Francisco Martínez Ibarra
Expediente 123/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Martínez Ibarra
Actuaciones
- Principal
Certificación. En veintitrés de marzo dos mil veintitrés, el licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, certifica: que se recibió el oficio de cuenta, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar; asimismo que en cumplimiento a lo ordenado en autos (fojas 36 a 43), que la presente promoción con número de registro 4088, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Doy fe.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de quince de febrero del año en curso (fojas 36 a 43), mediante el cual se desechó la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. Se hace efectivo apercibimiento. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se aprecia que se requirió al solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del proveído de quince de febrero del año en curso (fojas 36 a 43), señalara domicilio en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se le harían por medio de lista, sin que a la fecha lo haya hecho, en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se ordena realizarle las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Tomando en consideración que es innecesario permanecer con las documentales que allegó la autoridad responsable Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato Capital, las cuales obra en tomos I, II y III de pruebas (foja 36), devuélvase a su lugar de origen; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se recibe exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, a través del cual devuelve, debidamente diligenciado el exhorto 29/2023-III, número de orden 47/2023, mediante el cual se encomendó notificar al quejoso el proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés (foja 36 a 43). Dese de baja y háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo. Sin que obste, el hecho de que el oficio de cuenta, se encuentre dirigido al expediente 123/2020-III, toda vez que de su contenido y anexos se advierte que fue emitido en atención a la comunicación oficial encomendada en autos, de ahí que, se estima como un error intrascendente. Finalmente, una vez que transcurra el término legal para recurrir el auto de referencia, se acordará lo que jurídicamente sea procedente.
- Principal
Se reciben constancias y se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el Tribunal de su adscripción, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por estimar que el acto reclamado consistente en: La resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del Estado, en el toca de apelación ********************, a través de la cual dejó sin efectos la sentencia pronunciada por la jueza Única Civil de Partido de San Felipe, Guanajuato, en el expediente ********************, y ordenó la reposición del procedimiento para el único efecto de llamar a juicio a la litisconsorte (******************** del demandado). No se trata de una sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin al juicio de origen, por lo que no queda comprendido en la hipótesis prevista por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que no opera el supuesto de competencia de los tribunales colegiado. En consecuencia, remitió copia del oficio ********************, y originales de los comunicados ******************** y ******************** (este últimos son los informes justificados rendidos por las autoridades laborales responsables); original de la demanda de amparo, cuatro copias de la misma, constancias de emplazamientos, escrito a nombre de ******************** y/o ********************, toca ********************(en un legajo), expediente ******************** (en un legajo) y un sobre con documentos color amarillo. Acúsese recibo. Con las constancias anteriormente señaladas, fórmense tres tomos de pruebas, identificados con los números I, II y III, agregándoseles las carátulas correspondientes para su debida identificación respetando sus folios y sellos. Atento al contenido del oficio relacionado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo PRIMERO, relativo al Décimo Sexto Circuito, y CUARTO, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este órgano de control constitucional, acepta la competencia declinada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por la superioridad. Se desecha demanda de amparo. El juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Se justifica esta determinación en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda en forma clara y puntual, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de nuestra ley de amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) En el caso particular, se considera que la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del Estado, en el toca de apelación ********************, a través de la cual dejó sin efectos la sentencia pronunciada por la jueza Única Civil de Partido de San Felipe, Guanajuato, en el expediente ********************, y ordenó la reposición del procedimiento para el único efecto de llamar a juicio a la litisconsorte (******************** del demandado); no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses. Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." En este criterio, medularmente se sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las violaciones procesales relevantes, que son aquellas que afectan a las partes en grado predominante o superior, procediendo en su contra el juicio de amparo indirecto, bajo una interpretación amplia y más benéfica para los gobernados. En este otro criterio, sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En consecuencia, el acto que reclama ante esta instancia constitucional el quejoso, de la Sala responsable, en la cual dejó sin efectos la sentencia pronunciada por la jueza Única Civil de Partido de San Felipe, Guanajuato, en el expediente ********************, y ordenó la reposición del procedimiento para el único efecto de llamar a juicio a la litisconsorte (******************** del demandado); de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, ya que no es una determinación que traiga aparejada en sí un daño en contra de su persona o en su patrimonio dado que para ser calificado como acto irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos y sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En la especie la infracción que produce el acto reclamado únicamente tiene efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados y/o enmendados si la quejosa obtiene resolución favorable. Se afirma lo anterior, pues el hecho de que en la resolución reclamada se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de llamar a juicio a la ******************** del demandado, en mérito de la existencia de litisconsorcio pasivo necesario; no implica necesariamente que la resolución que se llegue a dictar en ese procedimiento vaya a ser desfavorable a los intereses del disconforme, cuyas consecuencias sólo tienen que ver con la afectación a derechos adjetivos o procesales. De suerte que, los efectos de tal reposición sólo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio, con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Bajo tal contexto, queda claro que las consecuencias del acto que se reclama no causan una afectación de manera directa, inmediata y actual a alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, y menos aún la causan en relación con la aquí quejosa; de manera que el amparo promovido en su contra resulta improcedente. Sin embargo, se considera que la misma no resulta aplicable al caso que nos ocupa, dado que de la lectura de su contenido, se desprende que se refiere al supuesto en el que la demanda se tramita desde un inicio como amparo indirecto, donde solamente se cuenta con las manifestaciones de la parte quejosa sobre la naturaleza del acto reclamado, sin contar con mayores elementos que ayuden a determinar si se está en presencia de una violación procesal, o una de mayor afectación que trascienda a los derechos sustantivos del impetrante. Lo que en el caso no se verifica, pues la demanda de amparo en estudio, fue remitida vía incompetencia por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, al haber sido tramitada originalmente como amparo directo, por lo que se cuenta con las constancias correspondientes a los autos de donde emana el acto reclamado y, por ende, con elementos suficientes que evidencian la decisión que aquí se emite, en el sentido de que se está frente a una violación procesal, respecto de la cual no procede e amparo indirecto. En efecto, a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, para considerar que los actos reclamados son de imposible reparación, ya no es suficiente con que afecten derechos adjetivos en un grado predominante o superior, sino que, tal afectación necesariamente debe recaer sobre derechos sustantivos, pero además, debe verificarse de manera material, al grado que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Es así, pues como ya se expuso con antelación, conforme a la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, donde sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, aun cuando esta pudiera repercutir en un grado predominante o superior. Por lo anterior, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se gira exhorto. Ahora bien, tomando en consideración que la parte accionante del amparo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del tribunal de circuito; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, por única ocasión, notifíquese el presente auto en el domicilio que señaló en el escrito de demanda en el apartado de denominado "I.- Nombre y domicilio del quejoso.", el cual se ubica en calle ********************, número ********************, colonia ********************, de la ciudad de Guanajuato, capital. En virtud de dicho domicilio se localiza fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 298, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al juez de Distrito en turno, con sede en la Guanajuato, capital, a efecto de que gire las instrucciones a quien corresponda, para que se constituya en el citado domicilio y notifique a ********************, el presente proveído, entregándole copia autorizada del mismo, que se adjunte para tal efecto. Asimismo, requiera al demandante de la queja constitucional para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término legal de tres días señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, sin ulterior acuerdo, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Autorizados. Como lo solicita se tienen como autorizado en términos amplios de la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, en razón de que sí cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de la parte final del último párrafo del citado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que menciona por no contar con dicho registro. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
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