Francisco Martínez Hernández
Expediente 1939/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1939/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Martínez Hernández
- Comisario de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil
Actuaciones
- Principal
MESA 3 B PRAL. 965/1999-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de enero de dos mil dieciséis. I. Agréguese el escrito de Donato Eleazar López Vásquez, Leonila López García y Eloy López López, presidente, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales del poblado tercero interesado Santiago Nuyoo, Tlaxiaco, Oaxaca; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídasele copia certificada de la documental que refieren, teniéndose como autorizados para recibirla a las personas que mencionan, previa razón que de su entrega y copia de su identificación se deje en autos. II. Por otra parte, se les tiene autorizando con las facultades amplias que confiere el numeral 12 de la ley de la materia, a Gerardo Martínez Ortega. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION A LA QUEJOSA.- Número de expediente: 1939/2015 Acuerdo: MESA 4 A PRAL. 1939/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que con fecha cinco del actual (fojas 18 y 19), se ordenó el archivo de este expediente; sin embargo, de las constancias se advierte que obra el original del acta de infraccion con número de folio 150928 (foja 4). En consecuencia, se deja a disposición de la parte quejosa, el referido documento que anexó a su demanda de amparo, por el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, será destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
mesa 4 a pral. 1939/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de enero de dos mil dieciséis Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso FRANCISCO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, interpusiera recurso de queja contra el acuerdo dictado el quince de diciembre de dos mil quince (fojas 10 a 15), en el que se desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo origen de este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto 2 en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial; por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública del auto ejecutoriado, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de la parte quejosa, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos 3 previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE
- Principal
NOTIFICAION A LA QUEJOSA.- Número de expediente: 1939/2015 Acuerdo: PRAL. 1929/2015 MESA AMP. 4-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil quince. Con la demanda de amparo y anexos, presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnada el catorce del mes actual a este órgano jurisdiccional, promovida por: promovida por FRANCISCO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, contra actos del comisionado de Seguridad Pública, Vialidad, Transporte y Protección Civil en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1939/2015. De la demanda de amparo y de las constancias anexas, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en (fojas 3): ". ." Antes de proveer sobre la admisión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si, en el caso, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" En el artículo transcrito se consagra el principio de definitividad del juicio de amparo, conforme al cual este medio constitucional extraordinario de defensa sólo será procedente cuando previamente a su promoción se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, la parte quejosa no acreditó haber agotado el recurso previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 265 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y 153 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, como se establece en el acta de infracción reclamada, folio 105928, en los términos siguientes (foja 9): "El infractor tiene 8 días hábiles para interponer inconformidad o recurso de revocación en contra de la presente, en términos del artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 265 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y 153 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez en vigor ." Los artículos antes referidos a la letra dicen: Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca "150.- Los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, conforme a las siguientes disposiciones: I.- Se interpondrá dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación, ante la propia autoridad municipal, que haya emitido el acto, acuerdo o resolución que se impugne. II.- El escrito de interposición contendrá: a) Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueva en su nombre; b) El acto, acuerdo o resolución que se impugne; c) Los hechos que dan lugar a la petición: d) Los agravios que se consideren cometidos en su perjuicio; y e) Las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales que obren en su poder. III.- Se admitirán toda clase de pruebas emitidas por la ley, con excepción de la confesional de las autoridades; en caso de ofrecerse prueba testimonial o pericial, se acompañará el interrogatorio para los testigos y el cuestionario que deban resolver los peritos. IV.- Una vez interpuesto el recurso, la autoridad lo remitirá al Síndico Municipal para su trámite y resolución. V.- Recibidas las constancias del recurso por el Síndico Municipal, se abrirá un periodo de prueba por diez días hábiles para desahogar las que se hubieren ofrecido oportunamente. VI.- Concluido el término a que se refiere el artículo anterior, desahogadas las pruebas que así lo ameriten, el Síndico Municipal dictará la resolución definitiva debidamente fundada y motivada." Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez "ARTÍCULO 265.