Francisco Miguel Damián Marín
Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/05/2023
Partes del expediente
- Francisco Miguel Damián Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de marzo al once de abril de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veinticinco y veintiséis de marzo, así como los días uno, dos, ocho y nueve de abril de dos mil veintitrés, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y los días cinco, seis y siete de abril de dos mil veintitrés, conforme a la circular 12/2023, de ocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bamaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
SE ORDENA AGREGAR UNICAMENTE PARA QUE OBRE EN AUTOS EL OFICIO DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, TODA VEZ QUE EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** de la Presidente de la Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso, y como justificación de su informe remite copia certificada de lo siguiente: 1. Acuerdo emitido el tres de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se da contestación al escrito de la parte actora de diez de octubre de dos mil veintidós, presentado el trece del mismo mes y año, en el sentido de que no es procedente conceder lo que en él solicita, en virtud de aún no han sido notificadas las partes del laudo emitido, por lo que no es posible la emisión del requerimiento de pago y embargo por no estar en la etapa procesal correspondiente. 2. Notificación de ese proveído a la parte actora en el juicio laboral de origen *** 3. Oficio ***, derivado de este juicio de amparo indirecto ***, mediante el cual se comunicó la radicación, admisión de la demanda y se solicitó su informe justificado, el cual carece de la última foja. 4. Primera hoja de un escrito de demanda de amparo en el que aparece como promovente ***. 5. Oficio ***, de cuatro de agosto de dos mil veintidós, derivado del juicio de amparo ***, mediante el cual se comunicó la radicación, admisión de la demanda y se solicitó su informe justificado. 6. Oficio ***, de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, derivado del juicio de amparo ***, mediante el cual se comunicó que dicho juicio de amparo había causado estado y se ordenó el archivo definitivo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la constancia que en copia certificada remite. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Francisco Miguel Damián Marín, mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, a quienes les reclamó la negativa de dictar el requerimiento de pago y embargo, en el expediente laboral ***, al no haber dado contestación a su escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, presentado el trece del mismo mes y año. Ahora bien, la autoridad responsable, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, toda vez que no se ha dictado el requerimiento de pago y embargo, sin embargo, informa que mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente respecto del escrito de la parte actora de diez de octubre de dos mil veintidós, presentado el trece del mismo mes y año, en el sentido de que no es procedente conceder lo que en él solicita, en virtud de que aún no han sido notificadas las partes del laudo, por lo que no es posible la emisión del requerimiento de pago y embargo por no estar en la etapa procesal correspondiente. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió. Bajo ese contexto, al haberse emitido el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que se proveyó el escrito de la parte actora de diez de octubre de dos mil veintidós, en el sentido de que no es procedente conceder lo que en él solicita, en virtud de que aún no han sido notificadas las partes del laudo, por lo que no es posible la emisión del requerimiento de pago y embargo por no estar en la etapa procesal correspondiente, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV..."Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, no ha sido notificada del oficio *****, mediante el cual, se le requirió para que informara si ya se dictó el acuerdo respecto al acto que reclama el quejoso ******, relativo al expediente laboral número *****, y en caso de ser afirmativo, remita las constancias necesarias para acreditarlo. 11/03/23 12:51:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e1.7c Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez En consecuencia, se instruye al Actuario Judicial para que de inmediato notifique a la autoridad responsable el oficio de referencia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Pedro Gonzalo Collantes Gutiérrez, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.
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