Francisco Martín García Ortíz

Expediente 1127/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1127/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Francisco Martín García Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    8) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    2) El Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, realiza lo siguiente: 1. Informa el contenido del auto dictado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 976/2021 de su índice. 2. Solicita que de no tener inconveniente, se realice la vinculación electrónica del presente juicio de amparo, a efecto de tenerlo a la vista al momento de resolver. Acuerdo Como lo solicita el homólogo federal, se comisiona a la Oficial Judicial A adscrita a este Juzgado de Distrito a fin de que vincule para su consulta por el órgano jurisdiccional solicitante, el expediente electrónico del juicio de amparo 1997/2019-II de este índice, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Petición. La(s) autoridad(es) responsable(s) Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción: a.- Rinde(n) su(s) informe(s) justificado(s); y, b.- Ofrece(n) prueba(s). Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Trámite y vista. Se tiene(n) por rendido(s) el(los) informe(s) justificado(s). Prueba(s). Se admite(n) la(s) prueba(s) ofrecida(s). Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. *** B.- Tercero(s) interesado(s). No existe. C.- Autoridades responsables: 1.- Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 2.- Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. D.- Acto(s) reclamado(s). 1.- La omisión de dictar y notificar el acuerdo relativo al escrito inicial de demanda, recibido el veintiuno de enero de dos veinte, por la Oficialía de Partes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, relativa al juicio de declaración de beneficiarios respecto del extinto trabajador *** contenido dentro del expediente *** 2.- La omisión de solicitar a la empresa *** como ex patrón del de *** le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante el y en las instituciones oficiales. 3.- La omisión de dictar las medidas previstas en el artículo 503 fracción I de la Ley Federal del Trabajo. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativa. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante 2 escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1.- Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2.- En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Caso concreto. En la especie, la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, acredita que: 1.- En auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, se proveyó lo relativo a la admisión de la demanda promovida por el quejoso *** y se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escucharía a los presuntos beneficiarios del extinto trabajador *** se recibirían pruebas y en su caso se dictara la resolución seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, sin embargo, no fue posible el desahogo de la misma por los diversos motivos expuestos en diversas ocasiones, así como suspensión de plazos y términos con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2, conocido como Covid-19; Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acorde con lo expuesto, resulta conveniente destacar que la calificación sobre la existencia o no de los actos reclamados deriva también de atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al Tribunal de Amparo, existía o no un acto de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. En esa medida, de las constancias se observa que la demanda de amparo fue recibida mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el dos de agosto de dos mil veintiuno. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación permite establecer que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la demanda laboral presentada por la parte quejosa, ya se había dictado y notificado el acuerdo relativo al escrito inicial de demanda; por lo que la omisión de la cual se duele la parte quejosa es inexistente, esto de acuerdo a lo expuesto en párrafos anteriores. De lo anterior se colige que al promoverse la demanda de amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable no existían. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.*** Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento por cesación de efectos. De igual manera, visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con los diversos actos reclamados, consistentes en la omisión de solicitar a la empresa **** como ex patrón del de **** le proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante el y en las instituciones oficiales; y la omisión de dictar las medidas previstas en el artículo 503 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. 1.- En auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, se proveyó lo relativo a la admisión de la demanda promovida por el quejoso *** y se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escucharía a los presuntos beneficiarios del extinto trabajador *** 2.- Posteriormente, en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto trabajador *** se recibirían pruebas y en su caso se dictara la resolución seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; asimismo, se ordenó girar oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al último centro de labores del extinto trabajador, esto es, a la empresa *** a fin de que informen si en sus archivos obra registro de beneficiarios; de igual manera se ordenó la publicación de un edicto en el diario de mayor circulación; se solicitó la comparecencia del promovente, aquí quejoso, a fin de que manifieste bajo protesta de decir verdad si existen o no diversos dependientes económicos y/o beneficiarios a fin de convocarlos al juicio laboral de origen; y finalmente se comisiono al actuario notificar personalmente a las partes el referido acuerdo. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el(los) acto(s) reclamado(s) cesó (aron) en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la(s) autoridad(es) responsable(s) han sido destruidos, en forma total e incondicional, al señalar día y hora a fin de que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escuchará a los presuntos beneficiarios del extinto trabajador*** , se recibirían pruebas y en su caso se dictara la resolución seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; y al haber dictado las medidas necesarias a fin de desahogar la audiencia de mérito, tal y como lo prevé el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo que nos interesa, establece lo siguiente: "Artículo 503.- Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; (.)" Finalmente, no pasa inadvertido que la autoridad responsable no haya remitido la constancia de notificación a las partes del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, ese efecto está satisfecho toda vez que la impetrante de amparo tendrá conocimiento de su contenido con la presente resolución. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    II. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que por una parte se negó y por otra se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva a la parte quejosa. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez transcurrido el termino establecido en el artículo 18 del Acuerdo General de referencia transfiéranse las constancias depuradas del expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,863 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano