 30, Predio Santa Clara, Ejido 6 de Octubre, 35101 Gómez Palacio, Durango.". Además, afirmó que se encuentra recluido en ese lugar, y que el día quince de diciembre del año en curso, se presentaron elementos de la Procuraduría General de la República intentando cumplimentar supuestas órdenes de aprehensión en su contra. Por tanto, es inconcuso que los actos reclamados deberán tener ejecución material en el lugar señalado por el quejoso como su domicilio, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, con sede en Gómez Palacio, Durango; lo anterior, en virtud de que en dicho centro de reclusión tiene su domicilio el quejoso y es donde físicamente podría ser localizado; por tanto, el juez competente para conocer de dichos actos es aquel que tiene jurisdicción donde se traten de ejecutar los actos reclamados. Sin que en la especie, importe que el quejoso haya señalado, con el carácter de autoridades responsables ordenadoras, con domicilio en la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción; así como, que el resto de responsables tengan domicilio en la Ciudad de México; lo anterior, en virtud a que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado, es inconcuso que su ejecución se efectuará en el lugar en que se encuentra privado de su libertad el quejoso y no uno diverso. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181369, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida.". En este orden de ideas, es evidente que este órgano de control constitucional, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde pueden llevarse a cabo actos de ejecución respecto a los actos reclamados. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el señalado en el proemio de su demanda, esto es, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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