Francisco Mora Nuño

Expediente 1501/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1501/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Mora Nuño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, que negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el mismo se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso. Asimismo, se hace constar que no obra en autos documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva; en tal virtud, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2742/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver el presente juicio de amparo 1501/202-VIII, promovido por Francisco Mora Nuño, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el trece de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Francisco Mora Nuño, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a la tercera interesada, así como dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto en materia penal con ejecución en esta entidad, que es donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtienen los siguientes actos reclamados: 1) La calificación de legal de la detención y retención de la parte quejosa, de tres de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad de Mérida, en la causa penal 60/2022. 2) La determinación dictada en audiencia de tres de junio de dos mil veintidós, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a que alude el numeral 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3) El auto de vinculación a proceso emitido en dicha causa por el Juez responsable, el ocho de junio del año en curso, contra el quejoso por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó la autoridad responsable, al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el audio y video de las audiencias de tres y ocho de junio de dos mil veintidós, de las cuales este juzgado obtuvo acceso por medio del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la opción "expedientes electrónicos relacionados", que fue puesto a disposición por el Juez responsable, lo anterior con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse ingresado en citado sistema electrónico bajo la fe de un funcionario público del Poder Judicial de la Federación en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 3, fracción VII y 95 del citado Acuerdo General 12/2020, en relación con los artículos 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de las audiencias donde consta la calificación de legal de la detención, la imposición de la medida cautelar y la vinculación a proceso del quejoso. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, pues en términos del 3, fracción VII, del citado Acuerdo General 12/2020, los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tienen el mismo valor que los impresos; además, la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio y son idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no resulta necesario, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación, serán analizados en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Antes de analizar el acto reclamado, es menester precisar que cuando como en el caso, el juicio de amparo es promovido por una persona vinculada a proceso, tal supuesto encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; por tanto, de ser necesario se suplirá la deficiencia en la exposición de los conceptos de violación expuestos. En el entendido de que ésta no debe ser absoluta en expresar su aplicación, sino sólo en el caso en que se considere útil para favorecer al beneficiado y resulte procedente para la concesión del amparo, pues de lo contrario, dicho análisis, no le reportaría utilidad alguna. Al respecto, resulta aplicable la tesis CCL/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 290, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 160186, titulada "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Así como la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, Materia común, del rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Dicho lo anterior, son infundados los conceptos de violación invocados por la parte quejosa, sin que este Juzgado advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales. Como cuestión previa, es menester precisar que de las constancias que se allegaron al sumario, ya valoradas, se desprenden los antecedentes siguientes: I. A las quince horas con quince minutos del tres de junio de dos mil veintidós, dio inicio la celebración de la audiencia inicial en la causa penal 60/2022, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Yucatán, con sede en esta ciudad II. La fiscalía solicitó que se calificara de legal la detención del imputado, por lo que después de hacer uso del derecho de réplica y dúplica tanto la defensa como la representación social, el Juez resolvió calificar de legal dicha detención (15:49:30 a 16:01:45 del audio y video de la audiencia de tres de junio de dos mil veintidós). III. En la misma audiencia, se formuló la imputación, (16:03:41 al 16:07:43 del audio y video de la audiencia de tres de junio de dos mil veintidós) y el imputado se reservó su derecho a declarar (16:10:23 de la audiencia en comento). IV. También en esa audiencia la fiscalía solicitó vinculación a proceso del imputado y expuso los datos de prueba para ello (16:14:10 a) V. En la propia audiencia de tres de junio de dos mil veintidós, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (16:33:14 a 16:39:00) VI. El ocho de junio de dos mil veintiuno, en la continuación de la audiencia, se dictó al quejoso auto de vinculación a proceso por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. (registro de audio y video de la audiencia de ocho de junio de dos mil veintidós, minuto 15:39:18 al 16:00:30). Por su parte, en la demanda de amparo el quejoso aduce como conceptos de violación los siguientes. Señala que la detención es ilegal porque tal como lo dijo en la audiencia, existió intimación, malos tratos y tortura de los elementos aprehensores; lo despojaron de joyería y que a ello se concatena el examen médico. Que su defensor expresó que la mecánica de los hechos referida por el Policía Aprehensor Pedro Pablo Rodríguez Canul, era ilógica; pues existía discordancia entre lo asentado por éste en el Informe Policial Homologado, con el acta de inspección del vehículo en el cual fue abordado, ya que no se señaló en que parte de éste se encontraba el arma. Agrega que, el descubrimiento no fue legal, porque no puede hablarse de un control preventivo de grado menor que justificara una inspección más minuciosa para posteriormente descubrir el objeto, porque todo tuvo su origen en una supuesta infracción al reglamento de tránsito relativa al polarizado en los vidrios, siendo que dicho control requiere circunstancias específicas que permitan presumir la comisión de un delito y en el caso no existían, pues resulta ilógico que estuviera transportando un arma de grueso calibre a plena luz del día a horas pico de la mañana en una vía de comunicación que siempre está vigilada por agentes policiales. Sin embargo, que la responsable no contrarrestó ese argumento de la defensa, incluso lo justificó diciendo algo ilógico, consistente en que aprovechó esas horas para pasar desapercibido. Agrega que no se puede hablar de flagrancia, ni estaba justificada su detención, pues salvo el dicho de los policías aprehensores, no existe ningún testimonio de la mecánica de hechos del descubrimiento, por lo que no había elementos para limitar su libre tránsito y/o libertad personal, por lo que resulta necesaria la invalidez del momento en que se ocupa el arma. Por otro lado, señala la responsable viola su derecho a la salud, pues no ponderó que con base en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, su defensor hizo valer como excepción a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, sus problemas de salud, ya que padece diabetes e hipertensión desde hace cinco años, lo que lo obliga a tomar tratamiento médico; pero a pesar de existir registro de esa situación, el juzgador negó que existiera esa excepción, justificando que en el Centro de Reinserción Social hay médicos que pueden atender a los internos . Por otra parte, alega que en la continuación de la audiencia se violó el principio de igualdad, lo que lo dejó en desventaja ante su acusador, porque la autoridad responsable omitió aplicar los medios de apremio, para lograr desahogar los medios de prueba que ofreció consistentes en las videograbaciones, la inspección y la comparecencia del agente aprehensor Pedro Pablo Rodríguez Canul. Señala que, las referidas videograbaciones son de uno de junio de dos mil veintidós del horario de las 06:00 a las 08:00 am, de las cámaras más próximas a la altura del kilómetro 34+800 (arroyo exterior) del Anillo Periférico, y tenían como finalidad obtener más elementos del desarrollo de los acontecimientos; en cuanto a la realización de una nueva inspección, apreciar en específico la parte interna del vehículo donde se afirma se encontraba el arma; y la comparecencia del agente, rendir su testimonio en relación con su detención al haber inconsistencias entre el informe policial homologado, así como el acta de entrevista realizada por el Agente de la Policía Federal Ministerial, respecto a la ubicación del arma de fuego; pero que el Juez responsable justificó la demora de la fiscalía, por la premura en el tiempo en que se realizaron dichas solicitudes, lo que es irrelevante, pues la Fiscalía tiene la facultad de exigir la realización de cualquier acto de investigación a la brevedad posible. Por otra parte, señala que, se violó el principio pro persona y su presunción de inocencia, pues se emitió vinculación a proceso, cuando no se desprendían datos de prueba para establecer el hecho que la ley señala como delito, ya que la fiscalía no cumplió con su carga de aportar esos datos, pues los que relató no fueron congruentes, ni consistentes y con ellos no se acreditó que tuviera bajo su radio de acción el arma, ya que no se demostró que tuviera la posesión del vehículo donde se halló. Lo anterior, ya que del informe policial homologado suscrito por Pedro Pablo Rodríguez Canul, se desprende que el arma supuestamente estaba a simple vista a un costado del asiento del copiloto, lo que se contradice con la entrevista realizada por el agente de la Policía Federal Ministerial Hugo César Rayo Sánchez, pues en ésta se refiere que el arma estaba entre los dos asientos delanteros; y se contrapone con el acta de inspección firmada por Rodríguez Canul, ya que en ésta no se hace referencia a alguna arma, y que la propia responsable, argumentó que el acta de inspección vehicular, era precisamente el documento idóneo para acreditar la existencia y ubicación del arma. Que en la posterior inspección realizada por Hugo Cesar Rayo Sánchez, al vehículo de la marca Mazda, color blanco, placas de circulación YZU-265-A del Estado de Yucatán, no hizo referencia al lugar exacto del vehículo donde se ocupó el arma, tampoco hizo señalamiento respecto al nivel de humo o polarizado que tenía; pero que la responsable lo justificó con la localización del arma y posterior detención, cuando, la licitud probatoria relativa a la obtención y descubrimiento del arma es nula. Agrega que no existe un informe lofoscópico en el arma con el que se haya podido hacer la confronta de huellas a pesar de que ya se contaba su impresión dedactilar; además no hay datos de prueba que acrediten que tuviera bajo su radio de acción el arma, ya que no se acreditó que tuviera la posesión del vehículo donde se halló, pero que la autoridad no se avocó y por tanto, violó el principio de exhaustividad. Finalmente, señala que aunque el estándar probatorio se ha reducido, en el caso no existe un dato por lo menos circunstancial que pudiera engarzarse con las manifestaciones del policía aprehensor. Ahora bien, son infundados los conceptos de violación por lo siguiente. En cuanto al motivo de disenso consistente en que existieron malos tratos y tortura y por ello debe declararse ilegal su detención, es infundado. Lo anterior, porque si bien dichos actos se encuentran prohibidos por el artículo 22 Constitucional, lo cierto es que una vez que el Juez de Control toma conocimiento de tales sucesos, su obligación consistirá en primer lugar en dar parte a la autoridad ministerial, con el objeto de que se realicen los procedimientos que correspondan y, en su caso, se investigue y sancione en términos de la ley penal; o bien, determine si tales actos tienen trascendencia dentro del proceso; pero en este supuesto no corresponde al control de legalidad de la detención. Además, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE", pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto. En el caso, una vez que en la audiencia inicial, le fue expresado al Juez, por el imputado, aquí quejoso, que sufrió golpes y malos tratos, dicha autoridad responsable cumplió con su obligación legal, pues dio vista al Ministerio Público para que se investiguen esos hechos. Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando el imputado expresó la existencia de malos tratos y tortura, lo cierto es que no manifestó que en su caso con motivo de éstos se hayan obtenido datos de prueba, esto es, no se aprecia alguna confesión del imputado sobre la existencia del arma debido a actos de tortura o malos tratos, que conlleve a su exclusión por ilicitud. En efecto, cabe señalar que, la detención ocurrió debido a que los elementos aprehensores observaron un arma de fuego en el interior del vehículo que estaba en posesión del quejoso y el dato de prueba en que se apoyó el juzgador para calificar de legal la detención fue el informe policía homologado, no así una eventual confesión o alguna derivada de actos de tortura, que pudiera considerarse prueba ilícita. Por tanto, en ese supuesto la violación a derechos humanos aducida por el imputado derivada de la tortura que aduce y que aun está sujeta a investigación carece de trascendencia en el proceso penal, por no haber impacto ya que no produjo pruebas ilícitas. De ahí lo infundado del concepto de violación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 101/2017 (10a.) registro digital: 2015603, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 323, que señala: "TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.", se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos supuestos de excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación incriminatoria del inculpado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos. Por otro lado, en cuanto al concepto de violación expuesto en relación con que no existió causa probable que justifique la revisión en grado preventivo mayor, éste también resultado infundado. Se dice lo anterior, habida cuenta que esta Juzgadora Federal estima acertada la determinación del Juez de Control en cuanto a la calificación de la detención del imputado puesto que la misma aconteció en flagrancia delictiva. Aunado a ello, se considera que está justificado el tiempo transcurrido desde que los agentes aprehensores tuvieron el primer contacto con el detenido hasta que lo pusieron a disposición de la autoridad judicial; esto acorde a los actos que tuvieron que verificarse al efecto. Por lo anterior, puede afirmarse que la actuación del personal de seguridad pública fue ajustada a derecho, tal y como lo señalaron en el informe policial homologado, sin que hasta este momento, se advierta circunstancia con la suficiente contundencia para señalar que este es un dato de prueba incongruente, con motivo de que lo asentado en el mismo no hubiera acontecido, o se hubiera verificado en de manera diversa. Como puede advertirse de la videograbación correspondiente a la audiencia inicial celebrada en la causa penal 60/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, el Juez responsable emitió la respectiva resolución en cuanto al control de detención a partir de las 15:49:30 horas del día tres de junio de dos mil veintidós. Decisión que fundó en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el contenido de las tesis, así como el numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimiento Penales. Los artículos 16 Constitucional y 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen, respectivamente, lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. (.)". "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o (.).". De la interpretación de las porciones normativas antes transcritas puede concluirse que uno de los motivos por los cuales puede restringirse el derecho a la libertad de una persona es la detención en flagrancia, y que esta a su vez, se presenta, entre otros supuestos en el momento mismo de estar cometiendo un delito. En relación con el tema, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que no todo contacto de la autoridad con los gobernados deriva propiamente de una detención en flagrancia, puesto que las funciones de seguridad pública implican también que los agentes realicen actos de investigación o de prevención al delito, de ahí que puedan distinguirse tres niveles de contacto. El primero que no requiere de justificación alguna y supone la simple inmediación del agente con el particular. El segundo es la restricción temporal de un derecho, lo cual debe derivar de una sospecha razonada y datos objetivos que le permiten suponer que se está cometiendo un delito, aunado a que las circunstancias impiden en ese momento obtener el mandato de autoridad que justifique el acto de molestia; y El tercero es la detención en sentido estricto. Dicho de otra forma, el actuar de la policía está condicionado a parámetros de control provisional preventivo, los cuales además de salvaguardar su integridad física permiten corroborar la identidad de alguna persona con base en información previamente denunciada, además de que excluyen la posibilidad de efectuar detenciones sin causa justificada. Sirve de apoyo la tesis: 1a. XCIII/2015 (10a.) Época: Décima Época, Registro: 2008638, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Constitucional, Penal Página: 1096, que señala: "DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE CONTACTO ENTRE UNA AUTORIDAD QUE EJERCE FACULTADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y UNA TERCERA PERSONA. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva; accionar al que el texto constitucional le denomina "detención". Sin embargo, no todo contacto entre una autoridad de seguridad pública y una persona puede catalogarse de esa forma, pues las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican también actos de investigación o prevención del delito. En ese tenor, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona: a) simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o prevención; b) restricción temporal del ejercicio de un derecho, como pueden ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad, y c) detención en sentido estricto. El primer nivel de contacto no requiere justificación, ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento. En cambio, la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. Esta restricción debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. Así, a saber, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información (hechos y circunstancias) con la que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita o, por el contrario, si el registro o revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente; es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía.". De igual forma, el Máximo Tribunal del País, ha indicado que la finalidad de los controles preventivos provisionales, es evitar la comisión de algún delito; lo anterior, en beneficio de la paz social y el orden público. No obstante lo anterior, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita ni la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo; y, 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo, los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. Es aplicable, la tesis: 1a. XXVI/2016 (10a.) Época: Décima Época, Registro: 2010961, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Página: 669, que señala: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.". Ahora, con base en los criterios anteriores y tal como lo estimó el Juez responsable, puede afirmarse que la detención del imputado fue lícita; ello en virtud de que con posterioridad a que los elementos policíacos efectuaran un control provisional preventivo, ejerciendo los niveles de contacto señalados al efecto, se percataron de que un sujeto activo se encontraba cometiendo un delito (flagrancia), lo que motiva calificar de legal la detención. Esto es así, ya que de acuerdo a lo expuesto en la audiencia correspondiente, específicamente al contenido del informe policial homologado suscrito por el elemento Pedro Pablo Rodríguez Canul, así como las entrevistas realizadas a dicho elemento, como a los diversos de la Secretaría de Seguridad Pública Luis Alberto Cob Góngora y los policías Juan Manuel Nava Suárez y Marco Antonio Balam Caballero, por el elemento de la Policía Federal Ministerial Hugo Cesar Rayo Sánchez, se advierte que el día uno de junio de dos mil veintidós, los referidos oficiales, Rodríguez Canul quien estaba al mando y Luis Alberto Cob Góngora, como chofer asignados a la unidad 6664, se encontraban en su recorrido de vigilancia en la zona norte de la ciudad específicamente el periférico de Mérida licenciado Manuel Berzunza con relación al operativo de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad Pública y siendo las seis horas con treinta y dos minutos, se percataron que sobre el carril izquierdo de alta velocidad transitaba un vehículo Mazda de color blanco con placas de circulación YZU-265-A, del Estado de Yucatán, que portaba polarizado en su cristales, lo cual esta prohibido de acuerdo con el artículo 66 del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En virtud de lo anterior, la unidad con los oficiales se posicionaron detrás del vehículo infractor, por medio de alto parlante solicitaron al conductor que detuviera su marcha, a fin de hacerle mención de la infracción que cometía y que debía retirar el polarizado de las ventajas, éste se detiene, los policías se aproximan, tocan a la ventana, el conductor continuaba a bordo, la baja aproximadamente 5 centímetros, el oficial Pedro Pablo Rodríguez Canul, se identifica como policía, le hace mención del polarizado que porta su vehículo y al escuchar esto, el conductor señala que no tenía intención de retirar dicho polarizado de su vehículo, se le menciona que se levantaría una boleta de infracción, se le solicita su licencia de conducir y manifestó que no contaba con ella en ese momento, ni con la documentación relativa al vehículo. Debido a ello, a las seis horas con treinta y siete minutos, el oficial Rodríguez Canul, solicita a su compañero informe lo sucedido al Centro de Control conocido como C5, con el fin de que llegara al lugar una unidad de vialidad asignada a la vigilancia de periférico para que impusiera la multa al vehículo, al escuchar esto la persona toma una conducta desafiante y desciende de su vehículo dejando la puerta del conductor abierta, por lo que los policías describen que se trata de una persona de sexo masculino, tez clara cabello lacio corto negro, estatura 1.60 m aproximadamente e intentan dialogar con él para calmarlo, pero éste comienza vociferar insultos hacia ellos y al estar a una distancia aproximada de tres metros del vehículo, así como la puerta abierta el oficial Pedro Pablo Rodríguez Canul, observa que en el interior, a un costado del asiento del copiloto y el posa brazos, había la culata de un arma larga de fuego es el caso que le manifiesta a su compañero Cob Góngora "36 en el 56" claves policiales con las cuales se refiere que hay un arma de fuego en el vehículo, por lo que el conductor al ver que el oficial se había percatado de la presencia del arma encontrada, intenta abordar éste, pero le es impedido por el policía Luis Alberto Cob Góngora, quien le indica que no podía abandonar el lugar, una vez realizado lo anterior le solicitan sus datos los cuales proporciona manifestando entre ellos llamarse Francisco Mora Nuño así como demás datos de identificación. Seguidamente a las 6:42 horas elemento Rodríguez Canul notifica del hallazgo del arma al C5 con el fin de que arribe a lugar la unidad de apoyo más cercana y priorizando que en el lugar se encontraba un arma de fuego tipo larga, se dirige hacia ella para retirarla del vehículo, en presencia del referido conductor y usando guantes de látex a fin de realizar las medidas de seguridad; asimismo pudieron observar que no tenía cartucho en la corredera, por lo que retiró el cargador, percatándose que tenía 5 cartuchos en su interior, y que se trataba de un arma larga de fuego de color negro con la leyenda Colt, calibre 223 REM, con un número de matrícula JKK542581, con un cargador con la leyenda PMAG-30 teniendo en el interior 5 municiones útiles de color dorado, cada una con la leyenda FC 223 REM, el oficial resguarda el arma en el interior de la unidad oficial su cargo. Por tal motivo se le solicita al imputado, una inspección a su persona en grado mayor por lo que siendo las 6:43 horas, se realiza del acta de inspección de personas la cual firmó el ahora detenido a la 6:52. Posteriormente siendo las 7 horas con 2 minutos se le informó a Francisco Mora Nuño, que quedaba formalmente detenido en razón de que se le encontró en su radio de acción y disponibilidad inmediata un arma prohibida motivo por el cual sería puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, procediendo a leerle sus derechos y se le pregunta si los ha entendido a lo que respondió en sentido afirmativo, procediéndose en ese momento al llenado de las actas correspondientes notificación previa