Francisco Mauricio Padilla Cisneros
Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Mauricio Padilla Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal del juicio, se advierte: la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, se declara que el referido proveído ha causado estado (quedó firme). Por lo tanto, se ordena: hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. En último lugar, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, posteriormente realice la certificación correspondiente. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo.
- Principal
Al expediente la razón de cuenta por la cual el actuario judicial adscrito manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, porque al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, le fue informado que el quejoso salió en libertad el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal.
- Principal
De la certificación que antecede, y el estado procesal que guarda el expediente, se advierte transcurre la última vista por el plazo de ocho días otorgada las partes en acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, con las constancias remitidas por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Lo cual obligará al diferimiento de la audiencia constitucional, a fin de evitar dejar en estado de indefensión a las partes, al deber mediar tal plazo. Tiene aplicación la siguiente tesis aislada, de la Décima Época (10ª), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2017979, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CELEBRARLA ANTES DE QUE CONCLUYA EL PLAZO DE OCHO DÍAS ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO DENTRO DE ÉSTE, EL QUEJOSO HAYA DESAHOGADO LA VISTA QUE SE LE DIO CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN ". En consecuencia, la audiencia constitucional de este día se difiere, y en su lugar, se señalan las diez horas con treinta y seis minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL DIVERSO ACUERDO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIENUVE. Al expediente, el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el cual, en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, informa: El cuatro de abril de dos mil diecinueve, radicó con el número 77/2019 de su índice, el recurso de apelación promovido por el quejoso y el agente del ministerio público adscrito al juzgado de origen, contra la sentencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal +++++del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Luego, el tres de julio de dos mil diecinueve, se dictó ejecutoria en la apelación referida, la cual se encuentra pendiente de notificar a las partes. Ahora, bajo ese contexto procesal y en atención a lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual establece la obligación a cargo del Juez de Derechos Humanos de examinar la demanda de protección, y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, desecharla de plano. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo origen del presente sumario constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que hace alusión al cambio de situación jurídica, por las razones y motivos que se explican a continuación De inicio debe destacarse, el quejoso, en su demanda de amparo, reclamó la omisión de resolver en definitiva el toca de apelación +" del índice de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, de la información proporcionada por la autoridad oficiante, se advierte que el tres de julio de dos mil diecinueve, se dictó ejecutoria en la apelación referida, la cual se encuentra pendiente de notificar a las partes. Por tanto, es indudable que se ha producido un cambio de situación jurídica, pues la sala al dictar la ejecutoria correspondiente puso fin al toca de apelación de origen, y con ello, modificó la situación jurídica del quejoso. Así es, porque el dictado de la ejecutoria correspondiente dio pie a la conclusión del recurso ordinario al cual, cualquier sentenciado, tiene derecho, dejándole sólo la oportunidad de acudir a un medio de control constitucional, en su caso, el amparo directo. De ahí el cambio de situación jurídica. En efecto, ante el nuevo escenario procesal, es menester hacer saber al quejoso que debe acudir al amparo directo pues, también, la existencia de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación de origen hace improcedente el amparo indirecto si está en desacuerdo con el sentido de la ejecutoria dictada en apelación, y para ello, tiene un plazo de hasta ocho años para interponer la demanda respectiva; plazo que comenzará a correr a partir de la legal notificación del fallo recaído a su recurso de apelación, por así disponerlo el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, no es óbice a la determinación anterior el hecho de que a la presente data se encuentre transcurriendo el plazo concedido al quejoso para desahogar la prevención efectuada mediante acuerdo de veinticuatro de los actuales, pues aun cuando diera a conocer el nombre de la persona que fungió como su defensor en el toca de apelación, o bien, señalara a uno diferente tal situación de ningún modo desvirtuaría el cambio de situación jurídica arriba analizado. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en particular la que opera con el parámetro de cambio de situación jurídica. Determinación que comulga con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a la tesis siguiente IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por último, en virtud de que la persona que llevó la defensa del quejoso, en el recurso de apelación fue la defensora pública adscrita a la Sala responsable, notifíquese este proveído de manera personal al quejoso en el lugar de su reclusión, pues de ese modo se garantiza que conocerá el contenido de este acuerdo y su nuevo contexto procesal.
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