Francisco Miguel Flores Murillo
Expediente 727/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Miguel Flores Murillo
- Abril Castellano Flores
- Javier Castellano Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si la autoridad responsable ha acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por ésta. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que los quejosos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, consistente en la negativa del registro de nacimiento de la menor con ******************** en razón del exceso de requisitos del Reglamento del Registro Civil, y por consecuencia la negativa para otórgale un acta de nacimiento, la cual fue concebida mediante el método de gestación sustituta (subrogada) y de una madre gestante. Mediante sentencia definitiva autorizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, registrará de forma definitiva a la hija de ******************** y ********************, producto de la gestación subrogada por convenio celebrado con ********************, asentando en el registro correspondiente únicamente el nombre de los primeros dos como sus progenitores, quienes elegirían el nombre y orden de sus apellidos y expidiera una copia certificada del acta de nacimiento respectiva. En la sentencia de amparo se consideró que el derecho de identidad comprende no sólo el derecho al nombre, sino el derecho a ser registrado de inmediato por sus padres, a conocer su origen biológico, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, de donde surge su identidad cultural; habiéndose comprometido el Estado Mexicano a respetar estos derechos del niño, siendo necesario priorizar el derecho a la identidad, la filiación y la personalidad jurídica del infante y atender su interés superior, tal como lo estipula el artículo 4º de la Carta Magna, en virtud de que tiene derecho a ser registrada con independencia del reconocimiento jurídico o no de la gestación sustituta. En esos términos y atendiendo a lo que establece el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando éstos sean privados ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte "deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad"; de ahí que será el Estado el obligado a garantizar el cumplimiento de ese derecho al registrar el referido nacimiento y expedir el acta respectiva, acciones que suponen el reconocimiento inmediato de la existencia de la niña y la formalización de su nacimiento ante la ley. También se puntualizó que el registro de la infante garantizaría el derecho de la niña a un nombre y apellido, así como a una nacionalidad; pero además, el derecho de filiación (parentesco que la une con sus padres biológicos), satisfaciéndose así su derecho humano de identidad de manera íntegra, por lo que era imprescindible potencializar el derecho de defensa de la niña y preservar en la mayor medida posible lo relativo a la identidad; por lo que se consideró que el requerimiento de una sentencia que ordenará tal registro era violatorio del principio de igualdad, pues generaba un trato discriminatorio multifacético a la niña y a sus padres biológicos; dado que imponer mayores requisitos para el registro de nacimiento impedía el reconocimiento de su vínculo filial, además de que podría redundar en afectaciones para su salud, como lo era la posibilidad de la aplicación de vacunas, para lo cual era indispensable la presentación del acta de nacimiento para la obtención de la cartilla respectiva, entre otras. Se concluyó que es obligación de la autoridad responsable verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y determinar lo que resultare más benéfico para la menor de edad ante la particularidad del caso presentado y que únicamente debía analizar los documentos aportados por los aquí quejosos sobre la manifestación de la voluntad para procrear a su hija mediante la gestación subrogada y, con base en ello, resolver la procedencia del registro solicitado, pues sólo de esa manera se tutelaría el interés superior de la niña, al reconocerle su derecho a la identidad y al vínculo filial con sus progenitores. Dicha sentencia causó ejecutoria el once de octubre de dos mil veintitrés. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio CJSL/DGRC/DAJ/6454/2023, el Apoderado Legal del Registro Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acta de nacimiento definitiva de la menor ********************, en donde figuraron como progenitores los aquí quejosos. De lo antes narrado se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, el Registro Civil de la Ciudad de México, expidió el acta de nacimiento definitiva de la menor ********************, en donde figuraron como progenitores los aquí quejosos; de lo que se advierte que no realizó o dejó de realizar actos adicionales a lo ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dio total cumplimiento al fallo federal. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia definitiva autorizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo solicitado a los quejosos, misma que causó ejecutoria el once de octubre de dos mil veintitrés, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación que el presente expediente es conservable en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional, la cual fue revocada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de ********************dictada en el recurso de queja********************y mediante resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados por los quejosos, por lo anterior, el original de dicho incidente es conservable, ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en tal virtud, en la carátula del expediente, hágase dicha anotación, asentando la fecha en que se ordena el archivo, para que una vez que transcurra el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; sea trasferido al Depósito Documental de Expedientes de la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es destruible por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica a los quejosos, personalmente a la tercera interesada y por oficio a la Asesora Jurídica Federal de la menor con iniciales