lectura de sus derechos y del registro de detención Acto seguido y protocolo de seguridad entre los elementos que llegaron en apoyo siendo estos Juan Manuel Nava Suárez y el agente Marco Antonio Caballero brindaban seguridad y el oficial Rodríguez Canul coloca los mecanismos de seguridad al señor Francisco para ser este abordado al unidad oficial a su cargo antes referido seguidamente: siendo las 7 horas con 7 minutos por vía radio frecuencia se comunican con el C5 generando el registro de folio 6245380 solicitando una grúa para trasladar el vehículo, a las 7 horas con 12 minutos llega la unidad de policía 6050 asignada a la vigilancia de vialidad en periférico a cargo de policía primero Carlos Jacinto Chichi Dzib la cual está encargada de realizar la boleta de infracción vial del mencionado señor Francisco: siendo las 7 horas con 18 minutos al lugar llega la grúa con número económico 911 para trasladar el vehículo al depósito vehicular correspondiente a la secretaría de seguridad pública. La narración de hechos descrita como bien señaló el Juez de control, con base en el informe policial homologado y contrario a los conceptos de violación de la parte quejosa, pone de manifiesto que sí está justificado un control preventivo en grado mayor, toda vez que si bien la detención surgió inicialmente debido al polarizado o entintado del vehículo, lo que justifica que los policías hicieran el alto y dio lugar a que externaran que le impondrían la infracción correspondiente, esto motivó que el conductor imputado, aquí quejoso, descendiera de su vehículo y tomara una conducta desafiante, dejando la puerta del conductor abierta, y con ello el policía aprehensor pudo advertir la existencia del arma en el interior del automóvil. Ciertamente, ya se vio que la constitucionalidad de un control preventivo provisional, depende de que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple, por lo que un policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes. Luego, si precisamente en el caso el imputado, ahora quejoso, adoptó una conducta desafiante, incluso ofendiendo a los policías con insultos, así como dejó la puerta y el policía observó el arma, es evidente que al menos en la etapa en la que se encuentra el proceso, sí se justificó un control preventivo provisional en grado mayor o superior, pues contrario a lo señalado por la parte quejosa, se actualizaron las condiciones para ello, esto es, había una sospecha razonada objetiva, de que se estaba cometiendo un delito, pues la sola existencia de arma, justificó tal control, lo cual así fue considerado por el Juez responsable, porque ya con ello advirtieron la flagrancia del posible hecho con apariencia de delito, aunado que previo a ello existió una actitud desafiante del conductor imputado, aquí quejoso, que incluso quiso subirse al vehículo cuando se percató que el policía observó el arma, lo que sustenta llevar el registro más detallado de la persona y el vehículo. De ahí lo infundado del motivo de inconformidad respectivo. Por otro lado, también es infundado que el juez no contrarrestara la alegación de la defensa en la audiencia de control en lo relativo a que es ilógico que estuviera transportando un arma de grueso calibre a plena luz del día. Es así, pues al respecto el Juez de Control, (15:57:14 audiencia de tres de junio de dos mi veintidós) señaló que había un dato relevante que no había sido desvirtuado y consiste en que el vehículo se encontraba entintado o polarizado o entintado, lo que podría dar la facilidad o la tranquilidad para que desde el exterior no se logrará advertir lo que había en el interior, es decir, llevar un arma de fuego sin que pudiera ser advertida. Lo anterior, se estima ajustado a derecho, porque el Juez de manera libre, expresó argumentos lógicos para atender el alegato de la defensa aludido, pues tal como lo estimó la autoridad responsable si no había datos que controvirtieran o refutaran el entintado o polarizado del vehículo, sí resulta lógico ya que es factible, es decir, es posible hacerlo y probable que aprovechándose de esa situación el conductor imputado, aquí quejoso, transportara el arma, incluso con independencia de la hora, pues precisamente esa característica o particularidad del automóvil puede propiciar que no se vea el interior del vehículo. En tal virtud, contrario a lo alegado el Juez responsable sí contrarrestó el argumento de la defensa y lo hizo con una consideración lógica y sustentada en los datos de prueba, como es, la propia descripción del vehículo respectivo, lo cual enfatizó no fueron desvirtuados hasta ese momento procesal. Por otro lado, aunque la parte quejosa, señala que salvo el dicho de los policías aprehensores, no hay otro dato de prueba que justifique el control de la detención, tal alegación es infundada, cuenta habida que tal como lo sostuvo el Juez de control, por una parte, el proceso se encuentra en una etapa inicial en la que no se exige prueba plena, ni un conjunto numeroso de diversos datos de prueba para estimar legal la detención y sobre todo, porque el propio dicho de los policías, en este caso, a través del informe policial homologado, es un dato importante que puede resultar suficiente para justificar la circunstancias de la detención que debe analizarse bajo un escrutinio judicial estricto de valoración probatoria, siendo de una particular trascendencia porque con ese solo documento sí es factible constituir la base para la formulación de la imputación jurídico-penal, siempre que haya una descripción, a detalle, de las circunstancias que motivaron la detención y de las evidencias que se encontraron. Luego, en el caso, el Juez responsable ponderó de manera adecuada el informe policial homologado que fue relatado por el fiscal investigador, pues éste describe con detalle las circunstancias que motivaron la detención, las cuales fueron expuestas en párrafo anteriores, y aunque no existan videos y prueba dactilocópica o examen lofoscópico que refirió el quejoso, ello no impide considerar tal como lo estimó el juez responsable legal la detención, pues el citado informe no se encuentra aislado, ya que además se enunciaron también las entrevistas de los elementos Pedro Pablo Rodríguez Canul, Luis Alberto Cob Gongora, Juan Manuel Nava Suárez y Marco Antonio Balam Caballero, en donde se justificó la existencia del vehículo polarizado, así como del arma y en etapas o audiencias posteriores podrá en su caso aportarse datos para desvirtuar que los hechos sucedieron como se relató en el informe. Por lo que todas estas circunstancias analizadas de manera conjunta, justificaron que los elementos policiacos pudieran elevar el nivel de contacto y pasar a un control provisional preventivo en grado mayor, al existir una conducta agresiva y desafiante del activo, que le dio las facultades constitucionales a los elementos aprehensores para practicar la inspección o revisión y observación del interior del vehículo y del propio imputado, para advertir que traía consigo en el interior de ese automóvil un arma de fuego, que resultó de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área mexicana, lo que puso en evidencia que indudablemente el sujeto se encontraba en flagrancia delictiva, lo que justificó su detención y posterior lectura de derechos, en virtud de que estaba cometiendo un delito. De ahí que se afirme que contrario a lo expuesto en los conceptos de violación, el juzgador estuvo en lo correcto al considerar legal la detención del imputado, ahora quejoso, pues como antes se explicó, esta se ajustó a la norma Constitucional y procesal de la materia, además de cumplir con los requisitos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en casos concretos como el que ahora nos ocupa. En ese orden de ideas, se considera que efectivamente existió la flagrancia que justificó la detención del ahora quejoso, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece sustancialmente que la "seguridad pública" es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. En ese tenor, dentro de su ámbito, los agentes de policía que efectuaron la detención del quejoso, se encontraban obligados, en los términos de sus atribuciones, a proceder a la investigación de la comisión del hecho delictivo, con motivo de una sospecha razonable. En ese contexto, se concluye que, como acertadamente lo estimó el Juez responsable y contrario a lo expuesto en los conceptos de violación, la detención del ahora quejoso fue legal, pues su detención sí se hizo bajo la hipótesis de flagrancia, ya que acorde con el informe policial y dada la mecánica de hechos narrada en párrafos que anteceden, se observó un arma, lo que evidentemente gestó sospecha razonada y objetiva que llevó a los agentes mencionados a detener al ahora solicitante de la tutela constitucional, además de tener una conducta desafiante con los uniformados, la cual resultó de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza área Mexicana; por todo lo anterior, se concluye que fue correcto el actuar del Juez de Control al calificar de legal la detención hecha por los elementos policiacos. Por otra parte, dado los motivos de inconformidad expresados por la parte quejosa, procede seguir con el análisis de los conceptos de violación en los que se ataca que en la continuación de la audiencia se violó el principio de igualdad. Al respecto, la parte quejosa señala que el Juzgador lo dejó en desventaja ante su acusador, porque omitió aplicar los medios de apremio, para lograr desahogar los medios de prueba que ofreció consistentes en las videograbaciones, la inspección y la comparecencia del agente aprehensor Pedro Pablo Rodríguez Canul. Es infundado lo expuesto. En principio, se tiene que el derecho humano a la igualdad jurídica como principio adjetivo está reconocido en el artículo 1°, párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, así como en los artículos 2°, apartado B; 4°, primer párrafo; 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII, constitucionales, por medio de sus diversas manifestaciones de carácter específico, como la igualdad de oportunidades de los indígenas, la igualdad entre el hombre y la mujer, la equidad tributaria o la igualdad en la percepción de salarios. Asimismo, ha sido reconocido en una multiplicidad de instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo a la normatividad anterior, la igualdad jurídica es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual invariablemente se predica de algo y consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la Constitución Federal establece que la igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ésta ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, por lo que si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo. Éste criterio, dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 81/2004, de rubro: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO." En el Código Nacional de Procedimientos Penales, la igualdad está reconocida en los artículos 10 y 11 de dicha legislación, que establecen el principio de igualdad ante la ley y entre las partes, y esencialmente implican que todas las personas que intervengan en el procedimiento recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. En el caso, contrario a lo señalado por la parte quejosa, no se transgredió el citado principio, puesto que el imputado tuvo la oportunidad de ejercer su defensa y ofrecer medios de prueba tal como lo prevé el numeral 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales y si bien no se desahogaron, cierto es también que en la continuación de la audiencia, se aprecia que el Juzgador dio oportunidad a la defensa de reprogramar la fecha de la audiencia a fin de que en su caso fueran recibidos los medios de prueba que ofreció, pero ésta no aceptó y pidió que se celebrara el mismo día, lo que de suyo implica un consentimiento de resolver con los elementos o datos de prueba que hasta ese momento habían sido aportados. Ciertamente, el ocho de junio del año en curso, al reanudar la audiencia inicial, (15:14:10) el Juez cuestionó a la fiscalía si llegó algún medio de prueba a la carpeta de investigación por parte de la defensa, a lo que el fiscal señaló que el día anterior a las diez horas con cincuenta minutos, se recibió un escrito de la defensa, con una solicitud de dos actos de investigación, el primero de ellos solicitar las cámaras del C5 en el lugar de la detención y el segundo realizar una inspección a la parte interna del vehículo; señaló que las solicitudes se atendieron ese mismo día, se giraron los oficios correspondientes, pero hasta el momento de la audiencia no se obtuvo la respuesta de las solicitudes realizadas. En uso de la palabra, la defensa señaló que era cierto lo que manifestó el fiscal, ya que el día anterior, solicitó dos actos de investigación para poder llevar una adecuada defensa, pero que no se obtuvieron hasta ese momento los datos que se pretendían e ignoraba