Francisco Navarrete Serna y Otros.

Expediente 770/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
770/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • José Francisco Navarrete Abraham y Otros.
  • Francisco Navarrete Serna
  • Francisco Navarrete Serna y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos el escrito de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir a su costa la copia certificada que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos.

  2. Incidental

    MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO EL AUTO DE UNO DE SEPTIEMNBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESAA. III. Agréguese en autos el primer oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso con el cual este Juzgado rindió informe justificado y remitió original y copia del escrito de expresión de agravios, copias certificadas del presente juicio de amparo; así mismo, que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintiséis de agosto pasado, el cual quedó registrado con el número Q.P. 105/2016. Por otra parte, agréguense a los autos el oficio mediante el cual la Secretaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución relativa al recurso de queja Q.P. 105/2016; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese recibo. Ahora bien, de la lectura de la resolución emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de queja Q.P. 105/2016, en los siguientes términos: ".ÚNICO. Es fundada la queja.". En ese sentido, se procede a dar cumplimiento a lo ordenado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en los siguientes términos: El trámite del presente incidente de suspensión, así como, los recursos que en el mismo se interpongan se tramitarían conforme a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo décimo transitorio, último párrafo, del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado el dos de abril de dos mil trece. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora, a efecto de estar en condiciones de proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, es conveniente establecer que de la interpretación de la fracción I, del artículo 124, en relación con el 131 de la Ley de Amparo abrogada, la medida cautelar procede a petición de parte, y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos que lo solicite la parte quejosa. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª/J.111/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, Tomo XVIII, correspondiente el mes de diciembre de dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, de epígrafe y contenido siguientes:Sobre esa base, es dable precisar que la parte quejosa, peticionó la medida cautelar provisional para que la autoridad responsable se abstenga de ejercer acción penal en la AVERIGUACIÓN PREVIA **En estrecha vinculación con lo anterior, este órgano de control constitucional estima necesario atender al contenido del artículo 124, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, a saber: Que la suspensión sea solicita por el agraviado; Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Además, que de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de paralizarse. En ese sentido, en virtud de que los quejosos solicitan la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que el representante social responsable no determine la averiguación previa y toda vez que se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 130 en relación con el diverso 124 de la ley de la materia abrogada, dado que los peticionarios de amparo lo solicitan expresamente; además, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución del acto se causaría al promovente daños y perjuicios de difícil reparación, SE CONCEDE A FRANCISCO NAVARRETE SERNA y JOSÉ FRANCISCO NAVARRETE ABRAHAM LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para que la autoridad ministerial responsable no ejerza acción penal en contra de los quejosos (en caso de ser procedente) o determine el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/342/2015, hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la indagatoria. Lo anterior es así, ya que estimar lo contrario, esto es, si se permite que se determine la indagatoria antes citada, operaría un cambio de situación jurídica, haciendo improcedente el juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables. Finalmente, por lo que respecta al legajo de copias del presente incidente de suspensión que fue remitido al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para la substanciación del recurso de queja de mérito, procédase a su destrucción por ser innecesaria su conservación.

  3. Principal

    MEAS III.- Agréguense a los autos los escritos de cuenta presentados por los quejosos Francisco Navarrete Serna y José Francisco Navarrete Abraham, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que acompañan, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al llevarse a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, respecto a la devolución de las documentales que acompañan los quejosos, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanseles previo cotejo y certificación que se haga de dichos documentos, con la respectiva identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos; en el entendido, que para no distraer las labores sustantivas del juzgado, el horario establecido es de diez a doce horas. Para lo cual deberán exhibir copia simple legible de los mismos, para su cotejo; toda vez que en las copias que acompaña no se advierte claramente el sello que contienen las originales. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por los quejosos Francisco Navarrete Serna y José Francisco Navarrete Abraham, mediante el cual solicitan la suspensión de los actos reclamados en el presente juicio de amparo; por tanto, se provee: INCIDENTE DE SUSPÉNSIÓN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con dos copias del escrito de demanda; así como, del diverso de cuenta, se ordena tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, por así haber sido solicitado la parte quejosa.

