Francisco Martinez Teos

Expediente 2629/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2629/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Francisco Martinez Teos

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO: Por este medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado se notifica a la parte quejosa, así como a la perito Luz Bertha Alvarez Gómez, el auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual: Visto el escrito signado por el perito oficial Luz Bertha Álvarez Gómez, mediante el cual, exhibe su planilla de honorarios en los términos requeridos en auto de cinco del mes y año en curso; en consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En el entendido de que se proveerá respecto de la aprobación o no de sus honorarios, una vez que emita su dictamen y lleve a cabo las gestiones inherentes a la prestación de sus servicios, tal como los establece el "ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación". En razón de lo anterior, se fijan las DOCE HORAS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de estampamiento de firmas a cargo de la parte quejosa. Por tanto, se requiere a la quejosa Rosa Angélica Ochoa Partida, a los peritos Juan Carlos Martínez Gómez y Luz Bertha Álvarez Gómez, a efecto de que ocurran al local de éste juzgado en la fecha señalada en el párrafo que antecede, para que la quejosa estampe las muestras necesarias para llevar a cabo la diligencia de que se trata y así se esté en condiciones de que los peritos emitan su dictamen correspondiente. En el entendido de que, la quejosa deberá de presentarse debidamente identificada a efecto de que los diestros tomen las muestras suficientes para la debida integración de la prueba y les sirva de cotejo con las que plasmen en este juzgado de Distrito. Así mismo deberá acudir con tres documentos oficiales originales en los que obre estampada su firma. Se apercibe a la diestro oficial que en caso de no comparecer, se le impondrá multa equivalente a cincuenta días del salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, conforme disciplina los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. En tanto que a la parte quejosa, se le apercibe que de no presentarse el día y hora en cita, o de no acreditar de manera fehaciente su impedimento para comparecer a este juzgado de Distrito, se entenderá que la firma plasmada en el juicio de origen y que es objetada de falsa sí fue realizada de su puño y letra. Por último, se apercibe al diestro Juan Carlos Martínez Gómez, designado por la parte quejosa que de no comparecer el día y hora en cita, se resolverá el incidente planteado por la parte quejosa únicamente con el dictamen rendido por la perito oficial.

