Francisco Moreno Montoya
Expediente 502/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Moreno Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que se pronunciaran al respecto; por tanto, se atiende a los elementos que obran en el expediente, de oficio, se procede a analizar si la sentencia se encuentra o no cumplida. Mediante sentencia de seis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 18 a 25), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil dieciocho. 2. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de atribuciones, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Por acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso, causó ejecutoria la anterior determinación y se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio registrado con el número 9436 (fojas 34 a 43) la magistrada presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informó el cumplimiento del fallo protector, y al efecto remitió copia certificada de la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente ***. De la citada documental se desprende que la autoridad responsable: Dejó insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil dieciocho. En su lugar, dictó otra en la que, con libertad de atribuciones, analizó la totalidad de los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo; con lo que da cumplimiento a los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior se corrobora, con lo expuesto en el considerando cuarto de la resolución de dos de agosto actual, que determinó en lo que interesa: A juicio de los suscritos Magistrados que integran esta Sala Regional del Centro III, los argumentos en estudio resultan infundados, atento a las siguientes consideraciones. Mediante sentencia de 28 de febrero de 2017, se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para que dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quedara firme, la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que: Ahora bien, la autoridad demandada a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, emitió el oficio DPSH/0491/2018 de 7 de febrero de 2018, para dar cumplimiento a la sentencia definitiva (consultable en autos a fojas 255 a 268), en el cual se desglosa el incremento y pago de las cuotas de pensiones otorgadas al actor, desde el 1° de enero de 2009 hasta el 31 de marzo de 2018; de tales consideraciones, esta Juzgadora arriba a la conclusión de que es infundada la queja interpuesta por el demandante, pues la resolución en comento, se advierte que la autoridad realizó el cálculo de los incrementos a la pensión del ahora quejoso, señalando a detalle el procedimiento y elementos empleados para ello, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada en autos. Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza la cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los dos valores fue más alto y entonces aplicarlo para el incremento correspondiente (inciso 2 de los agravios), pues de la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad señala que aplica el mencionado porcentaje en virtud de ser mayor, haciendo para tal efecto una comparación entre el incremento porcentual sufrido por el índice Nacional de Precios al Consumidor, respecto del porcentaje de incremento sufrido por los trabajadores en activo, por lo que lejos de causarle algún perjuicio al actor esto le beneficia. Por otro lado, resulta infundado el señalamiento en contra de la constancia de evolución salarial utilizada por la autoridad (inciso 3 de los agravios), en relación a que los únicos documentos legalmente aptos para poder determinar fehacientemente los porcentajes de aumento otorgados a los trabajadores en activo lo constituyen los tabuladores regionales. Lo anterior resulta así, porque la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad demandada a efecto de conocer los porcentajes de incremento otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo en la plaza en que laboró el actor, utiliza los tabuladores regionales reportados por la Secretaría de Educación de Guanajuato (inciso 4 de los agravios), la dependencia en la cual laboró el ahora actor, los cuales como ya quedó establecido confrontó con los incrementos otorgados de acuerdo al Índice Nacional del Precios al Consumidor; de tal manera que si la actora manifiesta que no fue realizado un cálculo correcto, sin aportar los medios de prueba que lo demuestren, se trata de una simple afirmación sin sustento, máxime que los links electrónicos que señala la actora en su escrito de queja y que manifiesta se debieron tomar en consideración, no se desprende la información que menciona relativo a las cantidades y porcentajes que de debieron aplicar (inciso 8 de los agravios). También resulta infundada la afirmación del promovente, en el sentido de que la autoridad demandada debió justificar que el contenido del documento denominado constancia de evolución (inciso 5 de los agravios), está fundado en los tabuladores regionales respectivos, toda vez que de conformidad con los artículos 81 del Código Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales, por lo que en todo caso correspondía al trece de julio de dos mil dieciocho quejoso, demostrar que el documento denominado constancia de evolución, que sirvió para la emisión de la resolución materia de la queja no está apoyado en los tabuladores regionales respectivos, por lo que no se destruyó la presunción de legalidad de que goza dicho acto. Asimismo, es infundado el agravio del promovente, relativo a que para la determinación de los adeudos y pagos retroactivos que la parte demandada debía realizar, sólo se limitó a cuantificar los aumentos a la cuota diaria de pensión a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con una determinación retroactiva a cinco años, pero omitió realizar una cuantificación ascendente desde la fecha de jubilación hasta la actualidad (inciso 6 de los agravios); esto es así, porque el C. ********** se