Francisco Mendoza Ramos

Expediente 832/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
832/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
03/10/2017

Partes del expediente

  • Francisco Mendoza Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración, el presente expediente ya que se concedió el amparo; y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de treinta de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México: 1. Dejara insubsistente el auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa (causa penal) 89/2017; 2. Con libertad de jurisdicción, pero de manera motivada y atendiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria, se pronunciara en relación a la petición que le realizó el defensor particular del aquí quejoso en su escrito de quince de mayo del año en curso, citando los preceptos legales que resultaran aplicables; y, 3. Notificara dicha determinación a las partes. Por auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento; por lo que, el juez responsable, a través del oficio 1792, presentado el tres de agosto del año en curso, ante este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada del auto de dos de agosto de la presente anualidad, por el que, dejó insubsistente el auto dictado el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa (causa penal) 89/2017; y, enseguida, con libertad de jurisdicción, pero de manera motivada, se pronunció sobre la petición que le realizó el defensor particular del aquí quejoso el quince de mayo del año en curso, pues en principio señaló, que para establecer la medida cautelar, se habría de atender al contenido del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se previene que su imposición se da para asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; y, su imposición por disposición del diverso 154 de dicho ordenamiento, en su fracción II, lo será una vez que se haya vinculado a proceso al imputado; ello, atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el numeral 156 de la misma codificación, y al 167 párrafo primero de la codificación en cita, que previene que las medidas cautelar habrán de garantizar la presencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. Agregó que, si bien el promovente había solicitado la reducción de la garantía económica impuesta al imputado, en principio había de señalarse que dicha garantía se había considerado idónea en términos de lo previsto en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la naturaleza del hecho atribuido de extorsión, y porque su exhibición aseguraría la presencia del imputado en el procedimiento; además garantizaría la seguridad de la víctima en el proceso; y, evitaría que se obstruyera el procedimiento; por lo que, se consideraba viable que los montos que habría de exhibir, sin prejuzgar que podría ser responsable, serían: por concepto de multa, la cantidad de $100,050.00 (cien mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); respecto de las modificativas agravantes, el equivalente a $228,114.00 (doscientos veintiocho mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional); respecto de la reparación del daño, se justificó la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); y, finalmente, en cuanto a las obligaciones procesales, se fijó la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); cantidades que habían sido fijadas conforme a los argumentos vertidos en la audiencia de once de mayo de dos mil diecisiete. Luego expuso, que atendiendo a la temporalidad en que se había impuesto la medida cautelar de garantía económica (once de mayo del año en curso), a la fecha en que daba cumplimiento a la ejecutoria, había mediado un lapso considerable en las condiciones que imperaban al momento en que se impuso la misma; que hasta este momento podía considerarse un menor riesgo para la víctima, pues no se había informado circunstancia diversa y que tampoco se acreditaba la existencia de algún riesgo de que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia poniendo en peligro de obstaculización el desarrollo de la investigación; por lo que, era procedente reducir las cantidades señaladas, para ahora imponer por concepto de multa la de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional); respecto de las modificativas agravantes, la de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional); el monto de la reparación del daño, no sufría modificación alguna, quedando la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que era la que había justificado el representante social; y, en cuanto a las obligaciones procesales, se redujo a la de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional); y, finalmente señaló, que de requerirse por parte del imputado la revisión de la medida cautelar impuesta, debía de promoverla conforme a lo establecido por los artículos 161 a 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que su derecho a la libertad le fuera asequible. Asimismo, mediante diverso 1816 presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, ante este juzgado de Distrito, el Juez de Control responsable remitió en copia certificada las constancias de notificación a las partes del acuerdo dictado el dos de agosto del año en curso. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues a través del proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto dictado el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa (causa penal) 89/2017 de su índice; y, enseguida, con libertad de jurisdicción, pero de manera motivada y atendiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria, se pronunció en relación a la petición que le realizó el defensor particular del aquí quejoso en su escrito de quince de mayo del año en curso, citando los preceptos legales que resultaron aplicables; determinación que notificó a las partes. