Francisco Martínez Rodríguez
Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Martínez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Devolución de constancias. Por último, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, las constancias que se exhibieron en este asunto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí; mediante el cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio constitucional; en tal virtud, resérvese acordar lo que en derecho proceda, hasta en tanto la diversa autoridad responsable Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, informe lo conducente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio 251/2023 signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual remite el escrito original con certificación de la demanda de amparo que suscribe Francisco Martínez Rodríguez, por propio derecho; el oficio 418/JLCA/AMPAROS relativo al informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; la constancia de emplazamiento del tercero interesado HARMUT LUKAS, por sí y como responsable de la fuente de trabajo ubicada en antiguo Camino a Santa María, número 750, El Mesón, Villa de Pozos, San Luis Potosí; así como el expediente 19029/2019/4, de la estadística de la autoridad señalada como responsable. Por tanto, acúsese el recibo de estilo. En atención al volumen del anexo que remitió la Junta responsable como justificación a su informe de ley y que se acompañó al oficio de mérito, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el mismo, dejándolo a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, tomando en consideración que el citado Tribunal Colegiado, determinó, mediante auto de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, carecer de competencia legal para conocer del referido juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado no es una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio ni lo da por concluido; ordenando además la remisión de la demanda de amparo de que se trata, al Juez de Distrito en el Estado en turno, a fin de que se avocara al conocimiento del aludido juicio de control constitucional; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 107, 108, 117 y relativos de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del mismo. En ese sentido, vista la demanda promovida por Francisco Martínez Rodríguez, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 111/2023-II. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito, aclare su demanda y cumpla con lo siguiente: PRIMERO: Manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica y ordenada todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyan los antecedentes de los actos que señala como reclamados; esto, porque de la lectura de su escrito de demanda, se observa que carece de este capítulo. Sirve de sustento a lo antepuesto, la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.". SEGUNDO: Manifieste bajo la misma protesta, si en contra de actuaciones del juicio de origen se encuentra promovido diverso juicio de amparo y, en su caso, informe el estado en que actualmente se encuentre el mismo, así como el órgano jurisdiccional que conozca de dicho contradictorio constitucional. Apercíbase al citado promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el término que se le concede, con fundamento en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena e dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente al promovente.
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