jubiló el 1° de enero de 2009, tal y como se desprende del documento denominado comprobante de pago del mes de junio de 2016, que obra a folio 101 de autos, por lo que si la resolución materia de la queja se consideraron los aumentos a la cuota diaria de su pensión a partir precisamente del 1° de enero de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2018, resulta infundado que hay realizado una determinación retroactiva a cinco años y omitido efectuar una cuantificación ascendente desde la fecha de jubilación hasta la actualidad. Además resulta infundado lo aducido por el quejoso, ya que correspondía a éste sin que lo haya hecho, demostrar que los incrementos aplicados a su cuota diaria de pensión a que se hace referencia en la resolución materia de la presente queja, no correspondieron a la mayor cantidad o porcentaje, entre el aumento el aumento aplicado al sueldo básico de los trabajadores en activo y el índice nacional de precios al consumidor (inciso 7 de los agravios), porque como quedó establecido con anterioridad, de conformidad con los artículos 81 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la resoluciones y actos administrativos se presumirán legales, siendo a cargo de las personas que en su caso se sientan perjudicados por dicha resoluciones y actos administrativos, a quienes corresponde destruir dicha presunción de legalidad. Asimismo, del análisis a la resolución que provocó la queja, se advierte que las operaciones realizadas por la autoridad se encuentran realizadas correctamente (inciso 9 de los agravios), pues conforme a la formula señalada en la resolución y tomando en consideración las cantidades y porcentajes aplicados, se advierte que los montos que obtuvo la autoridad concuerdan con las operaciones realizadas; asimismo, por lo que respecta al señalamiento relativo al pago de las diferencias, tal como se desprende de la resolución, la autoridad demandada ha pagado correctamente la pensión, pues lo ha realizado con los aumentos correspondientes, existiendo una diferencia a favor del actor por $632.40, por lo que si el accionante consideraba que los cálculos no fueron determinados correctamente, le correspondía la carga de la prueba, sin que obre en autos prueba idónea con la cual el accionante acredite su dicho y por lo tanto, sus argumentos es estudio no constituyen más que meras afirmaciones carentes de sustento legal. Por lo que hace a lo argumentado por el quejoso (inciso 10 de los agravios), esta Juzgadora considera oportuno señalar que en la sentencia definitiva de 28 de febrero de 2017 y en la resolución interlocutoria de 15 de mayo de 2018, se reconoció que el derecho pensionario del C. Francisco Moreno Montoya dio inicio el 1° de enero de 2009, por lo que su pensión se rige por lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado vigente a partir del 1° de enero de 2007, tan es así que en el primero de dichos fallos se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada para que dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quedara firme, la autoridad emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que se calcularan los incrementos de la pensión de manera general de acuerdo con los porcentajes del sueldo básico de los trabajadores en activo, se calcularan los incrementos de la pensión conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor Finalmente por lo que hace al argumento relativo a que la legitimación radica en la imprescriptibilidad del derecho a pedir la revisión del cálculo en cualquier momento (inciso 1 de los agravios), es oportuno señalar que el derecho a reclamar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es imprescriptible, sin embargo, ello no implica que la acción de reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 En esas condiciones, si la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y emitió otra, en la que con libertad de atribuciones, analizó de manera completa los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo con lo que cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, y no se tramitó incidente de suspensión; en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la magistrada presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, anexa copia certificada de la resolución dictada el veintinueve de agosto del año en curso, emitida en el expediente ***. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista y córrase traslado con las constancias recibidas a la parte quejosa y a la autoridad tercera interesada -mediante oficio-, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; una vez transcurrido dicho plazo se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
- Principal
Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Por ende, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la siguiente forma: Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil dieciocho. 2. En su lugar, dicte otra en la que, con libertad de atribuciones, analice de manera congruente y exhaustiva los conceptos de agravio expuestos en el escrito de queja respectivo. Lo anterior en el término de tres días, en el entendido de que deberá allegar a esta instancia las constancias con las que lo acredite; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, remítase a la autoridad responsable los dos tomos de pruebas que allegó a su informe justificado, consistente en el expediente ***
- Principal
A sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de la magistrada presidenta de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 12627/2018 con que fue notificada de la sentencia dictada en el presente asunto; así mismo, solicita la devolución del juicio de nulidad que anexó como apoyo a su informe justificado. Atento a lo peticionado, dígase a la oficiante que dichas constancias le serán devueltas una vez que cause firmeza legal el fallo pronunciado en el juicio de amparo en que se actúa.
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