Francisco Mendoza Rafael
Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Mendoza Rafael
- Junta Federal número treinta y dos de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
PRAL 961/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicha resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.242/2019.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 1° Autoridad informa. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por el director Jurídico de la Policía Estatal, con residencia en Santa María Coyotepec; mediante el cual informa los trámites y acciones realizadas, en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este expediente. 2° Requerimiento. Ahora, en el comunicado de referencia la oficiante aduce remitir los diversos oficios con terminación 833/2022, 854/2022 y 4781/2022; empero, aquéllos no fueron anexados al ocurso que se provee; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la oficiante para que, dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, remita los aludidos comunicados; apercibiéndole que de no hacerlo o de no informar el impedimento legal y/o material que para ello tuviera, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de unidades de medida y actualización, misma que equivale a la cantidad de cuatro mil ochocientos once pesos, cero centavos, moneda nacional ($4,811.00), de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 961/2022 Acuerdo: PRAL 961/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el dieciséis de agosto de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma fecha, promovida por Francisco Mendoza Rafael, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 961/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto los siguientes: Autoridad responsable: Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acto reclamado: La omisión de acordar la planilla de liquidación presentada el quince de junio de dos mil veintidós, en el expediente 672/2017. La demora de impartición de justicia en el procedimiento. Causa de improcedencia. Sentado lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - - [.]" Párrafo del que se aprecia que los Juzgados de Distrito se encuentran obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno, así como aquellos criterios que emitan sus Salas. Precisado lo anterior, es menester indicar que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso Francisco Mendoza Rafael manifiesta en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" de la demanda de amparo que: El quince de junio de dos mil veintidós presentó ante la autoridad responsable un escrito por el que solicitó la aprobación de la planilla de liquidación en el expediente 672/2017. A la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de agosto de este año), la autoridad señalada como responsable no ha proveído lo relativo al incidente laboral. Lo anterior, alega, constituye una violación a su derecho de impartición de justicia pronta y tutela jurídica efectiva, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal. En esas condiciones, es necesario destacar que, al resolver la contradicción de tesis 294/2018 entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Plazo que se estableció así para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento, tomando en cuenta que es precisamente el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo contempla para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. - - - (...)." Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el uno de marzo de dos mil diecinueve, bajo el registro 2019400, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por tanto, se puede afirmar que el juicio de amparo no será procedente en los casos en que la dilación no exceda los cuarenta y cinco días naturales a que alude la jurisprudencia de observación obligatoria antes transcrita. En el caso, de los antecedentes que narra la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el quince de junio de dos mil veintidós presentó ante la autoridad responsable escrito en el que solicitó la aprobación de la planilla de liquidación en el expediente 672/2017, sin que hasta el momento se haya acordado lo correspondiente. Ahora, de conformidad con el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta tenía el plazo de cuarenta y ocho horas a partir del quince de junio de dos mil veintidós para dictar el acuerdo correspondiente; esto es, debió acordar lo respectivo el diecisiete de junio siguiente (fecha en la que fenecen las cuarenta y ocho horas), pero no lo hizo. Por ello, a partir del día siguiente (dieciocho de junio de este año) empezó a transcurrir los cuarenta y cinco días naturales que prevé la jurisprudencia citada con anterioridad, para determinar que existe dilación en el juicio laboral y por tanto, la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, dicho plazo no ha fenecido (cuarenta y cinco días), pues de la boleta de turno se observa que la demanda de amparo se presentó el dieciséis de agosto de dos mil veintidós y la autoridad responsable gozó de su primer periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de julio de este año, por lo que es dable concluir que no existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total que haga procedente el juicio de amparo. Pues realizando el cómputo correspondiente, del dieciocho de junio (día en que empezó a computarse el término) al dieciséis de agosto de este año (fecha de presentación de la demanda), solo han transcurrido cuarenta y tres días, por lo que, con base en las consideraciones expuestas en la jurisprudencia, hasta el momento, jurídicamente, no es procedente el juicio de amparo. Por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo; y, por ende, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo. 5. Domicilio y autorizados. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios de ese numeral, a Moisés González López (cédula profesional 12418902), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas; asimismo, a Martha González Ojeda, Carlos Michel García, Rocío del Alba Hernández Illen, Paola Lisset Aragón Antonio y Arely Elizabeth Morales López; ello, toda vez que se trata de una demanda en materia laboral. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 8. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, será considerada tal circunstancia para el caso de que algún interesado requiera de información de este expediente, mediante el procedimiento respectivo; no obstante, se ordena realizar la versión pública de las resoluciones y sentencia que, en su caso, se llegue a dictar, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal5, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley.23. 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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