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 22 DE AGOSTO DE 2017 SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 18 DE AGOSTO DE 2017 QUE EN ESENCIA DICE: Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que las partes no formularon manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de treinta de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México: 1. Dejara insubsistente el auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta administrativa (causa penal) 89/2017; 2. Con libertad de jurisdicción, pero de manera motivada y atendiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria, se pronunciara en relación a la petición que le realizó el defensor particular del aquí quejoso en su escrito de quince de mayo del año en curso, citando los preceptos legales que resultaran aplicables; y, 3. Notificara dicha determinación a las partes. Por auto de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se requirió su cumplimiento; por lo que, el juez responsable, a través del oficio 1792, presentado el tres de agosto del año en curso, ante este órgano jurisdiccional, adjuntó copia certificada del auto de dos de agosto de la presente anualidad, por el que, dejó insubsistente el auto dictado el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa (causa penal) 89/2017; y, enseguida, con libertad de jurisdicción, pero de manera motivada, se pronunció sobre la petición que le realizó el defensor particular del aquí quejoso el quince de mayo del año en curso, pues en principio señaló, que para establecer la medida cautelar, se habría de atender al contenido del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se previene que su imposición se da para asegurar la presencia del imputado en el proceso, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; y, su imposición por disposición del diverso 154 de dicho ordenamiento, en su fracción II, lo será una vez que se haya vinculado a proceso al imputado; ello, atendiendo al principio de proporcionalidad previsto en el numeral 156 de la misma codificación, y al 167 párrafo primero de la codificación en cita, que previene que las medidas cautelar habrán de garantizar la presencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. Agregó que, si bien el promovente había solicitado la reducción de la garantía económica impuesta al imputado, en principio había de señalarse que dicha garantía se había considerado idónea en términos de lo previsto en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la naturaleza del hecho atribuido de extorsión, y porque su exhibición aseguraría la presencia del imputado en el procedimiento; además garantizaría la seguridad de la víctima en el proceso; y, evitaría que se obstruyera el procedimiento; por lo que, se consideraba viable que los montos que habría de exhibir, sin prejuzgar que podría ser responsable, serían: por concepto de multa, la cantidad de $100,050.00 (cien mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); respecto de las modificativas agravantes, el equivalente a $228,114.00 (doscientos veintiocho mil ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional); respecto de la reparación del daño, se justificó la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); y, finalmente, en cuanto a las obligaciones procesales, se fijó la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); cantidades que habían sido fijadas conforme a los argumentos vertidos en la audiencia de once de mayo de dos mil diecisiete. Luego expuso, que atendiendo a la temporalidad en que se había impuesto la medida cautelar de garantía económica (once de mayo del año en curso), a la fecha en que daba cumplimiento a la ejecutoria, había mediado un lapso considerable en las condiciones que imperaban al momento en que se impuso la misma; que hasta este momento podía considerarse un menor riesgo para la víctima, pues no se había informado circunstancia diversa y que tampoco se acreditaba la existencia de algún riesgo de que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia poniendo en peligro de obstaculización el desarrollo de la investigación; por lo que, era procedente reducir las cantidades señaladas, para ahora imponer por concepto de multa la de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional); respecto de las modificativas agravantes, la de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 moneda nacional); el monto de la reparación del daño, no sufría modificación alguna, quedando la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que era la que había justificado el representante social; y, en cuanto a las obligaciones procesales, se redujo a la de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional); y, finalmente señaló, que de requerirse por parte del imputado la revisión de la medida cautelar impuesta, debía de promoverla conforme a lo establecido por los artículos 161 a 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que su derecho a la libertad le fuera asequible. Asimismo, mediante diverso 1816 presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, ante este juzgado de Distrito, el Juez de Control responsable remitió en copia certificada las constancias de notificación a las partes del acuerdo dictado el dos de agosto del año en curso. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues a través del proveído de dos de agosto de dos mil diecisiete, dejó insubsistente el auto dictado el quince de mayo de dos mil diecisiete, en la carpeta administrativa (causa penal) 89/2017 de su índice; y, enseguida, con libertad de jurisdicción, pero de manera motivada y atendiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria, se pronunció en relación a la petición que le realizó el defensor particular del aquí quejoso en su escrito de quince de mayo del año en curso, citando los preceptos legales que resultaron aplicables; determinación que notificó a las partes. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa las acciones tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Tomás Carbajal Arellano, que da fe.

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