Francisco Meza Michell

Expediente 741/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
741/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco Meza Michell

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN VEINTICHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 741/2020-V, promovido por xxx, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Manuel Basio Aguilar, Secretario con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 741/2020-V, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; y, b); informes justificados rendido por las autoridades responsables. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que obran las pruebas documentales que constan en autos. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas mencionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto, con lo que se cierra la etapa probatoria. Agotada la fase probatoria, y abierto el de alegatos en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediéndose a dictar la sentencia respectiva. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 741/2020-V, promovido por Francisco Meza Michell, por su propio derecho, contra actos del Juez Especializado en Ejecución con residencia en Tecate, Baja California; y, de otra autoridad. R e s u l t a n d o Primero. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido ese mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Francisco Meza Michell, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez Especializado en Ejecución con residencia en Tecate, Baja California y Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California. Acto reclamado: "Se reclama la omisión de seguimiento de proceso del incidente no especificado de la libertad anticipada en su modalidad de remisión parcial de la pena." Asimismo, en uno de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, el quejoso expuso que presentó un escrito el cinco de noviembre de dos mil veinte ante la autoridad responsable, pero a la fecha de la presentación de la demanda, no se había acordado. Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El siete de enero de dos mil veintiuno, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda relativa la cual quedó registrada bajo el expediente 741/2020-V; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias agregadas al sumario se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión de acordar el escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual solicitó un beneficio de libertad anticipada. Tercero. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual solicitó un beneficio de libertad anticipada; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado y sin que la parte quejosa haya ofrecido algún medio de prueba para desvirtuar la negativa. Lo anterior es así, puesto que la documental que el quejoso anexó a su escrito inicial de demanda, la cual cuenta con sello de recibo original de cinco de noviembre de dos mil veinte, se encuentra dirigida al Juez Especializado en Ejecución con residencia en Tecate, Baja California; probanza que al no haber sido objetada, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, si la documental exhibida por el quejoso se encuentra dirigida y recibida por la autoridad judicial, ésta resulta insuficiente para acreditar que, efectivamente, la autoridad administrativa recibió el escrito que refiere la parte quejosa; por tanto, la omisión que la quejosa le reclama a la autoridad responsable Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California, es inexistente. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado al Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, con residencia en Mexicali, Baja California y sin prueba en contrario que la desvirtúe, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California, consistente en la omisión de acordar el escrito mediante el cual solicitó un beneficio de libertad anticipada; ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Circunstancia que quedó corroborada con copia auténtica de las constancias que anexó a su informe, relacionadas con el cuaderno de ejecución 836/2018; probanzas a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se desprende que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -treinta de noviembre de dos mil veinte-, la autoridad responsable no había acordado el escrito presentado por el quejoso -el cinco de noviembre de dos mil veinte-, mediante el cual solicitó un beneficio de libertad anticipada. Quinto. No obstante la existencia del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de Ley de Amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Como quedó precisado, el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales lo constituye la omisión de acordar el escrito mediante el cual, Francisco Meza Michell, solicitó un beneficio de libertad anticipada. Luego, de las constancias remitidas por el Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California, se advierte que con motivo de la solicitud presentada por el quejoso, la autoridad responsable, el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, acordó de conformidad el escrito presentado por el sentenciado; además, requirió información a diversas autoridades para integrar debidamente el expediente y señaló fecha y hora para el deshago de la audiencia para que las partes realizaran los planteamientos conducentes. Incluso, en audiencia de siete de mayo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo al quejoso y a su defensa, por desistidos de la instancia. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California, acordó el escrito mediante el cual Francisco Meza Michell, solicitó un beneficio de libertad anticipada, pues requirió información a diversas autoridades y señaló fecha para el desahogo de la audiencia a fin de resolver la solicitud planteada, incluso, posteriormente tuvo al quejoso y a su defensa por desistidos de la instancia; es inconcuso que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, acordó favorablemente el escrito mediante el cual el quejoso solicitó un beneficio de libertad anticipada; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar acreditado que han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 741/2020-V, promovido por Francisco Meza Michell, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Manuel Basio Aguilar, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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