Francisco Muñoz Landeros

Expediente 390/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
390/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Francisco Muñoz Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Téngase por recibida la pieza postal que contiene el oficio 28788/2021, dirigido al Comandante Regional de la Policía Investigadora de Delitos en Nazas, Durango, y agréguese únicamente para que obre en autos, toda vez que corresponde a un acuerdo de mero trámite. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, por el que se declaró el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 2 y 81, de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley reglamentaria, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que no exista en autos constancia de notificación de los oficios 25180/2021 y 25181/2021 girados a las autoridades foráneas, Director de la Policía Investigadora de Delitos y agente Investigador del Ministerio Público, ambos residentes en Nazas, Durango, mediante los cuales se les comunicó el sobreseimiento decretado en autos; sin embargo, al no surtirse los extremos del artículo 87, de la ley de la materia, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra la sentencia que afecte directamente el acto reclamado de cada una de ellas, por lo que se estima que tales autoridades no se encuentran en ese supuesto, al haberse sobreseído el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número XX.J/74, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiado del Circuito, Tomo 83, noviembre de 1994, página 84, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibida la pieza postal que contiene el oficio 25180/2021, dirigido al Director de la Policía Investigadora de Delitos en Nazas, Durango, por la causa que obra inserta al reverso de la misma. En tal virtud, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase dicho oficio a dicha autoridad responsable, cuya denominación correcta es Jefe de Grupo de la Policía Investigadora de Delitos en el Sector Nazas, por así desprenderse de su respectivo informe justificado, con residencia en el municipio de Nazas, Durango. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de veinte días concedido al quejoso *****, en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la tercero interesada *****; por tanto, se determina lo siguiente: (. . . ) se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado *****, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado. De ahí que, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso *****, por no haber comparecido al Juzgado personalmente o por medio de sus autorizados, a recoger los edictos, o bien, acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos y, por ende, no publicarse éstos a costa del quejoso, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto. (...) De lo que se colige que el quejoso al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos ordenados y, no manifestar que carezca de recursos económicos para sufragar el costo de aquéllos, ni aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria esa situación, se traduce en una falta de interés, tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente asunto. (...) En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Consecuentemente y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese personalmente.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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