Francisco Miranda Sánchez
Expediente 746/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/06/2017
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales
- Francisco Miranda Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VI) Toluca, México; ocho de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por medio del cual el Administrador Desconcentrado de Recaudación México "1", por medio del cual solicita se le proporcionen mayores datos del deudor Alfonso Reyes Martínez, para poder llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución de la multa impuesta; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes. En ese contexto, se hace del conocimiento al Administrador Desconcentrado de Recaudación México "1", que los únicos datos con los que cuenta este órgano jurisdiccional son que la persona física que ostenta el cargo de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México es Alfonso Martínez Reyes y que dicha multa deberá requerirse de pago en su domicilio laboral, esto es; Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio B, primer piso, Colonia Centro Toluca, México, Código Postal 50000; al ser esta la única información con que cuenta este Juzgado de Distrito, tal y como se le indicó en proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete (foja 229). En virtud de lo anterior, se requiere nuevamente a la citada autoridad para que en el término de tres días haga efectiva la multa impuesta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, cuyo cobro deberá requerirse en su domicilio laboral, con el apercibimiento que en caso de ser omiso a lo solicitado, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. No se desatiende que pudieran existir homónimos de Alfonso Reyes Martínez; sin embargo al llevar a cabo el cobro de la multa impuesta en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en su domicilio laboral resulta evidente que no se estará efectuando el cobro a un homónimo, sino a la persona a la que le fue impuesta la multa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Tania Rosalinda Méndez López, que autoriza, firma y da fe.
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III.- Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo pasado, se requirió al Subdirector de Servicios Legales del Instituto Nacional Electoral, para que realice las gestiones relativas a fin de que una vez que obtenga la información requerida, en cuanto a la autenticidad de la credencial para votar con el número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 5223071122714, informe a este Juzgado el resultado de dicha investigación; por tanto, a fin de dar margen a que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 y 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con veinticinco minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la misma. Finalmente, visto el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso Yumar Maldonado Mondragón solicita la devolución de su credencial de elector con número de OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 5223071122714, con el fin de llevar a cabo diversos trámites de reconocimiento. agréguese a los autos el escrito de cuenta, para que obre como corresponda, sin que haya lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el peticionario de amparo, pues este órgano jurisdiccional no cuenta con el referido documento, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, dicha credencial fue enviada a la Subdirección de Servicios Legales del Instituto Nacional Electoral, precisamente para que esa autoridad analice la autenticidad de la documental en cita; por lo que, una vez que sea comunicada la conclusión de dicha investigación, deberá estar a lo resuelto en ese sentido por dicho órgano electoral, tal como se precisó en el primer párrafo de este proveído.
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SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIOD E LISTA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Miranda Sánchez, por medio del cual desahoga en tiempo y forma la prevención realizada en auto de veintidós de mayo del año en curso (fojas 21 a 24). En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, del contenido de la demanda que nos ocupa así como de los escritos aclaratorios se desprende que el promovente reclama esencialmente lo siguiente: La sentencia definitiva de siete de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la controversia del orden familiar número 837/2015. Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." (Se hace la aclaración que lo resaltado no corresponde al texto original) En ese tenor, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada en la controversia del orden familiar número 837/2015, el siete de diciembre de dos mil dieciséis, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Luego, del análisis de la determinación que se reclama se advierte que a través de ésta se puso fin al procedimiento judicial, pues con ésta, el juez responsable resuelve en definitiva el procedimiento natural, es decir, se condenó a la parte demandada aquí quejoso al pago de las prestaciones reclamadas, esto es, resolvió dicho asunto en lo principal, por ende, tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al procedimiento de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida por Francisco Miranda Sánchez, contra el acto reclamado antes precisado, compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítase la demanda de amparo con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, en Turno, para los efectos legales de su competencia. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 746/2017 y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto. Igualmente, se solicita a la superioridad que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, con copia certificada de las constancias necesarias, y autógrafa del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
III.- Visto el escrito de cuenta mediante el cual Sonia María del Carmen Palomar Sánchez, apoderada para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio del quejoso Víctor Manuel Rodríguez Amarillas, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento notarial 56,355, otorgado el veintidós de abril de dos mil quince, ante el notario número 15 del Estado de México, por el que autoriza para oír y recibir notificaciones a diversas personas, señala domicilio para los mismos efectos, además, solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes y solicita la devolución del poder que adjunta al presente. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, al cuaderno provisional que para tal efecto se forma; y, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se cuente con el expediente original al cual se dirige el ocurso que se atiende. Lo anterior, tomando en consideración que por oficio CTAIA/CMDD/577/2015, signado por el Director del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura, el cuatro de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la remisión provisional de los expedientes ingresados en el periodo del uno de enero de dos mil diez al tres de abril de dos mil quince, a dicho Centro Archivístico. En consecuencia, se solicita al Director del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura, remita a este Juzgado de Distrito los autos originales del juicio de amparo 1426/2012-III, a fin de estar en posibilidad de proveer lo conducente respecto al escrito que se recibe. Finalmente, no obstante lo anterior, como lo solicita la promovente, devuélvase el instrumento notarial 56,355, otorgado el veintidós de abril de dos mil quince, ante el notario número 15 del Estado de México, ello, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa constancia de entrega que en autos obre y del cotejo respectivo con la copia simple que al efecto se exhibe.
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