Francisco Martínez Alpizar, Apoderado de Gabriel Cuautle Abrajan

Expediente 271/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
271/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Martínez Alpizar, Apoderado de Gabriel Cuautle Abrajan
  • Gabriel Cuautle Abrajan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del cinco de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    Devuelve despacho diligenciado. Agréguese el oficio de la Jueza Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 59/2019, con número de orden 80/2019 del índice de este juzgado, por el que se ordenó que en auxilio de este órgano jurisdiccional, emplazara a la parte tercera interesada ***; lo anterior para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes; acúsese de recibo. Asimismo, dése de baja el despacho de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Efectivo apercibimiento. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la parte tercera interesada ***, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido a la parte tercera interesada en comento para que señalara domicilio en esta ciudad o en la zona conurbada para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que se le notifique por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun aquellas que sean de carácter personal. Notifíquese.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

     Informe justificado. Agréguense a los autos los oficios y anexo de la Presidenta de Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado.  Pruebas. Asimismo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexó la Presidenta de la Junta a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, así como del proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictados en el juicio laboral 286/2018 de su índice, la cual será relacionada en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo.  Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Como antes se apuntó, la parte quejosa reclamó de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, la omisión de dictar el acuerdo relativo a la objeción de la personalidad de la parte demandada en el juicio laboral 286/2018 de su índice, reservado en audiencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso; en consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia señalada, conviene precisar los antecedentes destacados que se desprenden de las pruebas que remitió la Junta responsable, relativas al juicio laboral 286/2018 de su índice, y que son los siguientes: a. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 286/2018 del índice de la Junta responsable, en la cual, una vez abierta la audiencia, ***, apoderado de la parte actora objetó la personalidad de los apoderados de la parte demandada denominada ***, sociedad anónima de capital variable, a lo cual la autoridad laboral reservó la resolución respectiva a la objeción de la personalidad de los apoderados de la parte demandada. b. El seis de febrero del presente año, ***, apoderado de la parte actora, promovió el presente juicio de amparo en el que reclamó la omisión de dictar el acuerdo relativo a la objeción de la personalidad de la parte demandada en el juicio laboral 286/2018 del índice de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, reservado en audiencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. c. Finalmente, mediante proveído de veintisiete de febrero de la presente anualidad, la junta responsable acordó el desistimiento de ***, apoderado de la parte actora en el juicio laboral 286/2018 del índice de la Junta responsable, respecto de la objeción realizada en la audiencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho y señaló las ocho horas con treinta minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En las anotadas condiciones, se pone de manifiesto que aun cuando en el expediente de origen subsiste la omisión reclamada, lo cierto es que ya no puede surtir efecto alguno en su contra, pues el apoderado de la parte actora -aquí quejoso- se desistió de la objeción de personalidad realizada en audiencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Esto es, en el juicio de origen ***, apoderado de la parte actora objetó la personalidad de los apoderados de la parte demandada denominada ***, sociedad anónima de capital variable, a lo cual la autoridad laboral acordó reservar la resolución respectiva, lo que ya no le causa alguna afectación al quejoso, toda vez que en acuerdo de veintisiete de febrero pasado, el mencionado apoderado se desistió de la objeción anteriormente menciona. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada . En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. No es óbice a lo anterior, que a la fecha no se haya emplazado a la parte tercera interesada ***; sin embargo, al haberse sobreseído en el presente juicio, no se lesionan sus intereses. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1998, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada ***.

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