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si la autoridad responsable ha acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por ésta. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que los quejosos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, consistente en la negativa del registro de nacimiento de la menor con ******************** en razón del exceso de requisitos del Reglamento del Registro Civil, y por consecuencia la negativa para otórgale un acta de nacimiento, la cual fue concebida mediante el método de gestación sustituta (subrogada) y de una madre gestante. Mediante sentencia definitiva autorizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, registrará de forma definitiva a la hija de ******************** y ********************, producto de la gestación subrogada por convenio celebrado con ********************, asentando en el registro correspondiente únicamente el nombre de los primeros dos como sus progenitores, quienes elegirían el nombre y orden de sus apellidos y expidiera una copia certificada del acta de nacimiento respectiva. En la sentencia de amparo se consideró que el derecho de identidad comprende no sólo el derecho al nombre, sino el derecho a ser registrado de inmediato por sus padres, a conocer su origen biológico, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, de donde surge su identidad cultural; habiéndose comprometido el Estado Mexicano a respetar estos derechos del niño, siendo necesario priorizar el derecho a la identidad, la filiación y la personalidad jurídica del infante y atender su interés superior, tal como lo estipula el artículo 4º de la Carta Magna, en virtud de que tiene derecho a ser registrada con independencia del reconocimiento jurídico o no de la gestación sustituta. En esos términos y atendiendo a lo que establece el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando éstos sean privados ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte "deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad"; de ahí que será el Estado el obligado a garantizar el cumplimiento de ese derecho al registrar el referido nacimiento y expedir el acta respectiva, acciones que suponen el reconocimiento inmediato de la existencia de la niña y la formalización de su nacimiento ante la ley. También se puntualizó que el registro de la infante garantizaría el derecho de la niña a un nombre y apellido, así como a una nacionalidad; pero además, el derecho de filiación (parentesco que la une con sus padres biológicos), satisfaciéndose así su derecho humano de identidad de manera íntegra, por lo que era imprescindible potencializar el derecho de defensa de la niña y preservar en la mayor medida posible lo relativo a la identidad; por lo que se consideró que el requerimiento de una sentencia que ordenará tal registro era violatorio del principio de igualdad, pues generaba un trato discriminatorio multifacético a la niña y a sus padres biológicos; dado que imponer mayores requisitos para el registro de nacimiento impedía el reconocimiento de su vínculo filial, además de que podría redundar en afectaciones para su salud, como lo era la posibilidad de la aplicación de vacunas, para lo cual era indispensable la presentación del acta de nacimiento para la obtención de la cartilla respectiva, entre otras. Se concluyó que es obligación de la autoridad responsable verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y determinar lo que resultare más benéfico para la menor de edad ante la particularidad del caso presentado y que únicamente debía analizar los documentos aportados por los aquí quejosos sobre la manifestación de la voluntad para procrear a su hija mediante la gestación subrogada y, con base en ello, resolver la procedencia del registro solicitado, pues sólo de esa manera se tutelaría el interés superior de la niña, al reconocerle su derecho a la identidad y al vínculo filial con sus progenitores. Dicha sentencia causó ejecutoria el once de octubre de dos mil veintitrés. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio CJSL/DGRC/DAJ/6454/2023, el Apoderado Legal del Registro Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acta de nacimiento definitiva de la menor ********************, en donde figuraron como progenitores los aquí quejosos. De lo antes narrado se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, el Registro Civil de la Ciudad de México, expidió el acta de nacimiento definitiva de la menor ********************, en donde figuraron como progenitores los aquí quejosos; de lo que se advierte que no realizó o dejó de realizar actos adicionales a lo ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dio total cumplimiento al fallo federal. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia definitiva autorizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo solicitado a los quejosos, misma que causó ejecutoria el once de octubre de dos mil veintitrés, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación que el presente expediente es conservable en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional, la cual fue revocada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de ********************dictada en el recurso de queja********************y mediante resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados por los quejosos, por lo anterior, el original de dicho incidente es conservable, ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en tal virtud, en la carátula del expediente, hágase dicha anotación, asentando la fecha en que se ordena el archivo, para que una vez que transcurra el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; sea trasferido al Depósito Documental de Expedientes de la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es destruible por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica a los quejosos, personalmente a la tercera interesada y por oficio a la Asesora Jurídica Federal de la menor con iniciales
