Francisco Martínez Quintero
Expediente 2379/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2379/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Martínez Quintero
- Sala del Segundo Circuito Judicial del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Amparos de la Sala del Segundo Circuito Judicial en el Estado, por medio del cual acusa recibo de los anexos relativos al toca penal 51/2014-18 y causa penal 09/2014-3; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de ocho de abril de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, agréguense los cuadernos incidentales, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, toda vez que la Segunda Sala del Segundo Circuito Judicial de Estado de Morelos, remitió copia certificada de las constancias que emanan del toca penal 51/2014-18 y la causa penal 09/2013-18; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsables las copias certificada de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la licenciada Blanca Fuentes Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el auto de ocho de abril de dos mil quince, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte el acuerdo de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar; que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de seis de marzo de dos mil quince, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Segundo Circuito Judicial de Tribunal Superior de Justicia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil quince, se concedió a FRANCISCO MARTÍNEZ QUINTERO, el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos que reclamó de la Segunda Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, para los siguientes efectos: ".Por lo que al no hacerlo así el actuar de la responsable trasgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, prevista en los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, y que conduce a conceder la protección constitucional, para que la Sala responsable, deje insubsistente la resolución de once de junio de dos mil catorce, que se reclama, y en uso de sus facultades legales, proceda a dictar otra en la que atienda en su integridad a los elementos de prueba aportados, específicamente respecto de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 80/09, y con plenitud de jurisdicción determine de manera fundada y motivada, aún en el caso de que procede suplir la queja deficiente en favor de la indiciada, si en la especie procede revocar el auto de formal prisión recurrido, para lo cual deberá expresar las razones lógico jurídicas que le sirvan de sustento y conforme a las consideración antes expuestas; es decir, es preciso que el acto se sustituya por otro, sin la deficiencias formales observadas, que determinaron el otorgamiento de la protección constitucional; en el entendido que el acto que se emita en cumplimiento a esta resolución podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, habida cuenta que la presente resolución no contiene lineamiento de fondo alguno, es decir, no se restringe la plenitud de jurisdicción del ejercicio de la función de la responsable por lo que el sentido de la nueva resolución que emita será de su absoluta responsabilidad." El veinticinco de febrero de dos mil quince causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la Sala responsable para que cumpliera la ejecutoria de amparo. A petición de la autoridad responsable, por auto de cinco de marzo del año en curso se le concedió un término de cinco días para que acreditara el cumplimiento a la ejecutoria; mediante oficio recibido en la misma fecha, el magistrado presidente de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de la propia fecha dictada en los autos del toca penal 51/2014-18, del que se advierte que el citado cuerpo colegiado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo por una parte dejó insubsistente la resolución reclamada de once de junio de dos mil catorce, y enseguida sostuvo en lo medular lo siguiente: Determinó revocar el auto de formal prisión de siete de abril de dos mil catorce, al considerar que no se acreditó el cuerpo del delito de abuso de confianza equiparado, previsto y sancionado en los ordinales 187 en relación con el 186 fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, ilícito respecto del cual por una parte precisó sus elementos constitutivos y en seguida, una vez que realizó el análisis de las constancias que integran el sumario de origen, y que señaló los elementos que integran el cuerpo del delito, estimó que son fundados los motivos de agravios expresados por la apelante Ceferina Barrera Arroyo, en suplencia de la deficiencia, al considerar que no se acreditó que los bienes materia de embargo realizado dentro del juicio ejecutivo mercantil 80/2009, promovido en su contra por Francisco Martínez Quintero, fueran propiedad de la indiciada en mención; por tanto que los requerimientos de entrega de los bienes embargados en la diligencia de treinta de abril de dos mil diez, realizados el cuatro de abril, diez de junio, y veintitrés de septiembre de dos mil once, carecen de trascendencia para los efectos de justificar el cuerpo del delito de abuso de confianza equiparado, ya que en la diligencia de requerimiento de pago de treinta de abril de dos mil diez, que se menciona, la indiciada, manifestó al diligenciario, que no tenía dinero ni bienes para pagar la deuda, y que en uso de la palabra el actor, bajo su más estricta responsabilidad, procedió a señalar bienes para embargo, y designó como depositario de éstos a Martín Sánchez Estrada, quien en ese acto aceptó y protestó el cargo, habiendo señalado domicilio para el depósito judicial de los bienes descritos en la diligencia correspondiente. De ahí que la Sala responsable precisó de manera puntual las razones por las que en su opinión y no obstante las constancias que del juicio ejecutivo mercantil advirtió, sostuvo que no se acredita la copropiedad del antijurídico, y al respecto señaló que ello no obstante que el juez menor Mixto que conoció del juicio