  4. Incidental

    MESA III.- En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta propia fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 770/2016-III-A, promovido por Francisco Navarrete Serna y José Francisco Navarrete Abraham, contra del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y otra autoridad; se forma por duplicado el incidente de suspensión, respecto de los actos reclamados consistentes en: Por cuanto hace al quejoso Francisco Navarrete Serna: 1. LA OMISIÓN DE CONTESTAR LOS ESCRITOS PRESENTADOS EL VEINTISÉIS DE JUNIO, SEIS Y TRECE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA ***, LO QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE DEFENSA. Atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 2. LA OMISIÓN DE CONTESTAR LOS ESCRITOS PRESENTADOS EL NUEVE, ONCE, QUINCE Y DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA *** LO QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE DEFENSA. Reclamado al Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Por cuanto hace al quejoso José Francisco Navarrete Abraham: 1. LA OMISIÓN DE CONTESTAR LOS ESCRITOS PRESENTADOS EL TRECE Y DIECINUEVE DE JULIO, NUEVE, ONCE, DIECISIETE Y DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA ***, LO QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE DEFENSA. Atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138 y 139, de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que queden notificadas de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a las responsables que de no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados, como lo dispone el artículo 142, de la ley de la materia y se sancionará a la omisa con multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 260, del ordenamiento citado. Lo anterior es así, ya que los plazos en el incidente de suspensión corren de momento a momento y las notificaciones surten efectos para las autoridades responsables desde que quedan legalmente hechas, por ello ese plazo se computa a partir del momento de la notificación y concluye a las cuarenta y ocho horas siguientes, de esa manera, se privilegia la disposición de que los plazos para tramitar el incidente de suspensión se computen en la forma indicada. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para el desahogo de la audiencia incidental. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN A efecto de estar en condiciones de proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación del artículo 128, en relación con el 138, de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos que lo solicite la parte quejosa. Sobre esa base, se atenderá a la medida cautelar solicitada respecto a la solicitud de que la autoridad responsable se abstenga de ejercer acción penal en la AVERIGUACIÓN PREVIA ***. Al respecto, a fin de que este órgano de control constitucional se pronuncie respecto a la solicitud de la parte quejosa relativa a la obtención de la suspensión provisional de los actos reclamados, debe puntualizarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, a saber: a) Que la suspensión sea solicitada por el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, que de conformidad con la naturaleza del acto reclamado, sea susceptible de suspenderse. En ese tenor, este Juzgado estima que es improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, en razón de que implicaría desconocer una de las exigencias que prevé el numeral 128, de la Ley de Amparo, para otorgar la medida paralizante, a saber, vulnerar el interés social y contravenir disposiciones de orden público. Al respecto, el vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia, cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 128, de la Ley de Amparo. Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. Bajo esa perspectiva, el interés social se refiere a aquellos aspectos relacionados con las necesidades generales de la sociedad y que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que si una situación específica afecta o beneficia a la colectividad, existe interés social. Mientras que las disposiciones de orden público son aquellas que se emiten para regular aspectos en que se ve interesado el Estado, como puede ser su actuación pública o la regulación de alguna rama social de trascendencia en el desarrollo de la sociedad y en la cual ésta se ve interesada en su aplicación. En esa línea de pensamiento, otorgar la medida cautelar para que la responsable no consigne la averiguación previa, hasta en tanto se resuelva el presente juicio, implicaría trastocar el orden público y el interés social, ya que el artículo 21, de la Constitución Federal, impone al Ministerio Público a investigar y consignar los hechos constitutivos de delitos, en tanto que la sociedad se encuentra interesada en que se cumpla con ese mandato constitucional, lo que no se cumpliría si se concede la suspensión para el efecto de que no se consigne la indagatoria correspondiente. Además si bien la autoridad ministerial tiene como obligación respetar los derechos del inculpado constitucionalmente protegidos -como el derecho de defensa-, también goza de la facultad de seguir el curso de investigación que estime conveniente para cumplir con la obligación que le es reconocida en la Carta Magna, específicamente en el artículo 21, conforme al cual le corresponde ejercer la acción penal ante los tribunales, si así lo estima procedente, de manera que paralizar este acto de autoridad a través de la suspensión de uno diverso, además de desbordar la litis suspensional, contravendrían disposiciones de orden público. Al caso resulta ilustrativa la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIV, Materia Penal, página 4433, que dice: CONSIGNACIÓN A LAS AUTORIDADES DEL ORDEN PENAL, CONTRA ELLA PROCEDE LA SUSPENSIÓN. Si se reclama en amparo la consignación que se manda hacer del quejoso a la autoridad del orden penal, la suspensión debe negarse, puesto que la sociedad está interesada en la investigación de los delitos, y si las autoridades designadas como responsables, consideran que se ha cometido un hecho delictuoso, lo procedente es que, para deslindar, responsabilidades, se abra la averiguación penal respectiva, y ésta no puede causar perjuicio alguno de difícil reparación al quejoso, y en cambio, sí se causaría a la sociedad, si no se llevara a su debido término esa averiguación, que es de orden público. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Bravo Rojas, en virtud que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas señalas en el proemio del escrito de demanda por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema descrito. Lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberán registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACION DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. En el entendido de que, tratándose de la notificación a la autoridad ministerial señalada como responsable, la actuaria está facultada para realizarla en cualquiera de los turnos y fuera del horario de labores de dicha potestad, y ante la negativa de recibir dicha notificación, deberá proceder en términos del artículo 28 de la ley de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Ahora bien, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir a la parte quejosa copia certificada por duplicado del presente auto, así como, de la suspensión definitiva una vez que se emita, las cuales podrán obtener en cualquier día y hora hábil, previa razón de recibo que se asiente en autos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este incidente de suspensión, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso.

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