las causas, así como si se aplicó algún medio de apremio. Asimismo, en ese acto expresó que era necesaria la comparecencia del policía Pedro Pablo Rodríguez Canul. Al respecto, el Juez de Control señaló que en ese momento no contaban con la presencia de dicho elemento policiaco y que no se había recibido alguna información por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad, pero que no podía pasar inadvertido que apenas el día anterior se solicitó su comparecencia por la defensa y que no estaba en condiciones de hacer efectivo el apercibimiento hasta en tanto se obtuviera una respuesta por parte del aludido Secretario y que si fuera omiso aplicaría el medio de apremio, con ello dio uso de la voz a las partes. La representación social no hizo manifestación. Por su parte la defensa, manifestó que cuando hiciera su argumento defensivo, señalaría lo pertinente en cuanto a ello. A continuación el Juez de Control cuestionó a la defensa si pretendía que se continuara con la fase vinculación a proceso o se tenía la intención de que esa audiencia se reprogramara, señalando que se tendría que reprogramar con la oportunidad debida para que se puede contar con el elemento policial y puso a consideración de la defensa que si se fijaba, lo más lo más lejano que podría señalarla sería para el día siguiente a las ocho horas por el momento en que vence el término constitucional. En uso de la voz, la defensa señaló que no deseaba reprogramar la audiencia, pues pidió que continuaría con la misma por el término perentorio que tenían y que cuando el Juez tuviera la noticia de la Secretaría de Seguridad Pública sabría si haría efectiva la medida de apremio. En tal virtud, de lo expuesto puede advertirse que la defensa del quejoso, fue quien solicitó continuar la audiencia sin que se desahogaran los medios de prueba que ofreció, ello aun cuando el Juez de Control le planteó reprogramar la audiencia para el siguiente día, lo cual evidentemente tenía como finalidad que en su caso se recibieran o desahogaran los medios de prueba que la defensa del imputado, aquí quejoso propuso, pero dicha parte no aceptó y pidió se continuara con la fase para alegar lo relativo a la vinculación a proceso, incluso el defensor señaló que esa situación la haría valer como argumento defensivo en el momento de hacer uso de la voz. Lo anterior pone de manifestó que si los medios de prueba no se desahogaron, ello no fue por la omisión de aplicar los medios de apremio como se afirma en los conceptos de violación, sino porque éstos fueron ofrecidos con premura, esto es, apenas un día antes de la continuación de la audiencia y porque si bien a la fecha de la audiencia no se recibió la información y/o testigo ofrecidos, lo cierto es que la defensa del quejoso no aceptó reprogramar la audiencia para que en su caso diera tiempo de que fueran recibidos o desahogados, todo lo cual permite señalar que no se violó el principio de igualdad, pues la defensa pudo ofrecer sus medios de prueba, pero por causas ajenas al juzgador y en parte atribuibles a la decisión o estrategia de la propia defensa, no se reprogramó la audiencia para recibir los medios de prueba respectivos y se solicitó expresamente continuar con la etapa de vinculación, lo que como se dijo constituye consentimiento para resolver con los datos de prueba que hasta ese momento había sido enunciados, todo lo cual evidencia lo infundado del concepto de violación. Por otra parte, en relación al auto de vinculación de cinco de junio de dos mil veintiuno, emitido en contra del quejoso, se considera lo siguiente. La base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. En el caso, como antecedente, conviene asentar que del estudio de la audiencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, contenida en la reproducción del audio y video del cual obtuvo acceso esta Juzgadora Federal en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la opción "expedientes electrónicos relacionados", que contiene copia del registro de video y audio, de las audiencias de la causa, se advierte que el auto de vinculación a proceso de la propia fecha, se dictó contra el aquí quejoso, por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Ahora bien, se estima que los conceptos de violación que vierte el solicitante del amparo son infundados, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como se expondrá a continuación y respecto a los medios de prueba que ofreció la defensa del imputado, el Juzgador estuvo en lo correcto al no admitirlos. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, de los registros de audio y videos puestos a disposición, se advierte que el tres de junio de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra del aquí quejoso (16:03:41); luego, se le dio la oportunidad de declarar, reservándose en ese momento su derecho a hacerlo (16:10:23), (artículo 316, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (artículo 317, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: A juicio de esta resolutora constitucional, los datos de prueba relacionados por el Fiscal Agente del Ministerio Público de la Federación, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se han cometido hechos que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de ocho de junio de dos mil veintidós, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnere algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, los datos de prueba enunciados por la fiscalía federal, tal como lo consideró el juez responsable permiten establecer que que el aquí quejoso fue la persona que a las seis horas con treinta y dos minutos del uno de junio de dos mil veintidós, en el kilómetro treinta y cuatro más ochocientos de la vía lateral del arroyo exterior del Periférico de esta ciudad, portó dentro de su radio de acción y esfera de disponibilidad inmediata al llevar consigo a bordo del vehículo de la marca Mazda tipo 6 color blanco con placas de circulación YZU265A, particular del Estado de Yucatán, un arma larga de fuego de color negro con la leyenda Colt calibre 223 REM JKK5425581, con un cargador con la leyenda PMAG30 con 5 cartuchos útiles de color dorado con la leyenda FC223REM, que resultó pericialmente un fusil calibre 223/5.56 x 45 milímetros, de funcionamiento semiautomático contemplado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 11 inciso c) como de uso exclusivo y reservado del ejército armada y fuerza aérea. Sin contar con el permiso de la autoridad castrense por lo que puso el bien jurídico protegido en este caso la seguridad y la paz de la colectividad. Hechos que materializan, el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que dispone: "ARTICULO 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: (.) III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley." "ARTICULO 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: (.) c).- Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos." Como atinadamente resolvió el Juez de control, los hechos que se le imputan al justiciable, encuadran en el marco de ilicitud previsto para el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, cuya descripción legal implica que se actualice lo siguiente: a) La existencia de un arma de fuego que por su tipo, calibre y forma de funcionamiento sea alguna de las reservadas para el uso de las fuerzas castrenses del país. b) La portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, o que puede disponer de ella por estar a su inmediato alcance. c) La carencia de permiso por parte de la Defensa Nacional para portar el arma, y que el sujeto activo no sea elemento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. En efecto, para llegar a esa conclusión, en la continuación de la audiencia, esto es, el ocho de junio del presente año (15:39:18) el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía, en la audiencia de tres de junio de dos mil veintidós, los cuales expresó en diversos momentos y los relató de manera puntual al solicitar la vinculación y que en el caso concreto resultan: -Dictamen Pericial en materia de balística forense folio 1163 de dos de junio del presente año, emitido por Georgina Berrocal Soriano perito oficial de esa materia adscrita a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en Campeche, en el cual entre otras cosas concluyó que el arma de fuego descrita en el su dictamen en el dígito dos, punto uno, por su tipo y Calibre corresponde un fusil calibre 223/5.56 x 45 milímetros de funcionamiento semiautomático por lo que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la contempla en su artículo 11 inciso c) como de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea; en sus conclusiones segunda y tercera se refiere al cartucho y al cargador que son funcionales para dicha arma de fuego de uso reservado. -Dictamen de documentación fotográfica emitido mediante oficio con número de folio 1280 de uno de junio de dos mil veintiuno, por Rodolfo Rodríguez Páez, perito adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la citada institución, quien a través de veintitrés placas fotográficas fijó los artefactos bélicos mencionados materia de la investigación. -Inspección realizada por el oficial de la Policía Federal ministerial Hugo César Rayo Sánchez, el uno de junio de dos mil veintidós, quien a través de sus sentidos constató la existencia del arma de fuego cargador y cartuchos afectos, los describió de manera detallada y representó gráficamente su informe incluso tomó fotografías que agregó como soporte ilustrativo. - Evidencia material que cuenta con su respectiva cadena de custodia que se recabó el registro de los movimientos de la evidencia física desde su levantamiento hasta el análisis de los servidores públicos que tuvieron contacto con ella con motivo de los actos de investigación. -Informe policial homologado de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el agente policiaco Pedro Pablo Rodríguez Canul, en el que señaló que el día uno de junio de dos mil veintidós, él y el diverso elemento Luis Alberto Cob Góngora, a bordo de la unidad 6664, se encontraban en su recorrido de vigilancia en la zona norte de la ciudad específicamente el periférico de Mérida licenciado Manuel Berzunza y siendo las seis horas con treinta y dos minutos, se percatan que sobre el carril izquierdo de alta velocidad transitaba un vehículo Mazda de color blanco con placas de circulación YZU-265-A, del Estado de Yucatán, que portaba polarizado en su cristales, lo cual esta prohibido de acuerdo con el artículo 66 del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En virtud de lo anterior, la unidad con los oficiales se posicionan detrás del vehículo infractor, por medio de alto parlante se solicita al conductor que detuviera su marcha, a fin de hacerle mención de la infracción que cometía y que debía retirar el polarizado de las ventajas, éste se detiene, los policías se aproximan, tocan a la ventana, el conductor continuaba a bordo, la baja aproximadamente 5 centímetros, el oficial Pedro Pablo Rodríguez Canul, se identifica como policía, le hace mención del polarizado que porta su vehículo y al escuchar esto, el conductor señala que no tenía intención de retirar dicho polarizado de su vehículo, se le menciona que se levantaría una boleta de infracción, se le solicita su licencia de conducir y manifestó que no contaba con ella en ese momento, ni con la documentación relativa al vehículo. Debido a ello, a las seis hora con treinta y siete minutos, el oficial Rodríguez Canul, solicita a su compañero informe lo sucedido al Centro de Control conocido como C5, con el fin de que llegara al lugar una unidad de vialidad asignada a la vigilancia de periférico para que impusiera la multa al vehículo, al escuchar esto la persona toma una conducta desafiante y desciende de su vehículo dejando la puerta del conductor abierta, por lo que los policías intentan dialogar con él para calmarlo, pero éste comienza vociferar insultos hacia ellos y al estar a una distancia aproximada de tres metros del vehículo, así como la puerta abierta el oficial Pedro Pablo Rodríguez Canul, observa que en el interior, a un costado del asiento del copiloto y el posa brazos, había la culata de un arma larga de fuego es el caso que le manifiesta a su compañero Cob Góngora "36 en el 56" claves policiales con las cuales se refiere que hay un arma de fuego en el vehículo, por lo que el conductor al ver que el oficial se había percatado de la presencia del arma encontrada, intenta abordar éste, pero le es impedido por el policía Luis Alberto Cob Góngora, quien le indica que no podía abandonar el lugar, una vez realizado lo anterior le solicitan sus datos los cuales proporciona manifestante entre ellos llamarse Francisco Mora Nuño así como demás datos de identificación. Seguidamente a las 6:42 horas elemento Rodríguez Canul notifica del hallazgo del arma al C5 con el fin de que arribe a lugar la unidad de apoyo más cercana