ejecutivo mercantil hubiera señalado el cumplimiento de la sentencia condenatoria relativa al pago de capital e interese sin hacer reserva alguna sobre el pago de costas; como también dijo, resulta intrascendente el contenido de la diversa resolución de veinticuatro de abril de dos mil trece, en la que el juez de cuantía menor precisó que procede el levantamiento del embargo llevado a cabo en diligencia de treinta de abril de dos mil diez, y tuvo por cumplida la sentencia definitiva emitida en el procedimiento mercantil y que hubiera ordenado la cancelación y levantamiento del embargo realizado; que por determinaciones de cinco de julio y trece de noviembre de dos mil trece, haya reiterado el juez menor la cancelación del embargo decretado sobre bienes a que se refiere la querella del pasivo del delito y haya ordenado la citada autoridad la devolución y entrega a la demandada de la unidad automotriz embargada, lo que dice la Sala responsable no modifica el hecho de que en el sumario no se demostró la propiedad de ésos bienes en favor de la incriminada, ni que ésta hubiera sido designada depositaria de dichos bienes; como tampoco lo es que el juez menor haya negado en proveído de doce de julio de dos mil trece, la petición del actor en el juicio mercantil de requerir a la demandada la entrega de los bienes ahí embargados. Como también, dijo la responsables, resulta intrascendente que en proveído de quince de enero de dos mil catorce, el juez menor civil haya negado la aplicación de las medidas de apremio que solicitó la imputada para obtener en su favor la entrega de la unidad automotriz embargada dentro del procedimiento mercantil; y que en mediante resoluciones de veinte de octubre de dos mil diez y diecisiete de octubre de dos mil once, el juez Menor Mixto que conoció del juicio ejecutivo mercantil negara la procedencia del levantamiento del embargo trabado sobre los bienes ahí relacionados por estimar que la imputada no había garantizado el pago de costas; que respecto del dictamen en materia de valuación de objetos suscrito por el perito Félix Josué Román Linares y Alfredo P. Cuellar Mata, constituyen opiniones técnicas; y que en relación a la denuncia de Francisco Martínez Quintero contra Ceferina Barrera Arroyo, en el sentido de que ésta incurrió en el ilícito que le atribuye, al disponer y retener indebidamente los bienes que le fueron embargados en diligencia de treinta de abril de dos mil diez, en que fue requerida de pago por el actuario del juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 80/2009, promovido en su contra por el denunciante; respecto de lo cual concluyó la Sala responsable, que lo cierto es que en el sumario no se justificó la propiedad de los bienes embargados en favor de la indiciada, ni que ésta hubiera sido designada depositaria de los mismos, lo que llevó a la citada autoridad a sostener que constituye impedimento para tener por acreditada la materialidad del antijurídico, y revocó el auto de bien preso apelado, al estimar que no se acreditó el cuerpo del delito de abuso de confianza equiparado y con ello decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de Ceferina Barrera Arroyo. Todo lo cual pone de manifiesto que la responsable dictó una nueva resolución en la que observó los aspectos que constituyeron el núcleo de la sentencia concesoria. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por lo que se estima que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito por licencia de carácter oficial del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el siete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de seis de marzo de dos mil quince, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Segundo Circuito Judicial de Tribunal Superior de Justicia, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil quince, se concedió a FRANCISCO MARTÍNEZ QUINTERO, el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos que reclamó de la Segunda Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, para los siguientes efectos: ".Por lo que al no hacerlo así el actuar de la responsable trasgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, prevista en los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, y que conduce a conceder la protección constitucional, para que la Sala responsable, deje insubsistente la resolución de once de junio de dos mil catorce, que se reclama, y en uso de sus facultades legales, proceda a dictar otra en la que atienda en su integridad a los elementos de prueba aportados, específicamente respecto de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 80/09, y con plenitud de jurisdicción determine de manera fundada y motivada, aún en el caso de que procede suplir la queja deficiente en favor de la indiciada, si en la especie procede revocar el auto de formal prisión recurrido, para lo cual deberá expresar las razones lógico jurídicas que le sirvan de sustento y conforme a las consideración antes expuestas; es decir, es preciso que el acto se sustituya por otro, sin la deficiencias formales observadas, que determinaron el otorgamiento de la protección constitucional; en el entendido que el acto que se emita en cumplimiento a esta resolución podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, habida cuenta que la presente resolución no contiene lineamiento de fondo alguno, es decir, no se restringe la plenitud de jurisdicción del ejercicio de la función de la responsable por lo que el sentido de la nueva resolución que emita será de su absoluta responsabilidad." El veinticinco de febrero de dos mil quince causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la Sala responsable para que cumpliera la ejecutoria de amparo. A petición de la autoridad responsable, por auto de cinco de marzo del año en curso se le concedió un término de cinco días para que acreditara el cumplimiento a la ejecutoria; mediante oficio recibido en la misma fecha, el magistrado presidente de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de la propia fecha dictada en los autos