Francisco Montiel Rosas

Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
258/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Montiel Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; se tiene por recibido el oficio suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el dos de junio del año en curso, en el recurso queja 141/2023, interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de ocho de marzo de este año, por el que se desechó la demanda de amparo promovida; en la que la superioridad determinó: "[...] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. [.]" Lo anterior, comuníquese a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y por así haberlo solicitado el Tribunal Colegiado acúsese de recibo correspondiente. Ahora, en vista de lo resuelto por la superioridad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Del cuaderno principal. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por último, se precisa que en este cuaderno constitucional no existen documentos originales que devolver. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito en el Estado, por medio del cual comunica el proveído de treinta de marzo del año en curso, en el que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó radicado bajo el número 141/2023, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado físicamente, signado por los quejosos Francisco Montiel Rosas y Patricia Montiel Rosas, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99, todos de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en relación con la materia del recurso de queja que nos ocupa, haciendo del conocimiento que: Es cierto el acto impugnado, toda vez que este juzgado de distrito dictó el auto de ocho de marzo de este año, dentro del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, sin mayor demora, remítase oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, el oficio que contenga inserto este acuerdo, así como el escrito original de agravios, para lo que tenga a bien determinar. Asimismo, desde este momento, se pone a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito, el expediente electrónico del presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surta sus efectos a los que haya lugar el escrito signado por los quejosos Patricia y Francisco, ambos de apellidos Montiel Rosas, mediante el cual desahogan el requerimiento formulado el pasado veinticuatro de febrero. Desechamiento de la demanda Del estudio integral del escrito de demanda y su aclaración, se desprende que los promoventes reclaman del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad: ? La resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, que ordena dejar firme el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 228/2021-1, en el que se resolvió el recurso de revocación hecho valer por los aquí quejosos, contra el auto de citado segundo término. De lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII1, en relación con el artículo 107, fracción V2, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, pues de su contenido se desprende que el amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 estableció en primer término, como regla general, que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Así, el Máximo Tribunal, al emitir la contradicción de tesis 377/20134 , precisó que en la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso b) dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, se precisó que el legislador determinó que los actos de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente y dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el Máximo Tribunal del país determinó que no puede seguir aplicándose la jurisprudencia P./J. 4/20015, cuya vigencia motivó la contradicción de tesis, y por ello, no resulta procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. Ahora, la parte quejosa se duele de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, relativa al recurso de revocación promovido por los quejosos Patricia y Francisco, ambos de apellidos Montiel Rosas, en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 228/2021, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Francisco Montiel Castrejón e Irene Rosas García, en el cual se ordenó requerir a los inconformes para que exhibieran el título de propiedad del inmueble ubicado en Avenida Instituto Técnico Industrial y Comercial, antes número 632 actual 166, perteneciente al municipio de Jojutla, Morelos. Por lo que en contra de tal determinación no es procedente promover el juicio de amparo, ya que la trascendencia del requerimiento hecho a los inconformes para que exhibieran el citado título de propiedad, únicamente produce una consecuencia de carácter procesal. Luego entonces, el análisis de las violaciones procesales está reservado al amparo directo, cuando se impugne la resolución que resuelva en definitiva dicho juicio, pues el constituyente permanente trató de evitar que los juicios naturales no se interrumpieran constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal. Las causas de improcedencia previstas en el artículo 107 constitucional, reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tienen como finalidad evitar la sustanciación de juicios de amparo innecesarios; por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados no tengan alguna reparación para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos, es decir, derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal; pues en el caso de violación a derechos adjetivos, sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden extinguirse con el dictado de la sentencia. Así, se considera improcedente el juicio, porque a la parte quejosa no le irroga agravio o perjuicio irreparable con la admisión de la prueba documental que reclama en esta sede, al tratarse sólo de actuaciones de carácter intraprocesal, pues no se decide o resuelve cuestión que les afecte de manera inmediata y de imposible reparación, ni les infringe derechos sustantivos. En el entendido de que si la sentencia definitiva le resultara favorable a la parte -aquí quejosa-, la afectación que pudo haber resentido desaparecería por completo, al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental, lo que demuestra que dicha afectación no trascendería a derechos sustantivos. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de la Materia. No obsta a lo anterior el apercibimiento de multa contenida en la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintitres, emitido en el citado juicio sucesorio, sin embargo, ello tampoco es suficiente para considerar que existe una violación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que no produce una afectación actual, real y directa a la parte quejosa en razón de que la imposición de multa está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar, lo que se orienta en la jurisprudencia6. "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Notifíquese por lista y personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistido de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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