y priorizando que en el lugar se encontraba un arma de fuego tipo larga, se dirige hacia ella para retirarla del vehículo, en presencia del referido conductor y usando guantes de látex a fin de realizar las medidas de seguridad, asimismo pudieron observar que no tenía cartucho en la corredera, por lo que retiró el cargador, percatándose que tenía 5 cartuchos en su interior, y que se trataba de un arma larga de fuego de color negro con la leyenda Colt, calibre 223 REM, con un número de matrícula JKK542581, con un cargador con la leyenda PMAG-30 teniendo en el interior 5 municiones útiles de color dorado, cada una con la leyenda FC 223 REM continuando, el oficial saca es unidad policial una bolsa de plástico y resguarda el arma en el interior de la unidad oficial su cargo. Por tal motivo se le solicita al imputado, una inspección a su persona en grado mayor por lo que siendo las 6:43 horas, se realiza del acta de inspección de personas la cual firmó el ahora detenido a la 6:52 hora solicitándose Posteriormente, a las 7 horas con 2 minutos se le informó a Francisco Mora Nuño queda formalmente detenido en razón de que se le encontró de su radio de acción y disponibilidad inmediata un arma prohibida motivo por el cual sería puesto a disposición de la autoridad ministerial -Entrevistas realizadas a los agentes aprehensores Pedro Pablo Rodríguez Canul y Luis Alberto Cob Góngora, así como a los policías Juan Manuel Nava Suárez y Marco Antonio Galán Caballero, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el uno de junio de dos mil veintidós, por parte del suboficial de la Policía Federal Hugo César Rayo Sánchez, entrevistas en las que manifestaron nuevamente las circunstancias tiempo modo y lugar de la detención del ahora imputado, lo que se indicó era coincidente con lo señalado en su informe policial homologado sin que se advierta alguna contradicción o incongruencia. - Dictamen en materia de criminalística de campo emitido mediante folio 1220 de uno de junio de dos mil veintidós, por el técnico criminalista Aristóteles Ramos Palma, perito oficial de la citada institución en el que en otras cosas, concluyó que lugar de la detención se trata de un arroyo de circulación presenta dos superficies asfálticas en tramo recto o sentido de gabinete de norte a sur, dicho arroyo se encontró dividido en el sentido de este-oeste cuenta de ello se localiza el kilómetro 34 más 800 del Periférico de Mérida Manuel Berzunza de esta ciudad de Mérida Yucatán. - Inspección del lugar realizada del uno de junio del presente año, por el suboficial de la Policía Federal ministerial Hugo César Rayo Sánchez que a través de los de sus sentidos corroboró la existencia de lugar de la detención. -Oficio S-1/M-4/875 de dos de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor José Barrón Sevilla como Jefe de Estado Mayor de la Trigésima Segunda Zona Militar con sede en la ciudad de Valladolid Yucatán, en el que informó que después de realizarse una minuciosa búsqueda en los expedientes de la zona militar a su cargo, la persona de nombre Francisco Mora Nuño no cuenta con permiso para portar y/o poseer armas de fuego expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional; dio cuenta también que no se encontró información respecto de que dicha persona pertenezca o haya pertenecido al ejército y fuerza aérea mexicanos y que respecto al arma de fuego no se encontró información o documento que indique la existencia del registro de la misma. Con base en los datos de prueba anteriores, el Juez responsable previo su estudio (15:39:18), y de los hechos puestos a su consideración, determinó con fundamento en lo dispuesto en el numeral 316 de Código Nacional de Procedimiento Penales, vincular a proceso al imputado, aquí quejoso, por su probabilidad en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos Ahora bien, tal como lo sostuvo el juez responsable con los datos de prueba relacionados, se establece un hecho que la ley señala como el ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) ambos de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, así como la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, participó en su comisión, pues en el caso particular se genera la convicción de que el aquí quejoso fue la persona que a las seis horas con treinta y dos minutos del uno de junio de dos mil veintidós (tiempo), en el kilómetro treinta y cuatro más ochocientos de la vía lateral del arroyo exterior del Periférico de esta ciudad (lugar), portó dentro de su radio de acción y esfera de disponibilidad inmediata al llevar consigo a bordo del vehículo de la marca Mazda tipo 6 color blanco con placas de circulación YZU265A, particular del Estado de Yucatán, un arma larga de fuego de color negro con la leyenda Colt calibre 223 REM JKK5425581, con un cargador con la leyenda PMAG30 con 5 cartuchos útiles de color dorado con la leyenda FC223REM, que resultó pericialmente un fusil calibre 223/5.56 x 45 milímetros, de funcionamiento semiautomático contemplado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 11 inciso c) como de uso exclusivo y reservado del ejército armada y fuerza aérea (circunstancias de ejecución). Sin contar con el permiso de la autoridad castrense por lo que puso el bien jurídico protegido en este caso la seguridad y la paz de la colectividad. Así, los datos de prueba descritos, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. Determinación que a criterio de la suscrita resulta ajustada a derecho, en razón de que, contrario a las disidencias del peticionario de amparo, los datos de prueba precisados, sí resultan suficientes y consistentes para establecer el hecho que la ley señala como el citado delito y que el imputado, aquí quejoso es probablemente el responsable de su comisión, pues contrario a lo que se alega en los conceptos de violación, los datos reseñados permiten establecer que él fue la persona que tenía bajo su radio de acción el arma afecta encontrada y también la posesión del vehículo donde se halló la misma, sin que obste para ello, la posible imprecisión entre lo asentado en el informe policial homologado, así como el acta de inspección, respecto al lugar exacto dentro del vehículo donde fue hallada el arma. Datos de prueba que al ser los que proporcionan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el evento delictivo, contrario a lo que afirma el quejoso, se estiman idóneos como lo ponderó el responsable, para acreditar hasta la etapa procesal que se examina, la conducta de la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se atribuye al ejercitante de la acción constitucional, lo que no vulnera derecho alguno en su perjuicio Las anteriores circunstancias satisfacen el estándar mínimo para establecer que se llevó a cabo la portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, sin permiso por parte de la Defensa Nacional para portar el arma de uso exclusivo de las fuerzas castrenses; lo que encuentra fundamento en lo dispuesto por el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que basta que el fiscal presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señale como delito, así como la probable intervención del imputado en su comisión, más no es necesario que se demuestre plenamente el delito ni el dolo, y tampoco la justificación de la responsabilidad del imputado, pues tales circunstancias pueden ser analizadas por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto aporte el Ministerio Público, ya que se debe procurar la apertura del juicio en el sistema de justicia penal. Cobra aplicación la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." También sirve de sustento a lo antes considerado, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA". En relación con la forma de intervención se determinó que el imputado desplegó la conducta como autor material, de acuerdo con el numeral 13, fracción II; se le atribuyó una forma de comisión dolosa conforme a los artículos 8 y 9, primer párrafo, con un grado de ejecución consumado con efectos permanentes, conforme al precepto 7, párrafo primero, fracción II, todos del Código Penal Federal, toda vez que hasta este momento quedó evidenciado que desplegó en forma directa la conducta que se le atribuyó, de manera consciente y voluntaria, pues quiso realizar el hechos que la ley señala como delito. Asimismo, no se advirtió la actualización de alguna causa de excluyente del delito o de extinción de la acción penal en su favor. Aunado a todo lo anterior, el imputado fue omiso en aportar algún dato de prueba idóneo para desvirtuar el contenido de ese señalamiento así como demás indicios anotados; por lo que, en este estadío procesal, debe considerarse que los mismos son suficientes para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que el imputado hubiere participado en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido." En efecto, en relación con lo alegado, cabe señalar que el Juez responsable se ocupó de los argumentos vertidos por la defensa en los que planteó posibles inconsistencias entre lo expuesto por los elementos aprehensores y el acta de inspección y al respecto en la continuación de la audiencia al momento de emitir el auto de vinculación a proceso reclamado (15:39:18 al 16:00:30) el juzgador destacó la relevancia del informe policial homologado, porque de éste derivan diversos datos de prueba y señaló que aun siguiendo el escrutinio judicial estricto de valoración probatoria conforme a la tesis 1a. CCCLX/2015 (10a.) con rubro "PARTE INFORMATIVO POLICIAL. DEBE SER OBJETO DE REVISIÓN BAJO EL ESCRUTINIO JUDICIAL ESTRICTO DE VALORACIÓN PROBATORIA, ATENDIENDO A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU CONTENIDO." no había algún dato que le permitiera concluir que los elementos policiacos hayan tenido alguna razón para falsear el contenido del informe policial homologado o para perjudicar o imputado por alguna razón específica, y que resultaba difícil considerar que le hayan sembrado un arma de la naturaleza que le fue probablemente hallada al hoy imputado mientras se trasladaba en el vehículo mencionado. Así, determinó que el citado informe tenía tal trascendencia que no era obstáculo el que en el acta de inspección no se haya llenado lo relativo al objeto hallado, precisamente porque a pesar de tal omisión, se contaba con el citado informe policial homologado, al cual concatenó las entrevistas de los elementos aprehensores. Tal consideración se estima ajustada a derecho, debido a que tal como el Juez de Control lo expuso, el informe policial homologado tiene una transcendencia de gran importancia, sobre todo en casos de detención en flagrancia que ha sido destacada por el Máximo Tribunal del País, en la tesis citada por la autoridad responsable y su ejecutoria, pues el informe de la policía relacionado con la detención de una persona, a quien se le atribuye responsabilidad penal en la comisión de un delito, tiene esa particular trascendencia cuando se trata del supuesto de detención en flagrancia de delito, porque es el documento sobre el que es posible constituir la base para la formulación de la imputación jurídico penal. A mayor abundamiento, el informe de la policía sobre la detención de una persona es el primer documento emitido por agentes del Estado por el que se pueden conocer las circunstancias físicas o específicas en las que fue asegurado el detenido, si presentaba lesiones o si fue necesario el empleo de la fuerza para someterlo; las condiciones en las que se le mantuvo durante su traslado para entregarlo de inmediato ante el Ministerio Público, así como las causas que en su caso justificaran la demora en la entrega del detenido. El conocimiento de estas circunstancias mínimas, que debiera regir como regla en la elaboración de los informes de la policía respecto a la entrega de los detenidos ante el Ministerio Público, es útil para que la autoridad judicial tenga mayores elementos para resolver, al momento de someter al control judicial las detenciones. En una gran mayoría de causas penales, el sustento de la acusación ministerial está determinado por los datos que comprende el informe de la policía en relación a las circunstancias en que fue detenido el imputado. Ya sea porque en los policías se reúnan dos calidades de actuación, la de testigos presenciales de la comisión de un delito en flagrancia y la de aprehensores; o, porque a pesar de no haber presenciado la comisión del delito, intervinieron inmediatamente después de la realización del delito, a petición de la víctima del delito o de un tercero ; de manera que la información que aporten los policías es trascendental para respaldar la acusación, en relación a las circunstancias que motivaron su intervención en la captura del detenido y el aseguramiento de la evidencia. Así, se exige que en el informe, los policías describan no solamente las circunstancias de tiempo y lugar en que se efectúo la detención del probable responsable, sino