Francisco Montes Martínez

Expediente 1100/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1100/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Francisco Montes Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado a sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción conforme al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme a su diverso artículo 15. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1100/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el día siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, Francisco Montes Martínez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La inactividad procesal en el procedimiento ordinario civil número 718-3/2021, por la falta de expedición de justicia pronta y expedita en el procedimiento natural, contemplada en el artículo 17 de la Carta Magna, dada cuenta que hasta la fecha a causa de la negativa, y/o omisión de la responsable, aún no ha sido concluido, es decir, no ha tenido por contestada la demanda en mi contra, aptitud, impide el derecho que tengo como persona a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1100/2021; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio familiar que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con el fin de colmar lo que dispone la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Francisco Montes Martínez, en su carácter de demandado en el juicio de divorcio incausado número 718/2021-3, reclama del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, la omisión de tenerle por contestada la demanda instaurada en su contra y por consiguiente señalar fecha y hora para la audiencia previa y de conciliación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión que se atribuye al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues si bien al rendir su informe con justificación negó su certeza, realizó diversas manifestaciones que así lo evidencian, de ahí que se tenga por cierta la misma conforme a la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Certeza que además se corrobora con las diversas constancias que integran el juicio de divorcio incausado número 718/2021-3, que en copia certificada remitió en apoyo a su informe, las cuales hacen prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, y de las que se advierte que en proveído de cinco de agosto del año en curso se reservó a proveer el escrito a través del cual el quejoso dio contestación a la demanda instaurada en su contra asimismo que no se ha celebrado la audiencia previa y de conciliación. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza de la omisión reclamada, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, relacionada con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por su parte el artículo 170 del mismo ordenamiento establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la lectura de los preceptos legales transcritos, se llega a la conclusión de que, respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, estableciendo, el Alto Tribunal, en la jurisprudencia que más adelante se cita, que son dos las condiciones que el legislador dispuso para ello: 1) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). La jurisprudencia de que se habla, es la P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese tenor, si el quejoso reclama la omisión del juez responsable de tenerle por contestada la demanda instaurada en su contra y por consiguiente señalar fecha y hora para la audiencia previa y de conciliación dentro del juicio de divorcio incausado número 718/2021-3; entonces se evidencia que el juicio de amparo resulta improcedente, ya que tal omisión no constituye un acto dentro del juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, dado que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, dicha omisión corresponde a una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo como lo es la falta de respuesta a una petición expresa y la falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que, como lo estableció la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De la contradicción de tesis referida, surgió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2011580, cuyos rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Máxime que, no se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia antes citada, pues el suscrito no considera que exista una abierta dilación al procedimiento o paralización total del mismo, pues de las documentales que allego al sumario el juez responsable se obtiene que si bien el cinco de agosto de dos mil veintiuno se reservó a proveer el escrito a través del cual el aquí quejoso dio contestación a la demanda de divorcio instaurada en su contra hasta en tanto se recibiera el exhorto enviado a su similar en Sayula, Jalisco (por conducto de la parte actora), a fin de poder realizar el computo del término que el quejoso tenía para dar contestación a la misma, sin embargo, por acuerdo de veintisiete de septiembre siguiente requirió a la actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a su notificación devolviera diligenciado el exhorto respectivo, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondría una multa consistente en treinta unidades de medida y actualización equivalente a la suma de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 62/100 M.N.), en términos del artículo 144, fracción I del Código Procesal Civil del Estado, y finalmente que en proveído de diez de noviembre último hizo efectiva a la actora la multa que le decretó por la suma indicada, requiriéndola nuevamente para que exhibiera diligenciado el exhorto a través del cual se ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, con el apercibimiento que de no hacerlo así se le aplicaría otra multa ahora por sesenta unidades de medida y actualización que ascienden a la cantidad de $5,377.20 (cinco mil trescientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.), con independencia de la sanción en que incurriera por desobediencia a un mandato judicial, asimismo a fin de no vulnerar los derechos del aquí quejoso al no tenerle por contestada la demanda dada la falta de exhibición del exhorto respectivo, en igualdad de circunstancia decretó la retención del pago ordenado por concepto de pensión alimenticia en el auto de radicación de veintinueve de junio del presente año, hasta en tanto se reactivara nuevamente mediante orden judicial, girando al efecto el oficio 984 a la fuente de trabajo del demandado, aquí quejoso para que diera cumplimiento a lo anterior. Es decir, el juez responsable ha dictado las medidas necesarias para poder proveer respecto del escrito de contestación de la demanda presentado por el quejoso y continuar con el trámite del juicio y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, además que a fin de no vulnerar los derechos fundamentales de éste, decretó la retención del pago ordenado en auto de radicación por concepto de pensión alimenticia girando el oficio correspondiente a la fuente de trabajo del demandado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio número 1100/2021, promovido por Francisco Montes Martínez, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Por otro lado, tomando en consideración que en auto admisorio de dieciocho de noviembre actual, se reservó a proveer respecto a si le reviste el carácter de tercera interesada a Ana Bertha Salinas Valladares, sin embargo no ha lugar a tenerla como tal, tomando en consideración que en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.90/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO."; . . . Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se aprecia que la parte quejosa Estela Cardoso Nava, exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, . . . , se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. En el entendido que para recibirla acorde con el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 deberá generar una cita, la cual estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", . . . Ahora, una vez que haya agendado debidamente su cita para acudir al juzgado a recoger las copias solicitadas, con la finalidad de llevar a cabo la reproducción fotostática de las actuaciones que requiere, se solicita al promovente que se comunique al teléfono celular 744 166 86 22, que este órgano jurisdiccional ha designado exclusivamente para esos efectos, únicamente de lunes a viernes en un horario de las nueve a las quince horas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa Estela Cardoso Nava, en el domicilio ubicado en Cerrada de Caminos sin número, explanada de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, colonia Progreso de esta ciudad.

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