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si la autoridad responsable ha acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por ésta. De las actuaciones del presente sumario, se advierte que los quejosos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamaron de la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, consistente en la negativa del registro de nacimiento de la menor con ******************** en razón del exceso de requisitos del Reglamento del Registro Civil, y por consecuencia la negativa para otórgale un acta de nacimiento, la cual fue concebida mediante el método de gestación sustituta (subrogada) y de una madre gestante. Mediante sentencia definitiva autorizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo a los quejosos, para el efecto de que la autoridad responsable Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, registrará de forma definitiva a la hija de ******************** y ********************, producto de la gestación subrogada por convenio celebrado con ********************, asentando en el registro correspondiente únicamente el nombre de los primeros dos como sus progenitores, quienes elegirían el nombre y orden de sus apellidos y expidiera una copia certificada del acta de nacimiento respectiva. En la sentencia de amparo se consideró que el derecho de identidad comprende no sólo el derecho al nombre, sino el derecho a ser registrado de inmediato por sus padres, a conocer su origen biológico, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, de donde surge su identidad cultural; habiéndose comprometido el Estado Mexicano a respetar estos derechos del niño, siendo necesario priorizar el derecho a la identidad, la filiación y la personalidad jurídica del infante y atender su interés superior, tal como lo estipula el artículo 4º de la Carta Magna, en virtud de que tiene derecho a ser registrada con independencia del reconocimiento jurídico o no de la gestación sustituta. En esos términos y atendiendo a lo que establece el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando éstos sean privados ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte "deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad"; de ahí que será el Estado el obligado a garantizar el cumplimiento de ese derecho al registrar el referido nacimiento y expedir el acta respectiva, acciones que suponen el reconocimiento inmediato de la existencia de la niña y la formalización de su nacimiento ante la ley. También se puntualizó que el registro de la infante garantizaría el derecho de la niña a un nombre y apellido, así como a una nacionalidad; pero además, el derecho de filiación (parentesco que la une con sus padres biológicos), satisfaciéndose así su derecho humano de identidad de manera íntegra, por lo que era imprescindible potencializar el derecho de defensa de la niña y preservar en la mayor medida posible lo relativo a la identidad; por lo que se consideró que el requerimiento de una sentencia que ordenará tal registro era violatorio del principio de igualdad, pues generaba un trato discriminatorio multifacético a la niña y a sus padres biológicos; dado que imponer mayores requisitos para el registro de nacimiento impedía el reconocimiento de su vínculo filial, además de que podría redundar en afectaciones para su salud, como lo era la posibilidad de la aplicación de vacunas, para lo cual era indispensable la presentación del acta de nacimiento para la obtención de la cartilla respectiva, entre otras. Se concluyó que es obligación de la autoridad responsable verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y determinar lo que resultare más benéfico para la menor de edad ante la particularidad del caso presentado y que únicamente debía analizar los documentos aportados por los aquí quejosos sobre la manifestación de la voluntad para procrear a su hija mediante la gestación subrogada y, con base en ello, resolver la procedencia del registro solicitado, pues sólo de esa manera se tutelaría el interés superior de la niña, al reconocerle su derecho a la identidad y al vínculo filial con sus progenitores. Dicha sentencia causó ejecutoria el once de octubre de dos mil veintitrés. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio CJSL/DGRC/DAJ/6454/2023, el Apoderado Legal del Registro Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada del acta de nacimiento definitiva de la menor ********************, en donde figuraron como progenitores los aquí quejosos. De lo antes narrado se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, el Registro Civil de la Ciudad de México, expidió el acta de nacimiento definitiva de la menor ********************, en donde figuraron como progenitores los aquí quejosos; de lo que se advierte que no realizó o dejó de realizar actos adicionales a lo ordenado en la sentencia de amparo; sino que contrario a ello, dio total cumplimiento al fallo federal. En consecuencia, este juzgado procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, en términos de los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia definitiva autorizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en su único punto resolutivo se concedió el amparo solicitado a los quejosos, misma que causó ejecutoria el once de octubre de dos mil veintitrés, como quedó precisado en líneas que anteceden; en consecuencia, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la observación que el presente expediente es conservable en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, se trasferirá al Depósito Documental de Expedientes de la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservar la totalidad del expediente. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional, la cual fue revocada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de ********************dictada en el recurso de queja********************y mediante resolución interlocutoria de siete de julio de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados por los quejosos, por lo anterior, el original de dicho incidente es conservable, ya que dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en tal virtud, en la carátula del expediente, hágase dicha anotación, asentando la fecha en que se ordena el archivo, para que una vez que transcurra el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; sea trasferido al Depósito Documental de Expedientes de la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es destruible por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y vía electrónica a los quejosos, personalmente a la tercera interesada y por oficio a la Asesora Jurídica Federal de la menor con iniciales
- Incidental
Visto el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Penales "B", en suplencia por ausencia del Titular de la Subdirección de lo Contencioso del Instituto Nacional de Migración, en atención al mismo y en cumplimiento a lo ordenado en autos de once y treinta de octubre del año en curso, informa que realizó las actuaciones correspondientes en la Lista de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, cancelando el registro de control migratorio a nombre de la menor ********************; por lo que se tiene a la oficiante dando cumplimiento a lo solicitado y el oficio de cuenta se ordena agregar para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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