que también contiene la descripción a detalle de las circunstancias que motivaron la detención y de las evidencias que encontraron. En el caso particular, del relato hecho por el fiscal investigador al describir el informe policial homologado se aprecia que éste cumple con lo anterior, pues se refirió con detalle circunstancias que motivaron la detención y de las evidencias que encontraron, así como las circunstancias de tiempo y lugar en que se efectúo la detención del probable responsable; a saber, se indicó que lo que dio origen a la detención, fue primeramente una falta administrativa relativa al polarizado del vehículo que conducía el ahora quejoso, lo cual, como ya se analizó dio lugar a control preventivo de grado mayor, ante el hallazgo del arma, lo cual también fue plasmado en el informe, en el que también se precisó con claridad la hora y lugar de los hechos, esto es, a las seis horas con treinta y dos minutos del uno de junio de dos mil veintidós, en kilómetro 34 + 800m del Periférico en esta ciudad, que llevó a la detención del imputado a las siete horas con dos minutos de ese día, lo que evidencia que pusieron el conocimiento las circunstancias mínimas requeridas para advertir lo sucedido. Ahora, no se aprecia que dicho informe resulte contradictorio en sí mismo, ni que se encuentre desvirtuado con otros datos de prueba, por lo que tal como lo valoró el Juez responsable, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para la emisión del auto de vinculación a proceso, ese informe aunado a los demás datos de prueba descritos en líneas anteriores es suficiente para considerar legal la emisión de dicho acto reclamado. Además, porque tal como también lo apuntó el Juzgador, no hay una contradicción sustancial, entre dicho informe policial homologado y algún otro dato de prueba, específicamente el acta de inspección a que se refiere la parte quejosa, pues aun cuando en ésta pudiera haberse plasmado que el lugar donde se hallaba el arma no era exactamente el mismo descrito que en el informe policial, esto es, si en uno decía que estaba entre el asiento y el descansabrazos y en otro no decía, ello no implica que no pueda establecerse el hecho o que existió el hallazgo del arma, pues en todo caso aunque el informe y el acta no se hayan redactado de forma idéntica, cierto es también que de cualquier forma el arma se encontraba en el interior del vehículo que era conducido por el imputado, sin que en modo alguno tal hecho que se estableció a través de los datos de prueba reseñados haya sido desvirtuado por la defensa durante la audiencia. Ciertamente, contrario a lo que señala la parte quejosa, los datos de prueba, específicamente el relato del contenido del informe policía homologado, así como la referencia a las entrevistas de los elementos aprehensores, sí permiten establecer que, el vehículo era conducido o estaba en posesión del imputado, pues la detención tuvo su origen, en la falta administrativa debido al polarizado del vehículo y en todo momento se relató que el imputado, ahora quejoso, estaba el carro y descendió de éste cuando escuchó que lo iban a infraccionar, lo que permitió al policía observar el arma en su interior, incluso durante la audiencia, tanto la fiscalía como la defensa hicieron referencia a la boleta de infracción que se levantó al imputado debido a que el automóvil estaba polarizado; por lo que en modo alguno, hay datos de prueba que apunten a que el imputado no estaba en posesión o no conducía del vehículo donde fue hallada el arma; máxime que como lo consideró el Juez de Control, lo que se dilucida no es si le pertenencia o no el automóvil, sino el hecho que se le atribuye al quejoso, es si tenía en posesión el arma bajo su radio de acción, lo cual sí fue establecido, pues el arma estaba a la vista del policía en el vehículo que estaba en posesión del imputado. Además, es acertada la decisión del Juez responsable, pues sí resulta aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 195/2005 que invocó con rubro "PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SE INTEGRA ESE DELITO CUANDO ÉSTA SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA REALIZAR PARA ALLEGÁRSELA" la cual es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y tal como lo indica su texto, tratándose del delito de portación de arma de fuego previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al vocablo "portar" debe darse un significado amplio que se traduce en llevar consigo el arma prohibida, por lo que el ilícito mencionado se configura cuando el arma se encuentra en cualquier sitio del vehículo, ya sea la cabina, la guantera, la cajuela trasera, el motor, etcétera, independientemente del número de movimientos que el sujeto deba realizar para allegársela. Lo anterior, tal como se actualiza en el caso, pues el arma se encontró el interior del vehículo manejado por el quejoso, lo que sí permite establecer el hecho que la ley señala como delito y al probabilidad de que el quejoso lo cometió, aun cuando pudiera existir alguna imprecisión en el lugar exacto que describió en uno y otro dato de prueba, pues ello no es sustancial atendiendo el estándar probatorio bajo que se requiere para el auto de vinculación a proceso, debido a que de cualquier forma fue hallada en el interior del vehículo. Por tal motivo, resulta infundado lo alegado por la parte quejosa, cuando señala que el informe policial homologado, se contradice con la entrevista realizada por el agente de la Policía Federal Ministerial Hugo César Rayo Sánchez, pues en ésta se refiere que el arma estaba entre los dos asientos delanteros; y con el acta de inspección firmada por Rodríguez Canul, ya que en ésta no se hace referencia a alguna arma, y que además el citado Rayo Sánchez, en la inspección posterior, no hizo referencia al lugar en donde se ocupó el arma, ni al nivel de humo o polarizado; lo anterior es así, pues todas esas posibles imprecisiones en cuanto al lugar exacto en que fue hallada el arma en este momento procesal no tienen el alcance de impedir establecer el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la probabilidad de que el imputado lo cometió, porque de los datos de prueba de cualquier forma subyace que el imputado portó el arma encontrada porque la tenía bajo su radio de acción en el interior del automóvil que conducía. Incluso, debe precisarse que no se descarta la posibilidad de que pueda suscitarse contradicciones derivadas de los propios datos de prueba que el Ministerio Público expone. Lo anterior podría suceder en el supuesto que de un dato de prueba obtenido de una entrevista, se obtenga un indicio diferente al que arroja otro dato de prueba derivado de una entrevista distinta o cualquier acto de investigación. Pero, si se tratan de contradicciones circunstanciales o accesorias que no varían la substancia del hecho, ello no podría ser objeto de análisis dentro del plazo constitucional ya que para el auto de vinculación a proceso únicamente interesa la existencia probable de un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Luego, si las eventuales contradicciones no alteran la substancia del hecho, resultan irrelevantes para el plazo constitucional, dado el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación, a saber, el de una mera probabilidad. En ese sentido, las posibles contradicciones en las cuestiones accesorias o circunstanciales que no varían la substancia del hecho objeto de la investigación en el plazo constitucional, no pueden ser materia de análisis en el amparo indirecto como lo pretende el quejoso, ya que no se trata del momento procesal oportuno para ocuparse de los mismos. Es ilustrativa al anterior, la tesis aislada XXVII.3o.63 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2017334, de rubro: "CONTRADICCIONES DERIVADAS DE DOS O MÁS ENTREVISTAS REGISTRADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO COMO DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI SÓLO SON CIRCUNSTANCIALES O ACCESORIAS Y NO VARÍAN LA SUSTANCIA DEL HECHO INVESTIGADO. De conformidad con los artículos 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba, no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito. En ese sentido, contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por otra parte, una entrevista registrada como dato de prueba, no puede considerarse análoga a una testimonial, pues ésta consiste en la obtención de una declaración realizada de forma directa ante una autoridad judicial y las partes, que es valorada como una prueba; en cambio, la entrevista, como acto de investigación, cuyo contenido se convierte en dato de prueba, consiste en los indicios, noticias o hechos que se desprenden del diálogo que tuvo el Ministerio Público con una persona. Así, en la testimonial se tiene la narración directa del testigo ante la autoridad judicial, mientras que en la entrevista como dato de prueba, es la narración del Ministerio Público, con sus propias palabras y tomando en cuenta los indicios que a su consideración son relevantes, obtuvo de una conversación con la víctima o alguna persona que intervino o presenció el hecho que investiga. Por tanto, en la etapa de investigación en el proceso oral acusatorio no es posible que existan contradicciones entre "declaraciones de personas", ya que no se trata de una prueba rendida ante una autoridad judicial, sino que son entrevistas que fueron registradas como datos de prueba por el Ministerio Público, en donde éste narra los indicios derivados de la conversación que tuvo con los testigos. Por tanto, en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso no pueden ser materia de análisis las contradicciones que se susciten de dos o más entrevistas, cuando no varían en la sustancia del hecho objeto de la investigación, de tal forma que serían incompatibles para la acreditación del hecho materia de la investigación, sino que son circunstanciales o accesorias que no varían la sustancia del hecho, pues el grado de certeza mínimo que ordena un auto de vinculación es de una mera probabilidad". Además, contrario a lo que señala, el quejoso, sí existen diversos datos de prueba que se engarzan con el informe policial homologado suscrito por Pedro Pablo Rodríguez Canul, pues al respecto se hizo referencia a las entrevistas realizadas a los agentes aprehensores, esto es, al propio Pedro Pablo Rodríguez Cano y Luis Alberto Góngora, así como a los policías Juan Manuel Nava Suárez y Marco Antonio Galán Caballero, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el uno de junio de dos mil veintidós, por parte del suboficial de la Policía Federal Hugo César Rayo Sánchez, sin que se haya demostrado que el contenido sustancial de esas entrevistas fuera contradictorio al informe policial, esto es, en su caso no se expuso por la defensa que en dichas entrevistas alguno de los policías asentara que no se halló el arma en el interior del vehículo o que el imputado, ahora quejoso no sea la persona que conducía el citado automóvil o bien que no lo ubicaran en el lugar y momento de los hechos, pues nada de ello se acreditó, ni se estableció. Ahora, aun cuando la información de esas entrevistas pudiera no ser idéntica en cuanto al lugar exacto dentro del carro donde fue hallada el arma, ello no implica una contradicción, ni impide considerar que el imputado sí portaba el arma, pues se insiste, que los datos de prueba apuntan en un mismo sentido, esto es, el arma afecta se encontraba en el interior del vehículo conducido por imputado, aquí quejoso, ya que los policías ahí lo ubican y una vez que descendió del automóvil, observan el arma, lo que es suficiente para establecer el hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo. Aunado a ello, en relación con que el policía no describió el nivel del humo o polarizado, ello es irrelevante para efectos del hallazgo del arma, puesto que la mecánica de los hechos relatada por los policías, pone de manifiesto que el arma fue encontrada a simple vista una vez que la puerta del automóvil se encontraba abierta cuando el conductor imputado, aquí quejoso descendió del automotor, por lo que la visualización del objeto aludido no se dio a través de las ventanas o cristales entintados o polarizados, pues en todo caso, esa característica que dio lugar a la infracción al artículo 66 del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, sí pudo ser la causa para ocultar el arma en el vehículo, tal como el Juez responsable lo estimó. En otras palabras, aunque no se citó el nivel de polarizado u oscuridad de las ventanas del automóvil citado, lo cierto es que si provocó la infracción al artículo 66 del reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, era de tal nivel importante que pudo impedir la visualización desde el exterior hacia el interior del vehículo, tal como fue considerado por el Juez y analizado líneas arriba en relación con el acto reclamado consistente en el control de la detención; de ahí que