Francisco Morales Solís
Expediente 836/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Morales Solís
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan el presente asunto y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Notifíquese..."
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia de la ciudad y puerto de Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 836/2023-VI que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de control correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se advierte el reclamo constitucional es: La diligencia que ordena el lanzamiento por practicarse en su contra, en el bien inmueble ubicado en ********** en la ciudad y Puerto de Veracruz, ordenada en el Juicio Ordinario Civil **********, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, narra: Fue demandado por ************, para que le hiciera entrega material del bien inmueble ubicado en ************ en la ciudad y Puerto de Veracruz, en su calidad de arrendatario del mismo, por lo que se radicó el Juicio Ordinario Civil número ********** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. Al seguirse la secuela procesal se dictó sentencia condenatoria a efecto de que hiciera entrega material del inmueble al arrendador. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado en una de sus salas. Consecuentemente interpuso amparo directo que a su vez fue desechado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó se le hiciera un requerimiento -del que desconoce contenido, pues refiere no ha sido notificado-. Al acudir ante el juzgado responsable para conocer el estado procesal actual, el titular de la mesa de trámite le indicó que estaba ordenado el lanzamiento, sin mencionarle la fecha en que se practicaría. Precisa nunca haber sido requerido personalmente en su domicilio para desocupar el inmueble de referencia. Sin que pase inadvertido que finalmente el impetrante de derechos humanos señala nunca haber sido emplazado a juicio y que desconoce el estado procesal del mismo. Sin embargo, resulta patente la parte peticionaria se duele medularmente de la orden de lanzamiento emitida en el expediente origen y el defecto de su notificación. Confiesa con toda claridad haber interpuesto apelación contra la sentencia e incluso amparo directo. Medios que resultaron, según manifiesta, desfavorables a sus intereses. Ahora, conforme al acto y narrativa anterior se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI (aplicada en sentido contrario), de la Ley de Amparo. La parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. Pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Está incluido en este concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o la que lo fue incorrectamente. Siempre y cuando exista sentencia. Si no se ha dictado ésta, no se le puede atribuir dicho carácter en la medida que tienen la posibilidad de acudir al juicio a defenderse. Cobra aplicación la jurisprudencia 646 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 719 del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Novena Época, con número de registro 1002712, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE... De la narrativa bajo protesta de decir verdad de los antecedentes se observa el quejoso tuvo pleno conocimiento de la demanda interpuesta en su contra. El conocimiento del juicio natural -al cual se apersonó- le permitió imponerse de los autos para saber el estado procesal en que se encontraba y las resoluciones que se emitieron en el mismo. Así como hacer valer medios ordinarios e incluso juicio de amparo directo, en favor de la defensa a sus intereses, que no interpuso la parte actora pues la sentencia recurrida fue favorable a sus pretensiones. Así, se demuestra fehacientemente tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda. Lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia citada en párrafos precedentes. En otro aspecto, en relación con la orden de lanzamiento, la cual -conforme a la narrativa de hechos-se emitió en razón de que en el juicio (en el que se demandó la entrega material del bien inmueble del cual es arrendatario) adquirió firmeza la sentencia condenatoria dictada, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del primero de los artículos de mérito, se colige que la enumeración de hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es ejemplificativa y no limitativa. Por lo que se puede actualizar una diversa al relacionarse con algún precepto de esa propia legislación o por disposición constitucional. Asimismo, que el amparo procede ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es menester que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Pudiendo impugnarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Al respecto, el precepto 107, fracción IV, de la ley de la materia establece que por "última resolución" ha de entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O bien, las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo expuesto se obtiene que la causa de improcedencia invocada determina que las resoluciones dictadas después de concluido el juicio, esto es, en el período de ejecución de sentencia, con el propósito de ejecutar la cosa juzgada (en el caso restituir al propietario en el goce del bien dado en arrendamiento), no son combatibles a través del juicio de amparo, en razón de que se pretende evitar abusos en la promoción del juicio de amparo. Hipótesis que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias. Las cuales, por razones de interés social no se pueden entorpecer o dilatar por mandato expreso y categórico del artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo anterior implica, a contrario sensu, si se trata de actos de un tribunal judicial emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no sean la última resolución. Por tanto, resulta evidente que la orden de lanzamiento no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen de conformidad con lo expuesto en los párrafos que anteceden. No se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. O las que ordenan el archivo definitivo del expediente... A mayor abundamiento, no se deja de advertir en el caso concreto el acto reclamado consiste en un auto (veintisiete de marzo de dos mil veintitrés) emitido dentro de juicio -etapa de ejecución-, en el que el juez de conocimiento ordenó el lanzamiento del ahí demandado en el inmueble donde es arrendatario, y que el aquí impetrante de amparo refiere no le fue notificado. Contra ese defecto en la notificación que aduce, la parte quejosa debe promover el medio ordinario de defensa establecido en la normatividad que rige el acto reclamado por el que se puede revocar, modificar o nulificar el auto que le genera perjuicio. Porque existen procedimientos específicos establecidos en una ley ordinaria aplicable, los cuales deben agotarse previo a instar la acción constitucional (principio de definitividad). En el caso, el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz prevé la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones. Lo que en todo caso actualiza la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna... DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".
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