- Los actos o resoluciones de carácter no fiscal dictados por las Autoridades Municipales, podrán ser impugnados por los particulares mediante la interposición del recurso de revocación cuando consideren que sus derechos están siendo afectados. El Recurso de Revocación se interpondrá por el interesado dentro de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación o ejecución del acto reclamado, ante la propia Autoridad que lo haya dictado o realizado, quien a su vez remitirá al Síndico Municipal en turno el escrito de interposición del recurso de revocación y anexos que lo acompañen a más tardar al tercer día siguiente de su recepción, adjuntando los autos del expediente original del cual derivó el acto recurrido, para su admisión, tramite y resolución, que para que surta sus efectos legales, deberá ser aprobada por el Honorable Cabildo, sea cual fuere el sentido de la misma." Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez "ARTÍCULO 153.- Contra las sanciones que se impongan por la infracción a las disposiciones de este Reglamento, procede el Recurso Administrativo establecido en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez en vigor." Por su parte, el artículo 270 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, establece: "ARTÍCULO 270.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente y no se siga perjuicio al interés social o se contravenga disposiciones de orden público. Entendiéndose por esto los siguientes supuestos: a). Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; b). Continúe la producción o el comercio de narcóticos; c). Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;cipio de Oaxaca de Juárez d). Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; e). Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas; f). Se Impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; y g). Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. II. Sea procedente el Recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable." En esa tesitura, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa, antes de ejercer la acción constitucional combatiendo el acta de infracción con número de folio 105928 por parte del policía vial con número estadístico 293, acatando el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debió agotar el recurso administrativo -revocación- previsto en los artículos 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y 265 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, como se establece en el acta de infracción reclamada, mediante el cual los actos que impugna de inconstitucionales pueden ser modificados, revocados o nulificados. Apoyan lo anterior, la jurisprudencia y tesis cuyos datos de publicación, rubro y texto, son como sigue: "Época: Novena Época Registro: 181026 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 95/2004 Página: 414 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." "Época: Novena Época Registro: 189268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001 Materia(s): Común Tesis: IX.1o. J/9 Página: 1031 RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL.- El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional. Así también, en términos del artículo 270 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, contra la ejecución del acto impugnado procede la suspensión de la ejecución del acto reclamado, siempre y cuando se satisfagan los requisitos siguientes: "ARTÍCULO 270.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente y no se siga perjuicio al interés social o se contravenga disposiciones de orden público. Entendiéndose por esto los siguientes supuestos: a). Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; b). Continúe la producción o el comercio de narcóticos; c). Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;cipio de Oaxaca de Juárez d). Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; e). Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas; f). Se Impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; y g). Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. II. Sea procedente el Recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable." Sin que dicha disposición fije mayores requisitos que los que exige la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, en sus artículos 128 y 129, que establecen: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Se invoca en apoyo la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de publicación, rubro y texto, son como sigue: "Época: Novena Época Registro: 185065 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Enero de 2003 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 155/2002 Página: 576 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad." (Lo subrayado es de este juzgado). Sin que tampoco se esté en el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, que la resolución reclamada carezca de fundamentación; toda vez que en dicha boleta de infracción se aplicaron preceptos relativos a la imposición de la multa reclamada, por lo que de manera alguna carece de esa fundamentación. Ilustra lo anterior, el siguiente criterio: "Época: Novena Época Registro: 189268 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Julio de 2001 Materia(s): Común Tesis: IX.1o. J/9 Página: 1031 RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL.- El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." De ahí que si, previo a promover el juicio de amparo, no se interpuso el recurso de revocación, con ello se inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por causa notoria e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Francisco Martínez Hernández. Se invoca en apoyo la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 175964 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: VI.3o.C. J/62 Página: 1665 DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA.- La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda de amparo y por autorizados para tal efecto, a las persona que señala, toda vez que no acreditó estén facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ni se encontró registrada su cédula profesional en el sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes a excepción del quejoso que ya se manifestó al respecto, que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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