también resulte infundado lo que al respecto aduce la parte quejosa, por ese mismo hecho en torno a la vinculación, pues resulta congruente y atinado el argumento del juez para contestar la alegación de que era ilógico portar un arma en un automóvil a plena luz del día, pues principalmente lo sustento en que precisamente por esa característica o particularidad del polarizado del automóvil, podía aprovecharse para que no fuera vista el arma desde el exterior. Por otro lado, cabe señalar que al informe policial homologado y las entrevistas de los policías, también se concatenan el dictamen pericial en materia de balística forense folio 1163 de dos de junio del presente año, emitido por Georgina Berrocal Soriano, en el cual se concluyó que el arma de fuego descrita en el dictamen corresponde un fusil calibre 223/5.56 x 45 milímetros de funcionamiento semiautomático, que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la contempla en su artículo 11 inciso c) como de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea; asi como que el cartucho y al cargador que son funcionales para dicha arma de fuego de uso reservado. De igual forma, se relacionó el dictamen de documentación fotográfica de uno de junio de dos mil veintiuno, emitido por Rodolfo Rodríguez Páez, quien a través de veintitrés placas fotográficas fijó los artefactos bélicos mencionados materia de la investigación; la inspección realizada por el oficial de la Policía Federal ministerial Hugo César Rayo Sánchez, el uno de junio de dos mil veintidós, quien a través de sus sentidos constató la existencia del arma de fuego cargador y cartuchos afectos, incluso tomó fotografías que agregó como soporte ilustrativo; la evidencia material que cuenta con su respectiva cadena de custodia; dictamen en materia de criminalística de campo de uno de junio de dos mil veintidós, por el técnico criminalista Aristóteles Ramos Palma, en el que en otras cosas, concluyó que el lugar de la detención se trata de un arroyo de circulación con dos superficies asfálticas en tramo recto o sentido de gabinete de norte a sur, dicho arroyo se encontró dividido en el sentido de este-oeste y se localiza el kilómetro 34 más 800 del Periférico de Mérida Manuel Berzunza de esta ciudad de Mérida Yucatán; la inspección del lugar realizada del uno de junio del presente año, por el suboficial de la Policía Federal ministerial Hugo César Rayo Sánchez que a través de los de sus sentidos corroboró la existencia de lugar de la detención. Y finalmente, el oficio S-1/M-4/875 de dos de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor José Barrón Sevilla como Jefe de Estado Mayor de la Trigésima Segunda Zona Militar con sede en la ciudad de Valladolid Yucatán, en el que informó que el imputado, aquí quejoso no cuenta con permiso para portar y/o poseer armas de fuego expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional; ni que pertenezca o haya pertenecido al ejército y fuerza aérea mexicanos, ni que al arma de fuego tenga registro. En ese tenor, es evidente que sí existen datos de prueba que se engarzan con el informe policial homologado, por lo que éste no se encuentra aislado y su concatenación, permiten establecer tal como el juez responsable lo consideró, la existencia de un hecho que la ley señala como el delito de portación de arma de fuego previsto por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso c) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la probabilidad de que el imputado lo cometió, puesto que la información aportada en la audiencia inicial y su continuación, sitúan al quejoso como la persona que portó el arma descrita en el interior del vehículo mencionado el cual era conducido por éste. Sin que exista motivo para no tomar en cuenta los datos de prueba aludidos consistentes el informe policial homologado, la entrevistas, la evidencia material, la inspección y los dictámenes periciales practicados, habida cuenta que no se advierte ilicitud en su obtención por ajustarse al parámetro de legalidad ante la flagrancia delictiva en que fue asegura el arma de fuego y su cartucho que portaba el quejoso, pues ya fue analizado que la calificación legal de detención hecha por el Juez de Control fue conforme a derecho, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitó el evento, las cuales se ajustan a las directrices previstas por el artículo 16, párrafo quinto, de la Norma Suprema. Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, se concluye que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15, fracción I del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal, como acertadamente lo indicó el juez de la causa. De ahí que, como se estableció en líneas precedentes, esta Resolutora Federal estima que el Juez responsable estuvo en lo correcto al considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, participó en su comisión. Asimismo, cabe señalar que el dictado del auto de vinculación, no vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia, en la medida en que lo establecido en dicho auto no puede estimarse como una condena, ni una pena anticipada, sino que dicha determinación únicamente sujeta al imputado a un proceso, sin determinar si es o no responsable de un delito, pues no obstante dicha vinculación, la Fiscalía está obligada a demostrar plenamente la responsabilidad del imputado durante el proceso, ya que en caso contrario no será destruido el estatus de inocente que todo imputado tiene a su favor, y por tanto no podrá ser considerado responsable del ilícito que se le imputa. Con base en lo expuesto, se estima que los datos de prueba, llevan a la conclusión de que el quejoso participó en la comisión del hecho calificado por la ley como delito. De igual forma, no debe perderse de vista que para el dictado del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación de todos los elementos de tipo penal, ni la justificación plena de la probable responsabilidad, por tanto, tampoco se analiza el alcance probatorio de los datos de prueba ofrecidos, ya que sólo se necesita expresar los datos que establezcan la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y, "la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión"; lo que en el caso acontece. En ese orden de ideas, al apreciar el acto que se reclama, se estima que el proceder de la responsable fue correcto, porque expresó el delito que se imputa al quejoso; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución por el cual se formuló imputación; ponderó los datos probatorios que hicieron factible la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; lo anterior, bajo la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social. Sirve de apoyo, la jurisprudencia que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de 'un hecho que la ley señale como delito' y la 'probabilidad en la comisión o participación del activo', esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." Finalmente, en relación a la prisión preventiva oficiosa decretada por el Juez de control al imputado, aquí quejoso, también es infundado lo alegado. En primer término, es pertinente traer a colación el contenido del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el numeral 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que, en lo que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud [.]" "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud [.]" "ARTICULO 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa". De dichos numerales se aprecia que existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada o necesaria y la oficiosa, siendo esta última la que, por determinación constitucional y legal se impone acorde con los catálogos de delitos previstos en la norma, entre los que se encuentran el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, que es precisamente el ilícito que se atribuyó al imputado, por el que el juez determinó vincularlo a proceso. En ese tenor, se considera que el Juez de Control no transgredió derecho alguno del quejoso, con la imposición de la aludida medida. Es así, ya que, si el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso tercer párrafo del precepto 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que el juez debe imponer la prisión preventiva oficiosa tratándose de investigaciones que se persigan, entre otros, por el hecho ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea cuya existencia y la probable participación del imputado, hasta este momento no ha sido desvirtuada, contrariamente a lo manifestado en su demanda de amparo, fue correcto que la Juez de Control responsable fijara la medida cautelar al quejoso, al ser conforme al mandato constitucional y legal. Ahora, es infundado que el Juez responsable haya transgredido el derecho a la salud del quejoso, puesto que al dilucidar sobre la imposición de la medida cautelar, el Juez sí analizó las manifestaciones del imputado y su defensa en las que señaló que padece diabetes y que por ello se actualizaba una excepción a la prisión preventiva oficiosa. En primer término, cabe precisar que en la audiencia inicial y su continuación, no se hizo del conocimiento del Juez que en su caso el imputado padece hipertensión, pues en su oportunidad el hoy quejoso sólo expresó que padecía diabetes, por lo tanto, aunque la defensa en su alegato en el que hizo valer una excepción a la prisión preventiva oficiosa, se apoyó en que el imputado refirió que es diabético y añadió que es hipertenso, esto último es incorrecto, porque éste únicamente manifestó tener diabetes, y la defensa introdujo sin sustento alguno la diversa enfermedad que el directo imputado no mencionó, por lo cual el Juez no tenía por qué ocuparse de diverso padecimiento que no se expresó por el quejoso y que ahora también se hace valer en la demanda de amparo, por lo que el motivo de inconformidad respectivo es infundado, cuenta habida que no hay elemento alguno para considerar que el quejoso padece tal enfermedad, pues no lo expresó cuando se le cuestionó sobre su estado de salud. Sin perjuicio de lo expuesto, de cualquier forma, el Juez responsable se ocupó de atender la excepción propuesta por la defensa por cuestión de enfermedad para evitar la medida de prisión preventiva oficiosa. En efecto, por una parte el Juez señaló (16:33:14) en la audiencia de tres de junio del año en curso, que la ley le obliga a imponer la prisión preventiva oficiosa, pues en ésta se establecen los tipos penales que la ameritan y en el caso era procedente en atención a la clasificación jurídica por la cual ha solicitado la vinculación a proceso la fiscalía en relación al hecho con apariencia de delito, Además, en respuesta a lo alegado por la defensa, señaló que la legislación especial, en este caso, el artículo 92 de la Ley Federal de armas de fuego y explosivos con reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de nueve de febrero de dos mil veintiuno, ya establecía que entre otros, los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, respecto a la excepción hecha valer por la defensa, señaló que no había datos de prueba, que le permitieran concluir que el hoy imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o que se pueda considerar que está afectado por una enfermedad grave o terminal para que pueda darse la excepción prevista en el artículo 166 166 del Código Nacional Procedimientos Penales y por esa razón es que insistió tendría que aplicar la prisión preventiva de manera oficiosa. Como puede verse, contrario a lo señalado por la parte quejosa, el Juez responsable sí se ocupó de las alegaciones relativas al estado de salud del quejoso y ponderó que no habían datos de prueba que actualizaran la hipótesis referida, sin que utilizara como argumento el hecho de que existen médicos en reclusorio como lo señala en la demanda de amparo, pues las consideraciones del juez fueron en el sentido de que no había datos de prueba que justificaran la excepción, ya que el quejoso no tiene setenta años o más y la enfermedad que adujo no es terminal, sin que en modo alguno se desvirtué tal situación, incluso al inicio de la audiencia de tres de junio del año en curso, a pesar de que el imputado expresó que tenía cinco años de diabético, cierto es también que manifestó que en ese momento su estado de salud era bueno. En tal virtud, es evidente que la parte quejosa no desvirtuó la razones que el Juez de control expuso para sustentar que no se encontraba en los supuestos de excepción para evitar decretar prisión preventiva oficiosa, y toda vez que el juzgador sí se ocupó de tal excepción planteada por la defensa, es infundado el concepto de violación respectivo. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, en relación con el auto que calificó de legal la detención del justiciable, auto de vinculación a proceso reclamado y la medida cautelar impugnada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Mora Nuño, por propio derecho, contra los actos que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy veintiocho de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    Agréguese a los presentes autos el escrito remitido electrónicamente, con evidencia criptográfica, por Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual solicita, en esencia, que se requiera a las autoridades responsables para que den cumplimiento a la medida cautelar otorgada por este órgano federal, solicitando se realicen los apercibimientos relativos en caso de incumplimiento. Ahora bien, de autos se advierte que los Magistrados Integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante resolución pronunciada en el toca de queja 136/2022 de su índice, concedieron la suspensión de plano solicitada por Karla Gabriela Hernández Montes de Oca, en representación de su menor hijo S.A.T.H., para que las autoridades responsables, consideren la incorporación al programa nacional de vacunación y por ende, bajo su más estricta responsabilidad, previa valoración que efectúen al menor quejoso de iniciales S.A.T.H., se le inocule con la vacuna correspondiente a su edad. Por lo que se les informó a las autoridades responsables o aquellas que fueron vinculadas a su cumplimiento, que a la brevedad posible, están obligadas a: a) Llevar a cabo las acciones necesarias para que se aplique en favor del menor quejoso la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov2, para la prevención de la enfermedad CODID-19 en México, y de ser factible y apta, atendiendo a su edad, estado de salud e historial clínico, se le aplique la vacuna Pfizer-BioNTech, autorizada, en la dosis y periodicidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en seguimiento a los protocolos de salud aplicables y necesarios para el caso; quedando igualmente obligadas a cumplir la medida cautelar concedida aquellas autoridades que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias del acto reclamado cuya suspensión se ha decretado. b) Bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades lo concerniente a la valoración médica del menor, en el sentido de determinar si físicamente, de acuerdo con su estado de salud y demás situaciones que sea necesario valorar, es candidato apto para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra la enfermedad COVID-19, así como las dosis y periodicidad que correspondan, considerando, al respecto, la opinión que, en su caso, esté vigente por parte de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, quedó bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, recabar los formularios a fin de cerciorarse de que el menor quejoso no se encuentra en algún supuesto en el que esté contraindicada la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, contra la enfermedad COVID-19. Lo anterior implica que antes de que dichas autoridades, apliquen la vacuna, la progenitora del menor quejoso, habrá de manifestar expresamente y, por escrito, su voluntad y correlativa responsabilidad en el que el menor sea vacunado con el biológico autorizado y en la dosis adecuada para su edad, lo que deberá ser precedido de una explicación fehaciente y comprensible a los progenitores y al menor, de las posibles complicaciones o efectos secundarios o adversos que de ello pudiera derivar, así como los cuidados previos y posteriores para el bienestar de la peticionaria del amparo. Debiendo en su caso, facilitar el acceso de la parte quejosa el día y el lugar que fije para el cumplimiento de esta determinación, así como que éste, deberá contar con todas las medidas sanitarias y necesarias, para prevenir el contagio del virus, también deberá contar con un especialista o médico que se encargue de la aplicación de la vacuna al menor quejoso, y una vez aplicada la primera dosis; la segunda dosis, deberá realizarse entre las cuatro y ocho semanas siguientes. c) De no ser idóneo que el menor quejoso sea vacunado, por correr algún riesgo irreparable o mortal, deberán manifestarlo así ante el Juzgado de Distrito, acreditando su dicho con las constancias correspondientes. No obstante ello, las responsables locales han sido omisas en exhibir o comunicar la forma en la que han acatado la medida cautelar otorgada, dentro del ámbito de sus competencias. En consecuencia, se requiere a las responsables con residencia en esta entidad, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado a partir de su notificación, informen el cumplimiento de la suspensión concedida al menor de marras, e indiquen las medidas que han tomado para tal efecto. Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.49 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, visible a página 2633, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA CONCEDIDA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PRESTACIONAL DE UNA MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Hechos: El recurrente, en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal, Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y de la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, y solicitó la suspensión definitiva para que se incluya a aquélla en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la Jueza del conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos, al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular; determinación contra la cual la autoridad responsable promovió recurso de revisión, al considerar la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la medida cautelar, debido a que no cuenta con las atribuciones para ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando están en riesgo derechos humanos de carácter prestacional, como los relativos a la educación, la salud, la alimentación o el interés superior de una menor de edad con discapacidad auditiva, las autoridades responsables están obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva en el juicio de amparo, concedida para su salvaguarda. Justificación: Lo anterior, porque al concederse la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, de manera inmediata inicien un procedimiento para integrar a la menor de edad quejosa a un programa social que corresponda a su situación particular, están claramente fijados el fin y el objeto de la tutela, por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, las autoridades deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que obligadamente deben satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios de rango constitucional y convencional respectivos; de ahí que las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos." En consecuencia, se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridadresponsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Máxime, que es del conocimiento de esta Juzgadora Federal, como hecho notorio, que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php del Gobierno Federal; motivo por el cual, ante ese evento, las responsables sitas en esta localidad, deberán indicar la fecha y hora en que el menor quejoso será inoculado con la vacuna correspondiente a su edad, en estricto acatamiento a la medida suspensional decretada. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito remitido electrónicamente, con evidencia criptográfica, por Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual solicita, en esencia, que se requiera a las autoridades responsables para que den cumplimiento a la medida cautelar otorgada por este órgano federal, solicitando se hagan efectivos los apercibimientos relativos en caso de incumplimiento. Ahora bien, de autos se advierte que los Magistrados Integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante resolución pronunciada en el toca de queja 130/2022 de su índice, concedieron la suspensión de plano solicitada por Robert Brian Guillermo Nelson en representación de su hijo menor de edad de iniciales E. G. A., a efecto de que se ordene al responsable a cargo del programa de aplicación a menores, que se aplique al menor quejoso, el esquema completo de la vacuna (Pfizer BioNTech), en dos dosis de acuerdo con lo que corresponda en atención a su edad. Lo que debía explicarse al menor y sus progenitores en cuanto a la naturaleza y efectos secundarios que eventualmente podrían derivar de la aplicación de la vacuna. Posterior a lo cual y en caso de aceptación, debían señalar una fecha y hora dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a efecto de que se realice la primera inoculación, previo consentimiento informado y firma de aceptación de los posibles riesgos que implica la aplicación del esquema completo de la vacuna. No obstante ello, las autoridades locales vinculadas al cumplimiento de la suspensión de plano han sido omisas en exhibir o comunicar la forma en la que han acatado la medida cautelar otorgada, dentro del ámbito de sus competencias. En consecuencia, se requiere a las responsables con residencia en esta entidad, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado a partir de su notificación, informen el cumplimiento de la suspensión concedida a la menor de marras, e indiquen las medidas que han tomado para tal efecto. Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.49 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, visible a página 2633, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, A DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA CONCEDIDA PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER PRESTACIONAL DE UNA MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Hechos: El recurrente, en representación de su menor hija, quien tiene discapacidad auditiva, promovió juicio de amparo indirecto contra la aplicación de la Ley que Establece el Derecho a un Paquete de Útiles Escolares por Ciclo Escolar a todos los Alumnos Residentes en el Distrito Federal, Inscritos en Escuelas Públicas del Distrito Federal, en los Niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria y de la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, aplicables para la Ciudad de México, y solicitó la suspensión definitiva para que se incluya a aquélla en el padrón de beneficiarios de útiles y uniformes escolares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de dicha entidad federativa y se le entregue la ayuda para uniformes, becas y útiles escolares para el ciclo escolar 2019-2020. Al respecto, la Jueza del conocimiento resolvió, por un lado, negar la suspensión definitiva en los términos descritos, al considerar que ya había concluido el ciclo escolar y, por otro, concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, inicien un procedimiento para integrar a la quejosa a un programa social acorde con su situación particular; determinación contra la cual la autoridad responsable promovió recurso de revisión, al considerar la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a la medida cautelar, debido a que no cuenta con las atribuciones para ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando están en riesgo derechos humanos de carácter prestacional, como los relativos a la educación, la salud, la alimentación o el interés superior de una menor de edad con discapacidad auditiva, las autoridades responsables están obligadas, en el ámbito de sus atribuciones, a dar debido cumplimiento a la suspensión definitiva en el juicio de amparo, concedida para su salvaguarda. Justificación: Lo anterior, porque al concederse la medida cautelar para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, de manera inmediata inicien un procedimiento para integrar a la menor de edad quejosa a un programa social que corresponda a su situación particular, están claramente fijados el fin y el objeto de la tutela, por lo que, sin soslayar sus atribuciones y facultades, las autoridades deben implementar los medios más adecuados, eficientes y pertinentes para alcanzar los objetivos de rango constitucional que obligadamente deben satisfacer de la manera más óptima posible, en razón de los valores y principios de rango constitucional y convencional respectivos; de ahí que las deficiencias de carácter estructural en la ejecución de políticas públicas no pueden invocarse para eludir y falsear una responsabilidad constitucional y convencional evidente, que lesione el núcleo esencial de los derechos fundamentales que se estiman transgredidos." En consecuencia, se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. Máxime, que es del conocimiento de esta Juzgadora Federal, como hecho notorio, que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a once años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php del Gobierno Federal; motivo por el cual, ante ese evento, las responsables sitas en esta localidad, deberán indicar la fecha y hora en que la menor quejosa será inoculada con la vacuna correspondiente a su edad, en estricto acatamiento a la medida suspensional decretada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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