Francisco Mendez Bureos

Expediente 1303/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1303/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Mendez Bureos

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 2. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales anexas a su oficio de cuenta, las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza. 3. Estado procesal de autos. Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que el peticionario de amparo Francisco Méndez Bureos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, mismos que hace consistir en esencia la omisión de acordar lo solicitado en la diligencia de embargo de doce de julio de dos mil veintitrés, referente a la investigación de cuentas bancarias de la demandada en el juicio laboral **********, a través de la plataforma Siara. En consecuencia, esta Juzgadora federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Se corrobora lo anterior porque, de las constancias que adjunta la autoridad responsable a su informe justificado, propiamente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil veintitrés, se desprende que ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (Siara), misiva con número 40701000000800T384/2023 mismo que fue remitido por la plataforma de referencia el seis del mismo mes y año; de igual forma se advierte que el acuerdo de uno de noviembre del año en curso, fue notificado a las partes por medio de Boletín Laboral el seis de noviembre del año en curso. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el uno de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable acordó lo solicitado por la aquí quejosa en la diligencia de embargo de doce de julio de dos mil veintitrés, referente a la investigación de cuentas bancarias de la demandada en el juicio laboral **********, ordenando girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (Siara), auto que fue notificado a las partes por medio de Boletín Laboral el seis de noviembre del año en curso; así la pretensión de la parte quejosa fue satisfecha y, con ello, restituido en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. En ese sentido, la responsable hizo cesar los actos que dieron origen a este amparo, habida cuenta que esa nueva situación restituyó de manera total e incondicional a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó vulnerado; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó, lógico es que, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Por lo que, es procedente sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Acceso a la justicia. El hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto por cuanto hace a las autoridades de referencia, en el caso, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se haya dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27.1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene a su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable"; ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga a su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia 1a. /J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA"1 . Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las once horas con treinta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica Autoridad responsable Oficio Fiscal Federal adscrita Electrónica

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