Francisco Morales Pozos

Expediente 522/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
522/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Francisco Morales Pozos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación de catorce de octubre de la presente anualidad, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de catorce de octubre de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de cinco de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: "(.) Consecuentemente, ya que las autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, transgredieron el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, en perjuicio del quejoso, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que dejen insubsistente la boleta de veintiuno de mayo de dos mil veinte, por la que se le impuso un arresto por veinticuatro horas, como correctivo disciplinario. En la inteligencia de que la protección de la Justicia Federal, se hace extensiva respecto de la ejecución de la boleta precisada en el párrafo que precede, al ser fruto de un acto viciado, motivo por el cual también deberá dejarse insubsistente; ello, en términos de lo que dispone la jurisprudencia visible en la página 280, del volumen 121-126, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro siguiente: «ACTOS VICIADOS. FRUTOS DE». (.)" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: a) Dejen insubsistente la boleta de veintiuno de mayo de dos mil veinte, por la que se le impuso un arresto por veinticuatro horas, como correctivo disciplinario. En la inteligencia de que la protección de la Justicia Federal, se hace extensiva respecto de la ejecución de la boleta precisada en el párrafo que precede, al ser fruto de un acto viciado, motivo por el cual también deberá dejarse insubsistente; ello, en términos de lo que dispone la jurisprudencia visible en la página 280, del volumen 121-126, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro siguiente: «ACTOS VICIADOS. FRUTOS DE».. En desahogo a lo anterior, mediante oficio presentado el dos de octubre de dos mil veinte, el Director de Supervisión y Seguimiento de Denuncias, por ausencia del Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México, remitió el siguiente documento. Oficio identificado con el número SSC/DGAI/DSSD/7976/2020 de veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos de la ejecutoria de amparo y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que acreditó haber dejado insubsistente la boleta de arresto con número de folio 0256 veintiuno de mayo de dos mil veinte, por la que se le impuso un arresto por veinticuatro horas, como correctivo disciplinario y con ello quedaron sin efectos todas las consecuencias legales y jurídicas contenidas en la misma. Así, con dicha documental en proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; notificación que fue realizada por lista el seis de octubre de dos mil veinte; sin que hiciera pronunciamiento alguno al respecto. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. N

  3. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Supervisión y Seguimiento de Denuncias, por ausencia del Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México, por el cual aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que intenta dar la autoridad vinculada a la ejecutoria de amparo y, en caso de así considerarlo, se pronuncie en relación con dicho cumplimiento, si existe exceso o defecto en la ejecución del fallo protector. Apercibida que, en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se acordará lo que en derecho corresponda con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada. Por otra parte, y toda vez que de la lectura del oficio remitido en sobre cerrado, con el cual la autoridad responsable pretende dar por cumplida la sentencia de amparo, se advierte lo siguiente: "[.] De conformidad con los artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción III, 3, 9, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCDMX), los Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados de sus titulares, frente a su uso, sustracción, divulgación, ocultamiento, alteración, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado. Por lo que el indebido uso por parte de las personas servidoras públicas respecto de los datos personales que con motivo de su empleo, cargo o comisión tengan bajo custodia, será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCDMX previstas en su artículo 127 fracciones III y VI. [.]" Asimismo, se debe precisar que el hecho de que la autoridad clasifique como confidencial la información remitida, no implica que no deba darse a conocer a las partes que intervienen en este juicio, pues, en el primer caso, las únicas personas que tienen acceso a esa información son precisamente aquellas que tienen el carácter de parte en el proceso constitucional en que se actúa. Ahora, los datos que se advierten de la lectura de las documentales que nos ocupa son del propio quejoso; por consiguiente, debe darse a conocer a las partes que intervienen en el presente juicio, pues tienen derecho a consultar las actuaciones, así como las pruebas ofrecidas; máxime que en el presente expediente sólo tienen acceso las partes que intervienen en el mismo, y NO ASÍ EL PÚBLICO EN GENERAL (TERCEROS), y al ordenar el resguardo de la información que se recibe, se estaría evitando el acceso a la misma, de modo que las partes no podrían controvertirla ni alegar lo conducente. Atento a lo anterior, se ordena glosar a los presentes autos la información remitida por la autoridad oficiante con el oficio que se provee. Robustece lo anterior, el hecho de que los presupuestos previstos en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede considerase como una regla absoluta como se desprende de la tesis de jurisprudencia y tesis aisladas que se transcriben a continuación: Tesis P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, del mes de diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva". Tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, del mes de febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernadosequivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos". Finalmente, atento a lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala.

  4. Principal

    ** ...agréguese a los autos el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa. Se apercibe. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad oficiante a las personas que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones.

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