Francisco Miguel García Cruz
Expediente 14/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco Miguel García Cruz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía interconexión IOJ (Interconexión Órganos Jurisdiccionales) dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el once de diciembre de dos mil veinte, en el incidente de inejecución de sentencia ********************, formada con motivo de la declaratoria de la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida en este asunto el uno de octubre de dos mil veinte; resolución de la que se advierte que el referido incidente de inejecución se declaró infundado. Acúsese recibo. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio 4521/2020 del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que esencialmente comunica que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia relativo al juicio de amparo 14/2020-III-A, de donde deriva este expedientillo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diez de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que ya obran en autos las constancias de notificación relativas al auto de cuatro de noviembre de esta anualidad, estando debidamente integrado el presente expediente, como está ordenado en dicho proveído, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver con relación a la imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia concesora del amparo, declarada por auto de uno de octubre último. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veinte Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veintitrés de septiembre de esta anualidad se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada, con lo informado por las autoridades responsables, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, y al tercero interesado el veinticinco de septiembre siguiente, sin que a la fecha hubieren realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veintiuno de agosto de dos mil veinte, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de inmediato, realizara las gestiones necesarias para ordenar el emplazamiento de la demandada Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, en el domicilio oficial que le corresponda, y a su vez el actuario responsable, procediera con prontitud a la realización del emplazamiento al juicio laboral de origen a la persona moral pública demandada. Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables que cumplieran con lo ordenado en la misma. Al efecto, mediante oficio 739/2020, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la Presidenta de la Junta Laboral responsable informó y acreditó que por auto de diez de agosto de dos mil veinte, se tuvo por no interpuesta la demanda laboral por lo que respecta a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán; a lo que mediante oficio 740/2020, de la propia fecha, se adhirió al actuario adscrito a dicha Junta. De lo anterior se advierte que las citadas autoridades responsables se encuentran imposibilitadas materialmente para acatar la ejecutoria de amparo, pues tal como se demuestra con las constancia remitidas a este Juzgado, la situación jurídica cambió durante la tramitación del juicio de amparo, con motivo de la determinación de la referida Junta laboral, de tener por no interpuesta la demanda laboral en contra de la Secretaría de Salud. Por lo anteriormente expuesto, debe declararse la imposibilidad jurídica de la aludida autoridad responsable para acatar estrictamente el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 431, del Tomo XXVII, enero de 2008, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." También es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 140, del Tomo XXV, junio de 2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2017828, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 23/2018 (10a.), Página: 274, del rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella. Finalmente, transcurrido el término de quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, de no interponerse recurso de inconformidad, dese nueva cuenta para acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada.
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