  2. Principal

    Ejecutoria de colegiado. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el comunicado y anexos que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual se adjuntó el testimonio de la resolución pronunciada en la queja 256/2019, en la cual se advierte que dicho Tribunal determinó: "PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado por la Secretaria encargada del juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1020/2018." Acúsese el recibo y háganse las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    notifiquese personalmente por este medio de lista se notifica al tercero interesado del p´rpveiodo de diecisiete de diciembre en curso, mediante el cual Vista la constancia que antecede se advierte que los peritos Eduardo Corona López (diestro oficial) y Fernando Valdéz Sánchez (profesionista de la parte tercera interesada Álvaro Claudio Rivera González y Claudio Rivera Murguía); no comparecieron a la audiencia señalada para el día de hoy, no obstante que fueron debida, legal y oportunamente notificados. En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impone a cada diestro una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a la presente data. A fin de hacerle efectiva las multas impuestas, gírese oficio al Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Jalisco "1". Por otra parte, se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado, notificar el presente proveído, a las partes quejosa, terceros interesados, diestros Eduardo Corona López (oficial); José Refugio Oliden Tornero (quejosa), Fernando Valdez Sánchez (tercero interesado), así como a las totalidad de las autoridades responsables, a efecto de que acudan a este juzgado de Distrito el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional en la que se les realizará las repreguntas correspondientes por motivo de la rendición de sus dictámenes periciales en materia topográfica recibidos en autos. II. Apercibimiento peritos. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, de la Ley de amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al desobediente una multa, equivalente al valor correspondiente a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción. Lo anterior, debido a que con la inasistencia, o bien, la manifestación y comprobación del impedimento que pudieran tener para no acudir a la junta de profesionistas, están retrasando la integración de este asunto, lo que implica desacato al 17 de la Carta Magna, en el sentido de que la justicia deberá ser pronta. Asimismo, se le apercibe al diestro oficial que en caso de incumplimiento con lo anterior, además se dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, por la conducta, en razón, de que es obligación del suscrito que los asuntos del índice de este juzgado de Distrito se integren debidamente y de forma pronta. En ese contexto, se requiere a la parte tercera interesada Álvaro Claudio Rivera González y Claudio Rivera Murguía, para que presenten a su diestro Fernando Valdez Sánchez, el día y hora que se señalará en líneas siguientes, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por contestado en modo afirmativo las preguntas o repreguntas que le formulen las partes contrarias. Presentación de los testigos. Luego, tal como lo manifestó el autorizado en amplios términos de la parte impetrante de amparo, en su escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficia de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, queda a su más estricta responsabilidad y cargo la presentación de los referidos atestes, los cuales deberá presentar el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional; quienes deberán presentarse con una identificación oficial original, vigente y que contenga fotografía. Apercibimiento. Se le apercibe a la parte oferente de la prueba testimonial, que en caso de no presentar a los referidos atestes en el momento procesal a que se hizo referencia, se tendrá al promovente desinteresado en el desahogo de dicha probanza. Se cita como soporte a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, de epígrafe y texto siguientes: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESERCIÓN, POR INASISTENCIA DE LOS TESTIGOS, ÚNICAMENTE DEBE DECLARARSE DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBAS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, así como del numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se advierte que la prueba testimonial se anunciará cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, siendo obligación del oferente, de no manifestar imposibilidad alguna, presentar a los testigos en el día y hora fijados para su celebración, so pena de que se declare desierta. En ese sentido, se concluye que la deserción de la prueba testimonial en el juicio de amparo, por inasistencia de los testigos, únicamente debe declararse dentro de la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, en tanto que dicha declaratoria requiere, en primer término, que aquélla se lleve a cabo y, en segundo, que no se presenten los testigos anunciados; de ahí que si no se celebra el día y hora señalados para ello, el órgano de amparo no debe declarar desierta la prueba por inasistencia de los testigos, ya que el momento procesal oportuno para su desahogo es la etapa de pruebas, la cual se desarrolla precisamente en la audiencia de garantías; de manera que si ésta no se celebra, carece de sentido exigir la presencia de los testigos." De igual manera, sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia que dice: "PRUEBAS. EL OFERENTE ESTA OBLIGADO A VELAR POR SU CORRECTO DESAHOGO. La parte que ofrece pruebas en un procedimiento judicial, tiene la obligación de velar por su correcta recepción, cuidando que se desahoguen íntegramente, so pena de estar al resultado de cualquier deficiencia." Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. No ha lugar. Finalmente, téngase por recibido el ocurso de León Escamilla López, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerle como admitida la documental que refiere, en razón de que en la integración de este expediente, dicha parte ofertó la prueba pericial en topografía, en la que participaron tres diestros, entre ellos uno nombrado por la parte que representa; peritos que al momento de emitir su dictamen correspondiente, no hicieron mención de que sea necesario el censo ni mapa líneas número 2H202 que refiere. Asimismo, no ha lugar a tener como prueba superviniente dichos medios de convicción, en razón de que fueron ofrecidos de manera extemporánea de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, por ello, deberá hacérsele saber los siguientes razonamientos. Así es, en principio, es menester dejar en claro lo previsto por los artículos 119, párrafo primer, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo vigente y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia." "Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. [.]" De la interpretación gramatical de los artículos transcritos, se advierte que en el juicio de amparo indirecto es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. Asimismo, que cualquier medio de convicción que amerite su desahogo posterior, deberá ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Sin que dicho plazo pueda ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, ya sea por causas no imputables. A su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Por lo que en caso de que así suceda, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como punto de partida la nueva data señalada para su celebración. También se desprende, entre otras disposiciones, que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Respecto a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 79/2018, que la facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos que contemple la ley de la materia, entre estos, los relativos a los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento constitucional. Por lo que era un requisito esencial que hayan sido anunciadas las documentales que en este momento ofrece la quejosa dentro del plazo de cinco días hábiles antes del primer señalamiento para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el fijado para su desahogo. Situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió, ya que en el auto de diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 70 a 76), se señaló para el desahogo de la audiencia constitucional las nueve horas con siete minutos del catorce de febrero de dos mil diecinueve, por tanto, se destaca que no medio el plazo señalado en el multicitado artículo, por tanto su ofrecimiento, por ende, es en exceso extemporáneo. En esas condiciones, es claro que a la fecha en que presentó el escrito por el que se provee los medios de convicción que ofrece, esto es, el día de hoy, ya había precluido el lapso con el que contaba para su ofrecimiento, toda vez que como se advierte del oficio que allego número DC/2406/2019, signado por el director de Catastro Municipal de Tonalá, Jalisco, la citada autoridad le dio contestación a su petición el dos de diciembre del presente año. Tiene sustento lo anterior, en el siguiente criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia" Asimismo, aplicado por analogía la siguiente tesis: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el principio de interpretación más favorable a la persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque éste conlleva que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, pero no implica que al ejercer la función jurisdiccional dejen de observarse las reglas y los plazos procesales aplicables, ya que ello equivaldría a contravenir los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, lo que redundaría en perjuicio de las demás partes en el juicio de amparo" Ha menester señalar que en escrito de cinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 168), la parte quejosa por conducto de su autorizado en amplios términos ofertó diversas probanzas, entre ellas la pericial en topografía, la cual se desahogó en los términos que fue ofrecida, y respecto a la cual existen tres dictámenes en donde los especialistas emitieron su opinión respecto, toralmente a la afectación del fundo que refiere por virtud de las resoluciones que reprocha en esta sede de control constitucional. Entonces, es al menos, desde el momento de que se recibieron los dictámenes periciales cuando la parte quejosa tenía conocimiento de la existencia de las documentales que ahora pretende allegar. Además, en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, la parte quejosa insistió en ofertar una documental consistente en un plano que los diestros ya habían presentado con sus dictámenes, por ende, no puede considerar que dicha documental sea solicitada por este juzgado, sin que se retrase el procedimiento de manera innecesaria al estar desahogada la prueba pericial en topografía en los términos en los que la ofertó, aún más, se itera, deviene indudablemente extemporáneo su ofrecimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y peritos.

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