del toca penal 51/2014-18, del que se advierte que el citado cuerpo colegiado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo por una parte dejó insubsistente la resolución reclamada de once de junio de dos mil catorce, y enseguida sostuvo en lo medular lo siguiente: Determinó revocar el auto de formal prisión de siete de abril de dos mil catorce, al considerar que no se acreditó el cuerpo del delito de abuso de confianza equiparado, previsto y sancionado en los ordinales 187 en relación con el 186 fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, ilícito respecto del cual por una parte precisó sus elementos constitutivos y en seguida, una vez que realizó el análisis de las constancias que integran el sumario de origen, y que señaló los elementos que integran el cuerpo del delito, estimó que son fundados los motivos de agravios expresados por la apelante Ceferina Barrera Arroyo, en suplencia de la deficiencia, al considerar que no se acreditó que los bienes materia de embargo realizado dentro del juicio ejecutivo mercantil 80/2009, promovido en su contra por Francisco Martínez Quintero, fueran propiedad de la indiciada en mención; por tanto que los requerimientos de entrega de los bienes embargados en la diligencia de treinta de abril de dos mil diez, realizados el cuatro de abril, diez de junio, y veintitrés de septiembre de dos mil once, carecen de trascendencia para los efectos de justificar el cuerpo del delito de abuso de confianza equiparado, ya que en la diligencia de requerimiento de pago de treinta de abril de dos mil diez, que se menciona, la indiciada, manifestó al diligenciario, que no tenía dinero ni bienes para pagar la deuda, y que en uso de la palabra el actor, bajo su más estricta responsabilidad, procedió a señalar bienes para embargo, y designó como depositario de éstos a Martín Sánchez Estrada, quien en ese acto aceptó y protestó el cargo, habiendo señalado domicilio para el depósito judicial de los bienes descritos en la diligencia correspondiente. De ahí que la Sala responsable precisó de manera puntual las razones por las que en su opinión y no obstante las constancias que del juicio ejecutivo mercantil advirtió, sostuvo que no se acredita la copropiedad del antijurídico, y al respecto señaló que ello no obstante que el juez menor Mixto que conoció del juicio ejecutivo mercantil hubiera señalado el cumplimiento de la sentencia condenatoria relativa al pago de capital e interese sin hacer reserva alguna sobre el pago de costas; como también dijo, resulta intrascendente el contenido de la diversa resolución de veinticuatro de abril de dos mil trece, en la que el juez de cuantía menor precisó que procede el levantamiento del embargo llevado a cabo en diligencia de treinta de abril de dos mil diez, y tuvo por cumplida la sentencia definitiva emitida en el procedimiento mercantil y que hubiera ordenado la cancelación y levantamiento del embargo realizado; que por determinaciones de cinco de julio y trece de noviembre de dos mil trece, haya reiterado el juez menor la cancelación del embargo decretado sobre bienes a que se refiere la querella del pasivo del delito y haya ordenado la citada autoridad la devolución y entrega a la demandada de la unidad automotriz embargada, lo que dice la Sala responsable no modifica el hecho de que en el sumario no se demostró la propiedad de ésos bienes en favor de la incriminada, ni que ésta hubiera sido designada depositaria de dichos bienes; como tampoco lo es que el juez menor haya negado en proveído de doce de julio de dos mil trece, la petición del actor en el juicio mercantil de requerir a la demandada la entrega de los bienes ahí embargados. Como también, dijo la responsables, resulta intrascendente que en proveído de quince de enero de dos mil catorce, el juez menor civil haya negado la aplicación de las medidas de apremio que solicitó la imputada para obtener en su favor la entrega de la unidad automotriz embargada dentro del procedimiento mercantil; y que en mediante resoluciones de veinte de octubre de dos mil diez y diecisiete de octubre de dos mil once, el juez Menor Mixto que conoció del juicio ejecutivo mercantil negara la procedencia del levantamiento del embargo trabado sobre los bienes ahí relacionados por estimar que la imputada no había garantizado el pago de costas; que respecto del dictamen en materia de valuación de objetos suscrito por el perito Félix Josué Román Linares y Alfredo P. Cuellar Mata, constituyen opiniones técnicas; y que en relación a la denuncia de Francisco Martínez Quintero contra Ceferina Barrera Arroyo, en el sentido de que ésta incurrió en el ilícito que le atribuye, al disponer y retener indebidamente los bienes que le fueron embargados en diligencia de treinta de abril de dos mil diez, en que fue requerida de pago por el actuario del juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado, en el juicio ejecutivo mercantil 80/2009, promovido en su contra por el denunciante; respecto de lo cual concluyó la Sala responsable, que lo cierto es que en el sumario no se justificó la propiedad de los bienes embargados en favor de la indiciada, ni que ésta hubiera sido designada depositaria de los mismos, lo que llevó a la citada autoridad a sostener que constituye impedimento para tener por acreditada la materialidad del antijurídico, y revocó el auto de bien preso apelado, al estimar que no se acreditó el cuerpo del delito de abuso de confianza equiparado y con ello decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de Ceferina Barrera Arroyo. Todo lo cual pone de manifiesto que la responsable dictó una nueva resolución en la que observó los aspectos que constituyeron el núcleo de la sentencia concesoria. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por lo que se estima que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito por licencia de carácter oficial del Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el siete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe
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